Funcionarios de alto rango asesinados en la capital

El martes ocurrió un hecho violento que ha generado conmoción a nivel nacional: el asesinato de Ximena Guzmán, secretaria personal de Clara Brugada, titular del gobierno capitalino, y José Muñoz, coordinador de asesores. El ataque se registró en la Calzada de Tlalpan, en la colonia Moderna perteneciente a la alcaldía Benito Juárez.

Descartan robo como móvil

Las autoridades han descartado que el crimen haya sido un asalto o un hecho casual, calificándolo como un atentado directo. La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó sus condolencias a las familias y aseguró que el gobierno federal brindará total apoyo en las investigaciones. Por su parte, Clara Brugada suspendió todas sus actividades públicas y afirmó que “no habrá impunidad”.

Operativo y hallazgos preliminares

El doble homicidio generó una movilización de fuerzas de seguridad a nivel local y federal. La Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de la CDMX implementaron un operativo especial para ubicar a los responsables. Tras revisar cámaras de videovigilancia, se confirmó la participación de cuatro individuos: el ejecutor y tres cómplices que ayudaron en la huida. Además, se encontró evidencia de que uno de los criminales vigiló a las víctimas con anticipación, lo que confirma una planificación detallada.

Presunto intento fallido previo

Según información revelada, una semana antes del crimen se habría intentado un primer atentado contra los funcionarios, pero fracasó porque José Muñoz llegó tarde al lugar donde se esperaba su presencia. Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la CDMX, y Bertha Alcalde, fiscal capitalina, destacaron que el ataque requirió recursos humanos y logísticos significativos, aunque por ahora se desconoce el motivo principal. Se analizan todas las posibilidades, incluyendo vínculos con organizaciones criminales, aunque no hay pruebas contundentes.

Repercusiones políticas y sociales

El crimen ha generado indignación en el gobierno local y preocupación en la población, que exige mayor protección para todos los ciudadanos. El senador Enrique Vargas afirmó que este hecho demuestra “el fracaso de un sexenio de abrazos no balazos”, criticando las políticas de seguridad implementadas y los recortes presupuestales al sector.

“Nos leemos la próxima semana”

Interrogantes sin resolver

Una de las principales dudas que persisten es sobre quién dio la orden del ataque y cuál fue el objetivo. La jefa de Gobierno ha insistido en que se llegará hasta las últimas consecuencias y se detendrá a los culpables. La falta de medidas de protección en los funcionarios, como vehículos blindados o escoltas, ha generado inquietud sobre la vulnerabilidad de los servidores públicos y, por extensión, de la población general.

“Si ellos, como funcionarios, sufrieron este crimen, ¿qué puede esperar un ciudadano común y corriente? Me queda claro que cuando alguien te puso el dedo, sólo es cuestión de tiempo.”

Acción no autorizada en zona indígena

La administración estatal de Jalisco ha expresado su rechazo ante la entrada no consentida de la alcaldesa de El Nayar, en Nayarit, Imelda Escobedo, en la comunidad indígena wixárika de Tateikie, localizada en San Andrés Cohamiata, perteneciente al municipio de Mezquitic.

La presidenta municipal, acompañada por su personal de trabajo y elementos policiales, llevó a cabo actividades propias de gestión gubernamental en ese lugar, acción que ha sido vista por la entidad como una afectación a su independencia y al derecho de autogobierno de los pueblos originarios.

Postura del gobernador

Pablo Lemus, titular del Ejecutivo jalisciense, aseguró que no tolerarán la irrupción de autoridades provenientes de otras entidades en asuntos de su jurisdicción, ni la realización de actividades proselitistas en zonas con controversias territoriales.

“No vamos a permitir que ninguna persona de otro estado viole la soberanía y tampoco vamos a permitir que vengan a hacer promoción político-electoral, violando suspensiones otorgadas por la SCJN. Hago un extrañamiento a la Presidenta Municipal (de El Nayar) por haber hecho esto, y a la siguiente vez que esto suceda, vamos a tener que detener personas”, afirmó Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado de Jalisco.

Incumplimiento de resolución judicial

La intervención de la edil contraviene una medida cautelar vigente dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN) dentro del caso 108/2018. Esta disposición prohíbe que cualquier autoridad lleve a cabo acciones de gobierno, designaciones o participaciones en la comunidad wixárika, mientras no se resuelva la disputa territorial entre Jalisco y Nayarit.

Consecuencias inmediatas

Como resultado de esta entrada no autorizada, los habitantes del lugar retuvieron a Imelda Escobedo, junto con su equipo y policías. La administración de Jalisco, a través de la Secretaría General de Gobierno, estableció una mesa de diálogo con representantes de Nayarit y del organismo federal encargado de los asuntos indígenas.

Después de las negociaciones, la alcaldesa y su comitiva fueron liberados y trasladados a su localidad de origen por personal militar.

Antecedentes recientes

Es importante señalar que el 13 de marzo de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizó una notificación formal al Ayuntamiento de El Nayar para anular actos que infringían la suspensión, específicamente la designación de un juez auxiliar en la misma comunidad. Esta solicitud fue presentada por el gobierno estatal el 17 de enero de este año.

Operativo arroja rescate exitoso

Un grupo de seis ciudadanos fueron liberados por cuerpos de seguridad estatales y federales en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, según confirmó la Secretaría de Seguridad Pública local. El hallazgo ocurrió durante labores de patrullaje en la carretera federal 49, cerca de un acceso a balnearios en la región.

Víctimas identificadas

Los afectados, todos oriundos de Fresnillo, tienen entre 21 y 37 años de edad. Entre ellos se encuentran jóvenes de 21, 22, 25, 28, 32 y 37 años que reportaron haber sido retenidos ilegalmente. Al momento de su rescate manifestaron haber sido privados de su libertad de manera ilegal.

Atención integral a sobrevivientes

Tras el rescate, las autoridades activaron protocolos de protección a víctimas. Los individuos recibieron valoración médica inmediata, mostrando estabilidad física aunque presentaban alteraciones emocionales severas. Además, se les brindó apoyo psicológico y legal.

Investigaciones en marcha

Las autoridades judiciales iniciaron las indagatorias necesarias para esclarecer el caso. La carpeta de investigación busca establecer los responsables del secuestro y llevarlos ante la justicia correspondiente. El operativo representa un avance en la lucha contra el delito en la región.