Estafa estructurada bajo múltiples engaños

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a través de su Sala de lo Civil y Penal, ha reafirmado la condena de tres años de prisión impuesta por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense contra un individuo acusado de estafa reiterada con circunstancia agravante de reincidencia. El acusado, identificado con diagnóstico de “trastorno de la personalidad no especificado, juego patológico y consumo excesivo de alcohol”, logró obtener 42.310 euros mediante engaños sistemáticos aplicados contra una pareja.

El estafador se presentó como profesional de la odontología, afirmando ser protésico dental y socio en diversas clínicas odontológicas. Bajo esta falsa identidad, prometió a las víctimas la gestión de ayudas económicas para tratamientos dentales, condicionadas siempre al pago previo de cantidades específicas.

Engaños escalonados con promesas laborales

El primer movimiento fraudulento se registró el 24 de noviembre de 2020, cuando la víctima masculina realizó una transferencia de 640 euros. Poco tiempo después, el acusado expandió su estrategia engañosa asegurando la posibilidad de emplear a la mujer en una clínica odontológica, pero bajo la premisa de que requería un dispositivo electrónico especial para compensar su discapacidad auditiva.

“Por eso necesito mil euros”, indicó el estafador, recibiendo esa cantidad. En diciembre del mismo año, se añadió otro engaño relacionado con presuntas subvenciones dentales destinadas a la mujer y su madre, por valor de 1.280 euros adicionales.

Falsificación de documentos empresariales

En julio de 2021, el condenado propuso a la pareja participar en una sociedad comercial ficticia. Para avalar su mentira, fabricó documentos con apariencia oficial donde se le atribuía el 20% de participación y prometía dividendos mensuales de 3.000 euros.

El fraude incluyó la creación de un acta falsa de reunión empresarial celebrada en Santiago de Compostela y un informe de valoración de la supuesta compañía por más de 1,8 millones de euros. Basados en estos documentos falsificados, la pareja contrajo un préstamo de 15.000 euros en CaixaBank y entregó dinero en efectivo en múltiples ocasiones: 4.500 euros el 8 de julio, 3.500 el día 13, 2.400 el 19, 1.730 el 22 y 2.120 euros el 29 del mismo mes.

Promesas incumplidas y nuevas inversiones ficticias

El 31 de agosto, el acusado garantizó asumir el pago del préstamo si no se generaban dividendos en dos meses, firmando un reconocimiento de deuda por 34.475 euros. Sin embargo, continuaron las entregas de dinero: 4.385 euros el 27 de agosto, 2.246 el 2 de septiembre y otras sumas posteriores. Incluso recibió 10.000 euros adicionales para una inversión en la adquisición de un inmueble, operación que nunca se concretó.

“Ningún beneficio se materializó y la mujer no obtuvo empleo”, según consta en el fallo judicial. La supuesta empresa jamás existió, y todos los compromisos adquiridos fueron ficticios.

Valoración judicial de la estafa prolongada

El tribunal ha declarado demostrado que el acusado simuló ser profesional sanitario, ofreció empleos inexistentes, prometió ayudas falsas y presentó documentación fraudulenta para aparentar participación en una sociedad mercantil inexistente, todo con el propósito de obtener repetidas entregas económicas.

El alto tribunal rechazó los recursos presentados por la defensa, que argumentaba violaciones al derecho a la presunción de inocencia, indefensión procesal y cuestionamientos sobre pruebas documentales y caligráficas. “Las declaraciones de las víctimas cumplen criterios de credibilidad, persistencia y verosimilitud”, afirmó la Sala, destacando también la confirmación de autoría mediante informe grafológico.

La sentencia concluye que la estafa fue sistemática y planificada, aprovechándose de una relación de confianza y dirigida a víctimas con vulnerabilidad económica y laboral. Aunque se reconoció su condición patológica, el tribunal determinó que conserva “las facultades intelectivas normales de deliberación y conciencia de la realidad”.

El legislador de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, presentó una propuesta legislativa en el Congreso con el objetivo de prohibir y desmantelar organizaciones que promuevan o glorifiquen el terrorismo. Esta iniciativa fue presentada en la Comisión Constitucional, destacando que “el culto a ETA y a sus terroristas está lejos de desaparecer”.

Impacto de la violencia terrorista en España

En su exposición, el diputado recordó que ETA fue responsable de la muerte de 853 personas, dejó heridas a miles y afectó a otros tantos mediante persecuciones, amenazas y extorsiones. También se refirió a los ataques del 11 de marzo de 2004 en Madrid, donde 193 personas perdieron la vida y más de 1.761 resultaron heridas debido a acciones terroristas de carácter yihadista.

Denuncias por actos de exaltación del terrorismo

Según información proporcionada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE), se han documentado numerosas actividades que alaban a grupos terroristas. Entre ellas se registran 158 eventos en Vizcaya, 145 en Guipúzcoa, 60 en Navarra, 24 en Álava, 23 en otras regiones y 11 en el extranjero, principalmente en el sur de Francia.

Reconocimiento a terroristas en eventos públicos

El parlamentario señaló que “es indignante comprobar cómo fiestas populares o fechas señaladas, calles y plazas, fundamentalmente de la Comunidad Foral de Navarra y de la Comunidad Autónoma Vasca, se convierten en contextos ideales para enaltecer a ETA y a sus miembros muertos o en prisión”. También criticó que algunos municipios incluyan en sus redes sociales o en agendas oficiales mensajes de apoyo a presos de ETA.

Modificaciones legales propuestas

La iniciativa impulsada por Catalán busca actualizar la Ley Orgánica 1/2002 relacionada con el derecho de asociación, agregando como motivo válido para la disolución de una organización “realizar actividades que constituyan apología del terrorismo, bien ensalzando a la banda terrorista ETA o cualquier otra organización terrorista o bien enalteciendo a sus dirigentes, miembros, colaboradores o presos, cuando concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del terrorismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”.

“Que haya asociaciones y colectivos que ensalcen el terrorismo, que realicen actos para honrar y reconocer la trayectoria y la figura de terroristas es una aberración democrática. Es una auténtica vergüenza que las víctimas del terrorismo, además de sufrir la pérdida o mutilación de un ser querido, tengan que ver cómo se homenajea a sus asesinos”

Un trágico suceso sacudió al municipio de Montemorelos, Nuevo León, al registrarse un homicidio dentro de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los hechos ocurrieron en un ambiente que debería representar seguridad y atención médica, lo que ha generado preocupación en la comunidad local.

Según reportes preliminares, un camillero fue atacado dentro del nosocomio. El atentado se suma a la ola de violencia que ha afectado la región en los últimos meses, situación que ha generado alarma entre los trabajadores del sector salud y la población en general.

La Fiscalía General del Estado informó que elementos de seguridad lograron capturar al presunto responsable del crimen. La detención se realizó en las inmediaciones del hospital, lo que indica una rápida respuesta por parte de las autoridades.

La institución médica no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente, aunque se espera que en las próximas horas brinde información detallada sobre las medidas que tomará para garantizar la seguridad de pacientes y personal médico.