San Francisco Totimehuacán, histórica localidad en el área metropolitana de Puebla, tiene la posibilidad de recuperar su condición de municipio antes de que concluya el periodo gubernamental de Alejandro Armenta Mier en 2030. Esta iniciativa requiere el aval del Congreso estatal y la disposición política necesaria para avanzar en el proceso legislativo.

Antecedentes y demandas ciudadanas

En 1920, San Francisco Totimehuacán contaba con el rango de municipio, pero en 1962 perdió esta categoría y fue integrado como junta auxiliar de la capital poblana. Desde entonces, un grupo de residentes conformó la Comisión Pro Defensa del Antiguo Municipio de Totimehuacán, organización integrada por más de 100 personas que buscan revertir esta situación.

Según Ricardo Hernández Hernández, representante legal de la asociación civil, ha habido avances significativos en la actual administración. “Recordé a los vecinos que hay un compromiso y el presidente municipal de Puebla sabe qué es un compromiso y sabe que deben hacer las gestiones para que se materialice, pero estamos dispuestos a cumplir con el tema de San Francisco”, señaló el gobernador Alejandro Armenta en una de sus conferencias.

Necesidades y aspiraciones

Actualmente, la junta auxiliar alberga a más de 186 mil habitantes y enfrenta problemas como la falta de infraestructura, calles en mal estado, inseguridad y escasa inversión en obra pública. Sus habitantes consideran que al recuperar el estatus de municipio podrían gestionar un presupuesto propio y contar con una administración local que responda directamente a sus necesidades.

El presidente auxiliar, Ángel Malaca Carbente, no tiene facultades para desarrollar proyectos ni para manejar la seguridad. El financiamiento que recibe San Francisco este año es de un millón 937 mil 077 pesos, recursos que dependen de la aprobación municipal.

Trámites y requisitos legales

Para convertirse nuevamente en municipio, debe cumplirse con los lineamientos establecidos en el artículo 11 de la Ley Orgánica Municipal. Entre los requisitos principales se encuentran: demostrar viabilidad económica, contar con un mínimo de 25 mil habitantes, presentar solicitud formal ante el Congreso local y obtener la aprobación de al menos dos tercios de los legisladores, con la opinión favorable del gobernador.

La doctora Claudia Ramón, investigadora de la UPAEP, destacó que el proceso implica un análisis profundo: “Es necesario hacer un estudio de viabilidad financiera y ahí podríamos determinar si les conviene o no les conviene, porque en un momento, de entrada, tú dices, bueno, pareciera que cumple con los requisitos, pero también hay otras cuestiones que me parecen importantes. Por ejemplo, habría que ver cuáles son las condiciones socioeconómicas del municipio”.

Próximos pasos y participación ciudadana

Para impulsar la iniciativa, los habitantes ya comenzaron a recolectar 70 mil firmas como parte del apoyo ciudadano. El diputado morenista José Luis Figueroa Cortés adelantó que una vez presentado el oficio en el Congreso local, presentará una iniciativa de ley para impulsar el proceso.

Además, los regidores Leobardo Rodríguez Juárez y Rodrigo Durán Herrera coincidieron en que el ayuntamiento de Puebla debe colaborar con las decisiones del Legislativo sin sobrepasar sus responsabilidades. “Como es una discusión que en los hechos y en la práctica afecta la integración territorial y poblacional del municipio, no se puede hacer juez y parte, sí se puede colaborar para seguir dialogando, recogiendo el sentimiento de la comunidad, pero será un trabajo que tendrá que encabezar el Congreso del Estado y el llamado será siempre a que se haga con total precaución y prudencia”, indicó Leobardo.

De concretarse el cambio, se definirá la sede de la nueva presidencia municipal, se actualizarán registros electorales ante el INE, se reorganizarán las colonias que permanecerán en la capital y las que formarán parte del nuevo municipio, y se establecerá el presupuesto correspondiente por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Demandan claridad sobre estudio de rediseño

Representantes de los partidos Verde Ecologista (PEVM), Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y Nueva Alianza Hidalgo (Panalh) manifestaron su preocupación por la falta de información detallada respecto al segundo análisis técnico para la reestructuración del tránsito en la Glorieta 24 Horas, zona afectada tras la implementación del Puente Atirantado en Pachuca. La legisladora del PAN, Claudia Lilia Luna Islas, indicó que durante la reunión programada para el miércoles 28 de mayo a las 9:00 horas por la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXVI Legislatura, podría revelarse dicho estudio.

La diputada recordó que este asunto ya había sido discutido previamente en sesiones anteriores de la comisión. Destacó la necesidad imperante de abordar la problemática, ya que el movimiento vehicular se ha vuelto complicado debido a la colocación de balizas en dirección a Mineral de la Reforma. “La ruta que debería ser ágil, ahora no lo es”, afirmó, además de denunciar que las normas viales no se cumplen y los peatones deben correr para evitar accidentes.

Puente peatonal en riesgo

Otro punto crítico señalado es el puente ubicado frente al Hospital General de Pachuca, considerado un peligro para quienes circulan por la zona. Según información proporcionada por un empleado de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Pública y Desarrollo Urbano Sostenible (SIDPUS), la estructura presenta deterioros que impiden su uso seguro, requiriendo demolición y sustitución por una nueva construcción con un costo aproximado de 15 millones de pesos.

“Se han implementado medidas como la colocación de topes, pero no han generado el efecto deseado, ya que los automovilistas continúan ignorando los cruces peatonales”, explicó Luna Islas.

Llamado a la transparencia y acción inmediata

La legisladora del PAN, junto con los diputados del PVEM Avelino Tovar, de MC Karla Perales y del Panalh Mónica Reyes, coincidieron en que la parte baja de la Glorieta 24 Horas necesita atención prioritaria. Exigieron transparencia en los análisis técnicos y acciones concretas para mejorar la seguridad tanto para peatones como para conductores en la zona metropolitana de Pachuca.

Mónica Reyes comentó que su conocimiento sobre el segundo análisis proviene únicamente de los medios, “como ciudadana considero fundamental que se realice un estudio estructural, el tráfico es caótico, por lo que es urgente rediseñar el área”.

Karla Perales reconoció desconocer los detalles del estudio, “la mayoría transitamos por este lugar y somos conscientes de que es un caos, especialmente para los estudiantes de las escuelas cercanas que diariamente arriesgan su vida entre los autos”.

Avelino Tovar señaló que desde su apertura ha sido un cuello de botella y manifestó su apoyo al análisis por parte de la SIDPUS, aunque admitió desconocer los alcances y posibles soluciones, pero coincidió en que Pachuca requiere urgentemente esta intervención.

Contexto de la violencia política en México

El análisis presentado resalta la confrontación existente entre grupos terroristas y el Estado mexicano, destacando que actores internacionales, particularmente estadounidenses, también estarían involucrados en esta lucha contra el gobierno de Claudia Sheinbaum. Se establece una diferencia entre la violencia política y la violencia común, donde las tácticas de guerra psicológica buscan generar miedo en la población.

Según la reflexión realizada, los Estados surgieron históricamente como instituciones que ofrecían seguridad, similar a estructuras mafiosas, y su legitimidad depende del cumplimiento de su función primordial: garantizar la vida de los ciudadanos y la propiedad privada. Cuando esta función se ve comprometida, se pone en riesgo el contrato social.

Impacto de los asesinatos políticos

El texto menciona específicamente los asesinatos de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de Clara Brugada, como acciones terroristas destinadas a generar inseguridad y debilitar al gobierno actual. “Los que han mandado asesinar a Ximena Guzmán… buscan aterrorizar a la ciudadanía y poner de rodillas al Estado”

Se plantea que estos actos representan un salto en las tácticas de grupos delictivos, ya que optan por eliminar a figuras políticas cuando no pueden cooptarlas. Esta violencia se enmarca en una estrategia más amplia de destabilización gubernamental.

Conexiones internacionales y grupos delictivos

El análisis incluye una vinculación entre cárteles mexicanos y algunos sectores del gobierno estadounidense, señalando que “también hay personas de otros países… que están en guerra con México” . Se menciona específicamente el interés de Donald Trump en debilitar al gobierno de Sheinbaum, recordando acciones históricas como la deportación de maras salvadoreñas hacia El Salvador.

Se destaca además la presencia de grupos delictivos infiltrados en estructuras estatales en el pasado, como el caso de Genaro García Luna durante el gobierno de Felipe Calderón, y su impacto en la actualidad política.

Reflexiones sobre el Estado y la seguridad

El texto reflexiona sobre la importancia de la seguridad como pilar fundamental del Estado, mencionando que su incumplimiento convierte a un país en un estado fallido. Se plantea que “un país que no atienda a la seguridad es un país con el contrato social roto” .

Se concluye que la violencia actual en México tiene componentes tanto reales como inducidos, siendo utilizada como herramienta política por sectores opositores a la Cuarta Transformación para debilitar al gobierno actual.