Acción no autorizada en zona indígena
La administración estatal de Jalisco ha expresado su rechazo ante la entrada no consentida de la alcaldesa de El Nayar, en Nayarit, Imelda Escobedo, en la comunidad indígena wixárika de Tateikie, localizada en San Andrés Cohamiata, perteneciente al municipio de Mezquitic.
La presidenta municipal, acompañada por su personal de trabajo y elementos policiales, llevó a cabo actividades propias de gestión gubernamental en ese lugar, acción que ha sido vista por la entidad como una afectación a su independencia y al derecho de autogobierno de los pueblos originarios.
Postura del gobernador
Pablo Lemus, titular del Ejecutivo jalisciense, aseguró que no tolerarán la irrupción de autoridades provenientes de otras entidades en asuntos de su jurisdicción, ni la realización de actividades proselitistas en zonas con controversias territoriales.
“No vamos a permitir que ninguna persona de otro estado viole la soberanía y tampoco vamos a permitir que vengan a hacer promoción político-electoral, violando suspensiones otorgadas por la SCJN. Hago un extrañamiento a la Presidenta Municipal (de El Nayar) por haber hecho esto, y a la siguiente vez que esto suceda, vamos a tener que detener personas”, afirmó Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado de Jalisco.
Incumplimiento de resolución judicial
La intervención de la edil contraviene una medida cautelar vigente dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN) dentro del caso 108/2018. Esta disposición prohíbe que cualquier autoridad lleve a cabo acciones de gobierno, designaciones o participaciones en la comunidad wixárika, mientras no se resuelva la disputa territorial entre Jalisco y Nayarit.
Consecuencias inmediatas
Como resultado de esta entrada no autorizada, los habitantes del lugar retuvieron a Imelda Escobedo, junto con su equipo y policías. La administración de Jalisco, a través de la Secretaría General de Gobierno, estableció una mesa de diálogo con representantes de Nayarit y del organismo federal encargado de los asuntos indígenas.
Después de las negociaciones, la alcaldesa y su comitiva fueron liberados y trasladados a su localidad de origen por personal militar.
Antecedentes recientes
Es importante señalar que el 13 de marzo de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizó una notificación formal al Ayuntamiento de El Nayar para anular actos que infringían la suspensión, específicamente la designación de un juez auxiliar en la misma comunidad. Esta solicitud fue presentada por el gobierno estatal el 17 de enero de este año.