Decisión judicial permite expulsión inmediata de migrantes venezolanos

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha habilitado a la administración Trump para revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficiaba a aproximadamente 350,000 inmigrantes venezolanos, posibilitando su repatriación inmediata. Esta medida anula la suspensión impuesta por un juez federal en San Francisco que bloqueaba la acción del Departamento de Seguridad Nacional, encabezado por Kristi Noem.

Contexto de la protección migratoria

El TPS está diseñado para proteger a migrantes de ser devueltos a naciones afectadas por situaciones críticas como conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias. La eliminación de este beneficio para venezolanos se suma a una posible revocación similar para inmigrantes haitianos. Críticos señalan que esta decisión condena a miles de personas a regresar a condiciones extremas de inseguridad, pobreza y persecución política.

Reacciones y acciones legales

La organización National TPS Alliance y once beneficiarios del programa han presentado una demanda contra esta política. Ahilan Arulanantham, abogado y profesor de la Universidad de California, expresó a Reuters:

«Se trata de la mayor acción individual de privación de la condición de inmigrante a un grupo de no ciudadanos en la historia moderna de Estados Unidos. Que el Tribunal Supremo lo autorizara en una orden de dos párrafos sin razonamiento alguno es verdaderamente chocante».

Impacto en las familias afectadas

Maria Rodríguez, beneficiaria del TPS y madre de dos niños residente en Orlando, Florida, manifestó a Reuters:

«Estamos indefensos, vulnerables. Nos fuimos de Venezuela porque allí no podíamos llegar a fin de mes. No había trabajo… No nos queda familia en Venezuela. Es un verdadero drama».

Políticas migratorias agresivas

La administración Trump ha intensificado operativos de detención masiva, contemplando deportar cerca de un millón de personas en 2025. El asesor Stephen Miller ha anunciado planes de involucrar a la Guardia Nacional y autoridades locales mediante el programa 287(g) para ejecutar estas acciones. La Casa Blanca también ha amenazado con imponer aranceles del 25% a países que comercien petróleo venezolano, medida vinculada a tensiones geopolíticas con China.

Conexión con geopolítica internacional

La política migratoria contra venezolanos está relacionada con intereses estratégicos de Washington en América Latina, particularmente en su confrontación con China. El secretario de Estado Marco Rubio declaró en X:

«Cualquier país que permita a sus empresas producir, extraer o exportar de Venezuela estará sujeto a nuevos aranceles, y cualquier empresa estará sujeta a sanciones».

El gobierno chino respondió instando a Estados Unidos a dejar de interferir en asuntos venezolanos.

Historia de un secuestro y tormento

“Siempre he percibido que me vigilaban”, confiesa Wael al Areeqi, un seguidor de la religión bahá’í en Yemen de 37 años. “Me impactó cuando me llamaron para comparecer en una comisaría”, revela. El 22 de mayo de 2017 recibió una llamada telefónica que cambió su vida. Al día siguiente, miembros armados del grupo Ansar Allá lo abordaron en la calle Sexagésima de Saná. “Me taparon los ojos y me encarcelaron en una prisión de seguridad nacional en aislamiento total durante 14 meses sin proceso judicial alguno”, narra desde su exilio en una conversación con EL PAÍS.

Contexto de control hutí

El movimiento chií Ansar Allá, respaldado por Irán y responsable de múltiples violaciones a los derechos humanos, ocupa el 30% del territorio yemení. En 2015 tomaron Saná, la capital, obligando al entonces presidente Abdrabbo Mansur Hadi al exilio en Arabia Saudí. Durante su cautiverio, Al Areeqi fue sometido a “graves palizas y torturas”, además de recibir amenazas de muerte. Fue acusado de espionaje para EE.UU. e Israel, así como de apostasía. “Creo que todo fue por mi fe”, comenta. El bahaísmo, religión monoteísta originada en Irán en el siglo XIX, cuenta con aproximadamente ocho millones de seguidores globales, pero apenas unos miles en Yemen.

Patrón de represión sistemática

Ruhiya Thabet, activista bahaí de 49 años, relata una experiencia similar. Detenida en 2016, explica: “Padecimos hostigamiento verbal y psicológico. Nos tacharon de espías de Israel y EE.UU. Solo tras múltiples súplicas pudimos comunicarnos con nuestra familia”. Tras su liberación, huyeron del país y actualmente enfrentan un proceso judicial en rebeldía. Entre 2015 y 2024, Amnistía Internacional registró al menos 100 casos de bahá’ís en Yemen víctimas de detenciones ilegales, torturas y tratos crueles.

Condena internacional

En 2024, un equipo de especialistas de la ONU confirmó que los bahá’ís han sufrido “detenciones, torturas, desapariciones forzadas y malos tratos por parte de las autoridades de facto, violando sus derechos a la libertad de expresión, opinión, reunión pacífica y asociación”. El 2021, los hutíes acusaron a EE.UU. de promover nuevas religiones en Yemen para debilitar el islam, señalando específicamente al bahaísmo.

Exilio forzado y despojo

Según Abdulrazzaq Hashem Al-Ezzazi de Plataforma de Medios Humanitarios, la represión contra los bahá’ís ha escalado: “Lo más preocupante es la gravedad de estos abusos en territorios bajo control hutí, que incluyen exilio forzado”. El grupo acusa frecuentemente a los bahá’ís de representar una amenaza a la seguridad nacional. “En 2018 los describieron como un ‘movimiento satánico que combate al islam'”, cita Al-Ezzazi. Además de la discriminación social, han sido expulsados del país y sus bienes confiscados. “Es una táctica común de las autoridades hutíes contra sus rivales”, afirma.

Fe en silencio

Tras 14 meses en prisión, Wael al Areeqi fue deportado. “Nos preguntaron si ‘queríamos viajar’ y nos llevaron al aeropuerto hacia Luxemburgo. Ahora vivimos en exilio. Afortunadamente, aquí nos sentimos seguros”, comenta. Qasim Omar, que pide mantener su identidad oculta, explica: “Practico mi fe en secreto. Vivo con temor constante tras las detenciones de otros bahá’ís. Leemos todo sobre nuestra religión y la abrazamos con convicción, pero no contamos con leyes protectoras”. Su familia, no adherida al bahaísmo, mantiene en secreto la educación religiosa de sus hijos.

Espacios de culto prohibidos

“No existen estructuras físicas para templos bahá’ís debido a la persecución”, asegura Waleed Ayash, secretario general del Consejo Nacional para las Minorías Religiosas y Étnicas de Yemen. Al-Ezzazi añade que “se difunde una imagen negativa sobre las minorías religiosas en la educación y el discurso religioso”. Aunque la Constitución yemení reconoce el derecho a la libertad religiosa, este no se aplica efectivamente.

“Todos seguimos guardando buenos recuerdos de aquella época, pero ahora sería imposible reunirnos como lo hacíamos antes de 2014”, exclama Omar.

En la localidad madrileña de Usera, un suceso trágico sacudió a la comunidad educativa local. Un menor de seis años identificado como Ian perdió la vida el 12 de mayo después de ser impactado por un vehículo automotor el día anterior. El incidente tuvo lugar en una vía de reducidas dimensiones cercana a un establecimiento docente.

Petición por entornos escolares seguros

La tragedia ha reavivado las voces de protesta que exigen espacios escolares más seguros, caracterizados por una reducción del tráfico vehicular, menores niveles de contaminación y disminución de ruido ambiental. Cinco años atrás, estas inquietudes se canalizaron mediante la denominada Revuelta Escolar, cuyas acciones incluían el bloqueo de calles adyacentes a centros educativos los viernes mensualmente.