Actualización de víctimas

Las autoridades militares paquistaníes confirmaron que el balance de fallecidos en la explosión de un autobús escolar en el suroeste del país ascendió a ocho personas, luego de que tres menores fallecieran posteriormente al atentado. El portavoz del ejército indicó que varios de los heridos continúan en condición grave.

Detalles del ataque

El incidente tuvo lugar el miércoles en Khuzdar, localidad ubicada en la provincia de Baluchistán. Entre los afectados se encontraban 39 menores y dos militares que viajaban en el vehículo. Los estudiantes pertenecían a la Escuela Pública del Ejército, institución a la que se dirigían en el momento del atentado.

Atribución del ataque

El teniente general Ahmad Sharif, vocero del ejército paquistaní, señaló al Ejército de Liberación de Baluchistán, organización considerada terrorista por Estados Unidos desde 2019, como presunto responsable del ataque. “Pakistán tiene evidencia de que India está orquestando ‘ataques terroristas dentro de Pakistán'”, afirmó Sharif.

Tensiones internacionales

La acusación contra el gobierno indio fue formulada sin presentar evidencia pública que respalde las declaraciones. India no ha emitido respuesta oficial a las imputaciones. Esta situación ocurre en medio de un reciente conflicto fronterizo entre ambos países, que concluyó con un cese al fuego tras cuatro días de enfrentamientos.

Contexto del conflicto

La región de Baluchistán ha sido escenario de una prolongada insurgencia separatista que se mantiene activa desde hace varias décadas. Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado formalmente la autoría del atentado contra el transporte escolar.

Operativo vecinal salva a dos infantes en Ecatepec

El hallazgo de dos menores en situaciones críticas en Ecatepec se logró gracias a un aviso ciudadano a través de redes comunitarias de seguridad. Los niños de siete y nueve años permanecían en un entorno insalubre dentro del fraccionamiento La Guadalupana, sin recibir atenciones básicas.

El reporte fue atendido por el Sector 11 de seguridad municipal, quien coordinó acciones con el DIF local y la Unidad de Atención a Víctimas. Al llegar al domicilio denunciado, encontraron acumulación de desechos en el exterior y fueron recibidos por una adulta mayor de 64 años, presunta familiar de los menores, quien inicialmente negó su presencia en el lugar.

Intervención inmediata por señales de abandono

Los oficiales escucharon el llanto de una niña, lo que motivó una revisión detallada de la vivienda. Al ingresar, localizaron a los dos infantes en condiciones precarias, con evidentes muestras de negligencia. El personal del DIF determinó necesario su traslado para garantizar su bienestar.

Atención médica de urgencia

Los menores fueron llevados al Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec, donde se inició un expediente por presunto delito de violencia intrafamiliar. La niña, quien padece una discapacidad, requirió hospitalización de emergencia por severa desnutrición y problemas respiratorios detectados mediante saturación de oxígeno. Su hermano menor también mostraba síntomas de desnutrición.

Ambos recibieron atención médica en el Hospital de Las Américas, mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes. El caso fue documentado bajo las carpetas CGV/JME/00/MPI/842/03025/25/05 y ECA/CGV/JME/034/142932/25/05.

Condena por violación reiterada a menor con discapacidad

Un individuo ha sido sentenciado a trece años y medio de prisión por la Audiencia Provincial de Cantabria. El acusado abusó sexualmente de su sobrina durante un periodo de dos años, cuando la menor contaba con catorce años y presentaba discapacidad intelectual. Los abusos culminaron con un embarazo que resultó en el nacimiento de una niña cuando la víctima tenía quince años.

Detalles de la sentencia judicial

La Sección Tercera de la Audiencia dictó una sentencia que incluye múltiples sanciones adicionales a la pena carcelaria. Se le prohíbe acercarse o comunicarse con la víctima durante quince años, queda inhabilitado para trabajar con menores por un periodo de veinte años, y deberá cumplir una etapa de vigilancia especial durante diez años después de salir de prisión.

El tribunal también le retiró la patria potestad sobre la niña nacida del embarazo forzado, reconociendo su paternidad y estableciendo que deberá proporcionar apoyo económico cuya cantidad se definirá posteriormente. En materia de responsabilidad civil, se le exige pagar una compensación de 50.000 euros a la víctima, cantidad que los jueces justifican por ‘la extrema gravedad de los hechos, la menor edad y la grave discapacidad padecida por la víctima, y singularmente el hecho de que la misma a consecuencia de las agresiones sexuales llegara a quedarse embarazada’.

Reconocimiento de los hechos por parte del acusado

Durante el juicio, el procesado admitió plenamente los cargos. Ante el tribunal manifestó: ‘Lo siento mucho. Estoy arrepentido’. Por su parte, la menor, quien tiene una discapacidad del 76 por ciento, expresó que ‘no entendía’ ni ‘quería’ lo que el acusado hacía.

Según la versión aceptada por el tribunal, cuando la víctima visitaba la vivienda del acusado, ‘aprovechando aquellos momentos en los que ambos se encontraban a solas, la compelió a mantener relaciones sexuales con él, intentando la menor evadirse, sin conseguirlo’. El fallo menciona que ‘fueron múltiples los encuentros sexuales, sin poder precisar el número exacto’, incluyendo tocamientos y penetraciones vaginales y anales.

Elementos que sustentaron la condena

La Audiencia basó su decisión en varios elementos probatorios. Se destacan las declaraciones de la menor ante el equipo psicosocial, donde relató ‘con total contundencia las prácticas sexuales a que había sido sometida’, así como el análisis de ADN que vincula al acusado con la niña nacida del embarazo de la víctima.

El tribunal concluyó que ‘los hechos apuntan de forma inequívoca hacia la autoría y responsabilidad criminal del procesado’. La sentencia, que aún permite recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, mantiene la situación de prisión preventiva del acusado.