La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, reveló públicamente que la administración estadounidense encabezada por Donald Trump omitió comunicar formalmente la deportación de un ciudadano mexicano hacia Sudán.

Proceso Irregular de Repatriación

La jefa del Estado mencionó durante su habitual rueda de prensa matutina que no existió notificación oficial sobre este caso, lo cual impidió aplicar los procedimientos establecidos para el regreso de connacionales desde territorio estadounidense. Explicó que “no informaron a México para su retorno, pues tiene que haber protocolos para su regreso porque es un protocolo distinto para un mexicano sin antecedente o bajo custodia o privado de su libertad”.

Contexto de la Deportación

Este incidente forma parte de una acción más amplia donde ocho individuos acusados de delitos graves fueron trasladados al país africano por las autoridades migratorias estadounidenses, aunque solo uno pertenecía originalmente a esa región. Entre los deportados se encuentra Jesús Muñoz Gutiérrez, nacional mexicano actualmente enfrentando cargos de homicidio en segundo grado que podrían conllevar una condena de cadena perpetua.

Trámites de Localización y Repatriación

La Secretaría de Relaciones Exteriores se encuentra realizando gestiones para ubicar al ciudadano mexicano en Sudán con el objetivo de facilitar su posible retorno. La presidenta detalló que “estamos viendo dónde está en Sudán, pero primero tiene que verse si quiere ser repatriado y si es así Estados Unidos tendría que traerlo a México y aquí deberían seguirse todos los protocolos y aquí probablemente estaría privado de su libertad”.

Polémica medida gubernamental contra la universidad

El Ejecutivo de Donald Trump ha dictado una medida que impide a Harvard recibir nuevos estudiantes extranjeros y exige que los inscritos actualmente cambien de institución o abandonen Estados Unidos, en medio de un enfrentamiento prolongado entre ambas partes.

La instrucción fue formalizada mediante una carta firmada por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, donde se señala: “Les escribo para notificarles que con efecto inmediato, el programa de la Universidad de Harvard de Estudiantes y Visitantes Extranjeros ha sido revocado”.

Conflictos por políticas académicas

La institución académica no accedió a las demandas del grupo especializado del gobierno republicano sobre lucha contra el antisemitismo, que contemplaban modificaciones en procesos de contratación y admisión, además de verificaciones ideológicas al personal docente vigente.

Como represalia, se redujo en más de 2,000 millones de dólares la financiación federal para investigaciones, lo que motivó a Harvard a presentar una querella judicial para recuperar esos recursos económicos.

Impacto en la comunidad estudiantil

La orden gubernamental afecta directamente a cerca de 6,800 estudiantes internacionales que cursan estudios en el campus de Cambridge, Massachusetts, equivalentes a más del 25% de la matrícula total de 24,596 alumnos. La mayor parte de este colectivo corresponde a programas de posgrado.

De acuerdo con la normativa, estos estudiantes deberán optar entre su traslado a otra institución educativa o la pérdida de su estatus migratorio, lo que los dejaría expuestos a procedimientos de expulsión.

En declaraciones públicas, Kristi Noem justificó la medida indicando: “La dirección de Harvard ha creado un ambiente inseguro en el campus al permitir que agitadores antiestadunidenses y proterroristas acosen y agredan físicamente a personas, incluyendo a muchos estudiantes judíos, y obstruyan de otras maneras su otrora venerable entorno de aprendizaje”.

Posiciones contrapuestas

Jason Newton, vocero de Harvard, manifestó: “La acción del Gobierno es ilegal. Nos comprometemos plenamente a mantener la capacidad de Harvard para acoger a estudiantes y académicos internacionales, provenientes de más de 140 países, que enriquecen enormemente a la Universidad y a esta nación”.

La secretaria federal enfatizó: “Es un privilegio, no un derecho, que las universidades matriculen a estudiantes extranjeros y se beneficien de sus mayores pagos de matrícula para aumentar sus multimillonarias dotaciones”. Agregó que “este Gobierno responsabiliza a Harvard por fomentar la violencia, el antisemitismo y coordinarse con el Partido Comunista Chino en su campus”.

Legisladora impulsa armonización de reglamentos viales

La diputada del PAN Míriam Esmeral Martínez Sánchez presentó este jueves una iniciativa en el Congreso de Tlaxcala para solicitar a los 60 ayuntamientos del estado que ajusten sus reglamentos de movilidad. La propuesta surgió durante una sesión en la que participaron representantes del Consejo Estatal de Motociclistas.

Incumplimiento de plazos legales

La Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Tlaxcala, vigente desde el 4 de abril de 2024, estableció un periodo de 80 días naturales para que los municipios adaptaran su normativa local. Este plazo venció en octubre de 2024, pero la mayoría de los ayuntamientos no han realizado las adecuaciones necesarias.

Consecuencias de la falta de armonización

La inacción municipal ha generado diversos problemas, incluyendo accidentes viales y afectaciones a la libertad de tránsito. “La falta de armonización que pongan de base un marco jurídico ha ocasionado no sólo accidentes viales y pérdidas humanas, sino que ha obligado a usuarios de motocicletas e incluso de automóviles otras alternativas de transporte, lo que, a su vez, violenta su libertad de tránsito”, señaló la legisladora.

Reglamentos incompletos

Sólo cinco municipios (San Pablo del Monte, Ixtenco, Teolocholco, Tlaxcala y Tepetitla) han avanzado parcialmente en la actualización de sus normativas. Sin embargo, “estas armonizaciones están basadas en el tránsito vehicular y el transporte público o privado, es decir, no incorporaron de manera explícita los principios de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, entre otros”.

Necesidad de enfoque integral

Martínez Sánchez destacó que “la Ley Estatal de Movilidad exige un enfoque de sistemas seguros y corresponsabilidad, con medidas como gestión de velocidades, infraestructura segura y control de factores de riesgo”, elementos que no han sido integrados de forma completa en las normativas municipales. La diputada criticó que los reglamentos actuales se limitan a sanciones tradicionales o controles aislados.

Protección a usuarios de motocicletas

La representante del PAN enfatizó la necesidad de incluir en las normativas municipales medidas específicas para la seguridad de los motociclistas. Entre las acciones sugeridas se encuentran:

• Establecer el uso obligatorio de cascos
• Exigir licencias válidas de conducir
• Limitar el número de pasajeros
• Aplicar sanciones administrativas proporcionales
• Desarrollar campañas de concientización vial
• Coordinarse con autoridades estatales

Regulación sin restricciones

La legisladora aclaró que el objetivo no es limitar el uso de motocicletas, sino regular su uso para garantizar seguridad y orden. “Regular no es restringir, regular es ordenar, prevenir y proteger”, concluyó, destacando la importancia de incorporar la participación ciudadana en estos procesos.