Privacidad cuestionada

Desde su lanzamiento, la aplicación de mensajería Telegram se ha posicionado como una opción con mayores garantías de seguridad comparada con otras plataformas del mercado. Sin embargo, en los últimos años ha enfrentado crecientes presiones por su vinculación con actividades delictivas, lo que ha derivado en ajustes a sus políticas de protección de datos.

La empresa rusa ahora enfrenta un nuevo capítulo en su controversia, luego de confirmar que durante el primer trimestre de 2025 proporcionó información de 22,777 usuarios a autoridades gubernamentales, cifra que representa un aumento significativo respecto a los 5,826 registros entregados en el mismo periodo de 2024.

Reporte de transparencia

La empresa mantiene un portal público donde detalla las solicitudes de información que recibe de gobiernos. Para facilitar el acceso a estos datos, ha implementado un asistente automatizado (@Transparency) que permite a cualquier persona consultar los reportes filtrados por país.

El análisis de estos documentos revela que en los primeros tres meses de 2025, se entregaron datos de 1,129 usuarios residentes en España. Esta información incluye registros como direcciones IP y números telefónicos.

Presión internacional

El fundador y director ejecutivo Pavel Durov ha enfrentado en múltiples ocasiones escrutinio internacional, incluyendo su detención en Francia durante el verano anterior por acusaciones de colusión con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y estafas financieras.

“Telegram continúa defendiendo la necesidad de una aplicación de mensajería sin puertas traseras, sin embargo, también es consciente de que debe luchar contra los delincuentes que aprovechan el principio de libertad de la app para realizar actividades ilícitas”

Funcionarios de alto rango asesinados en la capital

El martes ocurrió un hecho violento que ha generado conmoción a nivel nacional: el asesinato de Ximena Guzmán, secretaria personal de Clara Brugada, titular del gobierno capitalino, y José Muñoz, coordinador de asesores. El ataque se registró en la Calzada de Tlalpan, en la colonia Moderna perteneciente a la alcaldía Benito Juárez.

Descartan robo como móvil

Las autoridades han descartado que el crimen haya sido un asalto o un hecho casual, calificándolo como un atentado directo. La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó sus condolencias a las familias y aseguró que el gobierno federal brindará total apoyo en las investigaciones. Por su parte, Clara Brugada suspendió todas sus actividades públicas y afirmó que “no habrá impunidad”.

Operativo y hallazgos preliminares

El doble homicidio generó una movilización de fuerzas de seguridad a nivel local y federal. La Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de la CDMX implementaron un operativo especial para ubicar a los responsables. Tras revisar cámaras de videovigilancia, se confirmó la participación de cuatro individuos: el ejecutor y tres cómplices que ayudaron en la huida. Además, se encontró evidencia de que uno de los criminales vigiló a las víctimas con anticipación, lo que confirma una planificación detallada.

Presunto intento fallido previo

Según información revelada, una semana antes del crimen se habría intentado un primer atentado contra los funcionarios, pero fracasó porque José Muñoz llegó tarde al lugar donde se esperaba su presencia. Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la CDMX, y Bertha Alcalde, fiscal capitalina, destacaron que el ataque requirió recursos humanos y logísticos significativos, aunque por ahora se desconoce el motivo principal. Se analizan todas las posibilidades, incluyendo vínculos con organizaciones criminales, aunque no hay pruebas contundentes.

Repercusiones políticas y sociales

El crimen ha generado indignación en el gobierno local y preocupación en la población, que exige mayor protección para todos los ciudadanos. El senador Enrique Vargas afirmó que este hecho demuestra “el fracaso de un sexenio de abrazos no balazos”, criticando las políticas de seguridad implementadas y los recortes presupuestales al sector.

“Nos leemos la próxima semana”

Interrogantes sin resolver

Una de las principales dudas que persisten es sobre quién dio la orden del ataque y cuál fue el objetivo. La jefa de Gobierno ha insistido en que se llegará hasta las últimas consecuencias y se detendrá a los culpables. La falta de medidas de protección en los funcionarios, como vehículos blindados o escoltas, ha generado inquietud sobre la vulnerabilidad de los servidores públicos y, por extensión, de la población general.

“Si ellos, como funcionarios, sufrieron este crimen, ¿qué puede esperar un ciudadano común y corriente? Me queda claro que cuando alguien te puso el dedo, sólo es cuestión de tiempo.”

La toma de protesta del presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, tendrá una destacada presencia internacional. Un total de 93 delegaciones de todo el mundo asistirán al evento programado para el 24 de mayo a las 11:00 horas, en el Palacio Legislativo del país andino.

Figuras políticas de alto nivel

Entre los asistentes confirmados se encuentran mandatarios y representantes de múltiples naciones. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, y el gobernante de Colombia, Gustavo Petro, ya han confirmado su presencia. También acudirán los vicepresidentes de República Dominicana, Raquel Peña, y de El Salvador, Félix Ulloa.

El evento contará con la presencia de diversos cancilleres extranjeros, entre ellos Celinda Sosa de Bolivia, Mauro Vieira de Brasil, Arnoldo Tinoco de Costa Rica, Nasser Bourita de Marruecos y Javier Martínez-Acha de Panamá.

Delegaciones ministeriales y parlamentarias

La lista de participantes incluye también a altos funcionarios de diferentes carteras gubernamentales. Robert Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos; Huai Jinpeng, ministro de Educación de China; Kisun Bang, encargado de Coordinación de Políticas Gubernamentales de Corea; y Dan Jarvis, ministro de Seguridad del Reino Unido, son algunos de los nombres confirmados.

La representación internacional se completa con parlamentarios y líderes legislativos. Manuel José Ossandón, presidente del Senado de Chile; Francesca Armegol, titular del Congreso de los Diputados de España, y Peter Beyer, diputado alemán, también estarán presentes en la ceremonia.

Presencia global en distintas regiones

La inversión internacional abarca representantes de múltiples continentes. Delegaciones de Japón, Uruguay, Israel, Georgia, Argentina, Francia, Rusia, Sudáfrica, Egipto, la Santa Sede y más de 40 naciones de Europa, Asia, África y América han confirmado su participación.

Iniciativas legislativas urgentes

En otro orden, el mandatario ecuatoriano presentó un proyecto de ley ante la nueva Asamblea Nacional, calificado como urgente en materia económica, con el objetivo de desmantelar las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno declarado a principios de 2024.

El documento fue remitido tras la conformación de la nueva legislatura, presidida por Niels Olsen, ex ministro de Turismo, y con integrantes del partido Acción Democrática Nacional (ADN) liderando la mayoría de las comisiones parlamentarias.

“Recibimos el proyecto de ley para desarticular la economía criminal ligada al conflicto armado interno, enviado por el Ejecutivo con carácter urgente en materia económica”, confirmó Olsen en su cuenta de la red social X.

Objetivos del proyecto legislativo

El Gobierno ecuatoriano explicó que la propuesta contiene medidas financieras, tributarias y de seguridad orientadas a desmantelar las economías criminales, proteger a la población, mantener la estabilidad del sistema económico y financiero del Ecuador, y reactivar la economía en zonas afectadas.

Entre las iniciativas propuestas se encuentra la autorización del uso de la fuerza por parte de las fuerzas gubernamentales, diferenciada de la ley actual sobre el uso progresivo de la fuerza, así como la clasificación de delincuentes como combatientes. También se contempla la posibilidad de que el presidente conceda indultos a agentes de la Policía o Fuerzas Armadas procesados por hechos relacionados con el conflicto.

El texto legal propone además mecanismos de protección para la economía formal, incluyendo estímulos para la formalización empresarial, sostenibilidad fiscal en zonas críticas y recuperación de ingresos tributarios afectados por actividades ilegales.