En el Congreso capitalino se está impulsando una modificación legislativa que permitiría perseguir penalmente los llamados “pinchazos” sin necesidad de presentar una denuncia formal. Esta medida afectaría tanto al sistema de transporte público como a espacios donde se realicen eventos masivos.

Trámite exprés en el Congreso local

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, bajo la dirección del legislador de Morena Alberto Martínez Urincho, ha programado una sesión especial este lunes para analizar y votar esta iniciativa. El objetivo es contar con un dictamen terminado antes del cierre del periodo ordinario de sesiones legislativas, que se encuentra programado para el sábado 31 de mayo.

Propuesta de la administración capitalina

El proyecto que busca modificar el Código Penal de la Ciudad de México fue presentado por la jefa de gobierno local. Su intención es que los delitos relacionados con el uso de sustancias psicoactivas sin consentimiento pasen a ser considerados de acción penal pública, lo que permitiría a las autoridades actuar de manera inmediata sin esperar una queja formal de las víctimas.

El tiempo apremia a los diputados locales, ya que tienen menos de una semana para concluir con este proceso legislativo y enviarlo al pleno para su discusión y votación final. De no lograrlo antes del 31 de mayo, la propuesta tendría que esperar al siguiente periodo de sesiones.

El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid ha programado para el lunes 26 de mayo a las 12:30 horas la declaración como investigados de Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, exdirectivos del Gobierno regional de Madrid durante la crisis sanitaria, según lo anunciado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la agencia Europa Press.

Responsables de protocolos en residencias

Mur ejerció como director general de Coordinación Sociosanitaria en la Comunidad de Madrid, mientras que Peromingo ocupó temporalmente ese puesto tras la salida de Mur del cargo. Ambos están vinculados a los protocolos implementados en 2020 para evitar la derivación hospitalaria de residentes mayores contagiados por coronavirus durante la primera ola.

Un caso que vuelve a la luz

La investigación, que estuvo suspendida durante casi tres años, fue reactivada gracias a una querella colectiva presentada en octubre de 2024 por 109 familiares de fallecidos en centros residenciales, coordinada por las organizaciones Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia. La acusación apunta a presuntos delitos de negación injustificada de atención médica, tipificados en el artículo 511 del Código Penal español, contra figuras de alto rango en la administración de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

Funcionarios de alto rango asesinados en la capital

El martes ocurrió un hecho violento que ha generado conmoción a nivel nacional: el asesinato de Ximena Guzmán, secretaria personal de Clara Brugada, titular del gobierno capitalino, y José Muñoz, coordinador de asesores. El ataque se registró en la Calzada de Tlalpan, en la colonia Moderna perteneciente a la alcaldía Benito Juárez.

Descartan robo como móvil

Las autoridades han descartado que el crimen haya sido un asalto o un hecho casual, calificándolo como un atentado directo. La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó sus condolencias a las familias y aseguró que el gobierno federal brindará total apoyo en las investigaciones. Por su parte, Clara Brugada suspendió todas sus actividades públicas y afirmó que “no habrá impunidad”.

Operativo y hallazgos preliminares

El doble homicidio generó una movilización de fuerzas de seguridad a nivel local y federal. La Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de la CDMX implementaron un operativo especial para ubicar a los responsables. Tras revisar cámaras de videovigilancia, se confirmó la participación de cuatro individuos: el ejecutor y tres cómplices que ayudaron en la huida. Además, se encontró evidencia de que uno de los criminales vigiló a las víctimas con anticipación, lo que confirma una planificación detallada.

Presunto intento fallido previo

Según información revelada, una semana antes del crimen se habría intentado un primer atentado contra los funcionarios, pero fracasó porque José Muñoz llegó tarde al lugar donde se esperaba su presencia. Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la CDMX, y Bertha Alcalde, fiscal capitalina, destacaron que el ataque requirió recursos humanos y logísticos significativos, aunque por ahora se desconoce el motivo principal. Se analizan todas las posibilidades, incluyendo vínculos con organizaciones criminales, aunque no hay pruebas contundentes.

Repercusiones políticas y sociales

El crimen ha generado indignación en el gobierno local y preocupación en la población, que exige mayor protección para todos los ciudadanos. El senador Enrique Vargas afirmó que este hecho demuestra “el fracaso de un sexenio de abrazos no balazos”, criticando las políticas de seguridad implementadas y los recortes presupuestales al sector.

“Nos leemos la próxima semana”

Interrogantes sin resolver

Una de las principales dudas que persisten es sobre quién dio la orden del ataque y cuál fue el objetivo. La jefa de Gobierno ha insistido en que se llegará hasta las últimas consecuencias y se detendrá a los culpables. La falta de medidas de protección en los funcionarios, como vehículos blindados o escoltas, ha generado inquietud sobre la vulnerabilidad de los servidores públicos y, por extensión, de la población general.

“Si ellos, como funcionarios, sufrieron este crimen, ¿qué puede esperar un ciudadano común y corriente? Me queda claro que cuando alguien te puso el dedo, sólo es cuestión de tiempo.”