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Hombre diagnosticado con trastorno de personalidad y ludopatía sentenciado a tres años por estafa reiterada de 42 mil euros a pareja de víctimas

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Estafa estructurada bajo múltiples engaños

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a través de su Sala de lo Civil y Penal, ha reafirmado la condena de tres años de prisión impuesta por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense contra un individuo acusado de estafa reiterada con circunstancia agravante de reincidencia. El acusado, identificado con diagnóstico de “trastorno de la personalidad no especificado, juego patológico y consumo excesivo de alcohol”, logró obtener 42.310 euros mediante engaños sistemáticos aplicados contra una pareja.

El estafador se presentó como profesional de la odontología, afirmando ser protésico dental y socio en diversas clínicas odontológicas. Bajo esta falsa identidad, prometió a las víctimas la gestión de ayudas económicas para tratamientos dentales, condicionadas siempre al pago previo de cantidades específicas.

Engaños escalonados con promesas laborales

El primer movimiento fraudulento se registró el 24 de noviembre de 2020, cuando la víctima masculina realizó una transferencia de 640 euros. Poco tiempo después, el acusado expandió su estrategia engañosa asegurando la posibilidad de emplear a la mujer en una clínica odontológica, pero bajo la premisa de que requería un dispositivo electrónico especial para compensar su discapacidad auditiva.

“Por eso necesito mil euros”, indicó el estafador, recibiendo esa cantidad. En diciembre del mismo año, se añadió otro engaño relacionado con presuntas subvenciones dentales destinadas a la mujer y su madre, por valor de 1.280 euros adicionales.

Falsificación de documentos empresariales

En julio de 2021, el condenado propuso a la pareja participar en una sociedad comercial ficticia. Para avalar su mentira, fabricó documentos con apariencia oficial donde se le atribuía el 20% de participación y prometía dividendos mensuales de 3.000 euros.

El fraude incluyó la creación de un acta falsa de reunión empresarial celebrada en Santiago de Compostela y un informe de valoración de la supuesta compañía por más de 1,8 millones de euros. Basados en estos documentos falsificados, la pareja contrajo un préstamo de 15.000 euros en CaixaBank y entregó dinero en efectivo en múltiples ocasiones: 4.500 euros el 8 de julio, 3.500 el día 13, 2.400 el 19, 1.730 el 22 y 2.120 euros el 29 del mismo mes.

Promesas incumplidas y nuevas inversiones ficticias

El 31 de agosto, el acusado garantizó asumir el pago del préstamo si no se generaban dividendos en dos meses, firmando un reconocimiento de deuda por 34.475 euros. Sin embargo, continuaron las entregas de dinero: 4.385 euros el 27 de agosto, 2.246 el 2 de septiembre y otras sumas posteriores. Incluso recibió 10.000 euros adicionales para una inversión en la adquisición de un inmueble, operación que nunca se concretó.

“Ningún beneficio se materializó y la mujer no obtuvo empleo”, según consta en el fallo judicial. La supuesta empresa jamás existió, y todos los compromisos adquiridos fueron ficticios.

Valoración judicial de la estafa prolongada

El tribunal ha declarado demostrado que el acusado simuló ser profesional sanitario, ofreció empleos inexistentes, prometió ayudas falsas y presentó documentación fraudulenta para aparentar participación en una sociedad mercantil inexistente, todo con el propósito de obtener repetidas entregas económicas.

El alto tribunal rechazó los recursos presentados por la defensa, que argumentaba violaciones al derecho a la presunción de inocencia, indefensión procesal y cuestionamientos sobre pruebas documentales y caligráficas. “Las declaraciones de las víctimas cumplen criterios de credibilidad, persistencia y verosimilitud”, afirmó la Sala, destacando también la confirmación de autoría mediante informe grafológico.

La sentencia concluye que la estafa fue sistemática y planificada, aprovechándose de una relación de confianza y dirigida a víctimas con vulnerabilidad económica y laboral. Aunque se reconoció su condición patológica, el tribunal determinó que conserva “las facultades intelectivas normales de deliberación y conciencia de la realidad”.

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Judicial

“Es para que mi nieta no tenga miedo”: Residentes improvisan iluminación en calles de Cancún por fallas del gobierno

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Vecinos toman medidas ante la oscuridad

En medio de la falta de alumbrado público, habitantes de diversas Supermanzanas en Cancún han decidido colocar luces de manera improvisada en los postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para garantizar su seguridad. Este fenómeno afecta a las Supermanzanas 105, 107, 241, 247, 254 y 259, donde la administración local no ha actuado pese a los múltiples reportes.

Algunos residentes aseguran que, aunque los postes de luz están en buen estado, estos no funcionan, dejando las calles completamente a oscuras durante la noche. Esta situación ha generado un ambiente de inseguridad que preocupa a los vecinos.

Denuncias por negligencia gubernamental

En la zona de Vista Real, comerciantes y ciudadanos acusaron al Ayuntamiento de no atender el problema desde hace más de un año. Nicolás, un comerciante del lugar, señaló que la oscuridad está contribuyendo al aumento de la inseguridad, y que no saben a quién recurrir para obtener una solución real.

Las quejas se repiten en otras zonas afectadas, donde los ciudadanos aseguran que los esfuerzos oficiales son mínimos y temporales. Damaris, una residente, explicó que

“De nada sirve reportar, por ejemplo, en el programa de la Gobernadora, si solamente envían a una cuadrilla que cambia dos o tres focos y dejan los demás en mal estado”

.

Costo extra para los vecinos

En Supermanzana 107, los habitantes han tenido que buscar soluciones propias para iluminar las calles, pero reconocen que esto no debería ser necesario. Carmelo, un vecino de la zona, compartió que

“Todos los días coloco un foco afuera, lo hago para que mi nieta se sienta segura ante la oscuridad de la calle, pero esa energía que se consume la pago yo, entonces, de qué sirve pagar el predial y demás impuestos que nos cobran”

.

La indignación crece entre los residentes, quienes consideran injusto asumir costos que corresponden al gobierno por un servicio básico que no están recibiendo adecuadamente.

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Economía

Interbank enfrenta multa de 93,6 UIT por barreras de edad en productos crediticios – Medida impuesta por Indecopi

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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) impuso una sanción económica a la institución bancaria Banco Internacional del Perú S.A.A., popularmente conocida como Interbank. La multa asciende a 93,6 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) debido a políticas de exclusión basadas en la edad para el acceso a distintos servicios financieros.

Origen de la sanción

La acción punitiva se fundamenta en una denuncia presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región Áncash. Esta organización identificó que la entidad crediticia establecía límites etarios mínimos y máximos para productos como “Préstamo Personal Efectivo”, “Préstamo para Estudios” y “Préstamo con Garantía Líquida”. La investigación reveló que estas condiciones generaban desigualdad en el acceso a servicios financieros.

“La discriminación por edad afecta derechos fundamentales de los consumidores”, señaló Indecopi en su resolución. La entidad financiera fue notificada del proceso sancionador, pero no presentó descargos en el plazo establecido, lo que derivó en una declaración de rebeldía. Posteriormente, la Sala Especializada en Protección al Consumidor confirmó la sanción y ajustó el monto final de la multa.

Condiciones prohibidas

Según los registros obtenidos, en la plataforma digital del banco se establecían rangos específicos: para el “Préstamo Personal Efectivo”, los trabajadores dependientes debían tener al menos 21 años y los independientes 25, con un tope máximo de 72 años. En el “Préstamo para Estudios”, el rango era de 25 a 71 años. El “Préstamo con Garantía Líquida” también tenía restricciones similares.

La Asociación demandante solicitó varias medidas, entre ellas la eliminación de estos límites, capacitación en no discriminación para el personal bancario, difusión de mensajes contra la exclusión en sus sucursales, y el reembolso de gastos relacionados.

Marco legal y cálculo de la sanción

La Comisión de Protección al Consumidor N° 1 fundamentó su decisión en el artículo 38° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. La metodología para calcular la multa se basó en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, considerando factores como el perjuicio causado, la gravedad del daño, y la existencia de intencionalidad.

El cálculo inicial fijó una multa base de 24 UIT por producto, aplicándose un agravante del 30% por afectar intereses colectivos y dañar derechos económicos y sociales. Esto elevó el monto a 31,2 UIT por cada servicio financiero involucrado, totalizando 93,6 UIT.

Impacto y mensaje institucional

La autoridad reguladora destacó que estas prácticas generan desconfianza en el sistema financiero y pueden normalizar exclusiones similares en otras instituciones. “La sanción busca prevenir conductas discriminatorias y garantizar el acceso equitativo a servicios financieros”, explicó Indecopi en su comunicado oficial.

El organismo también informó los canales disponibles para presentar denuncias por discriminación en entidades crediticias. Los ciudadanos pueden utilizar la plataforma virtual www.indecopi.gob.pe, acudir personalmente a sus oficinas o contactar su línea telefónica de atención.

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Capturan en Quintana Roo a acusado de delitos sexuales contra menor en Chihuahua

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Operativo binacional conduce a arresto de sospechoso

Las fuerzas de seguridad de Chihuahua y Quintana Roo colaboraron en una operación que resultó en la detención de Luis Humberto G. M., presunto responsable de delitos sexuales contra una adolescente en Chihuahua. El arresto se produjo en Cancún bajo el marco de una orden judicial.

El individuo fue trasladado posteriormente al estado fronterizo para comparecer ante el sistema de justicia local. La Fiscalía Especializada en Asuntos de Género y Familia presentó formalmente los cargos durante la audiencia inicial, detallando los presuntos actos delictivos cometidos en Chihuahua.

Procedimiento judicial en marcha

El proceso legal continúa su curso con la audiencia de vinculación programada para el 29 de mayo. Mientras se desarrolla el procedimiento, el imputado permanece en custodia preventiva en el Cereso 1, centro penitenciario ubicado en Chihuahua.

“Luis Humberto G. M. fue imputado formalmente por los delitos de violación y abuso sexual agravado en contra de una menor de edad”, indicaron las autoridades durante el comunicado oficial.

Investigación y recolección de pruebas

El caso está siendo atendido por personal especializado de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, quienes han estado recolectando evidencia y testimonios que respaldan las acusaciones formales presentadas por la fiscalía.

La coordinación interinstitucional entre la Agencia Estatal de Investigación del estado norteño y la Policía Municipal del destino turístico fue clave para materializar la captura del presunto delincuente, según informaron fuentes oficiales.

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