Endurecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos
Carolina del Norte ha suscrito nuevos acuerdos 287(g) que autorizan a autoridades locales trabajar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Seis condados adicionales han adoptado este modelo en 2025, elevando a 21 el número total de acuerdos vigentes en el estado. Esta medida sitúa a Carolina del Norte entre los cinco estados con mayor cantidad de convenios de este tipo.
Marco legal y funcionamiento del acuerdo
El mecanismo 287(g), regulado por una normativa federal desde 1996, posibilita que ciertos oficiales locales realicen funciones restringidas relacionadas con control migratorio dentro de instalaciones penitenciarias. Este acuerdo no aplica en operativos en la vía pública, pero permite a los alguaciles verificar el estatus migratorio de personas detenidas y alertar a ICE si carecen de documentos legales.
Modalidades y aplicaciones específicas
Existen tres tipos de acuerdos bajo este marco legal, según información de El Enlace Latino:
- Modelo de Grupo de Trabajo: autoriza arrestos e interrogatorios a personas sospechosas de permanecer ilegalmente en el país.
- Modelo de Control Penitenciario: permite interrogar a detenidos y emitir órdenes de retención para ICE.
- Modelo de Oficial de Servicio de Ordenanzas: limitado a ejecutar órdenes administrativas en cárceles, sin facultades para investigar estatus migratorio.
Los seis convenios recientes corresponden al modelo más restringido, aunque grupos defensores de derechos humanos lo consideran igualmente problemático.
Contexto político y medidas similares
El estado no había incorporado nuevos acuerdos durante la administración de Joe Biden, según reportes de Enlace Latino. Sin embargo, tras el regreso de Donald Trump a la presidencia, se reactivó el proceso. Entre marzo y mayo de 2025, se concretaron los acuerdos en los condados de Carteret, Columbus, Craven, Cherokee, Onslow y Union.
Esta política se diferencia de la Ley HB 10 implementada en 2024, que obliga a notificar a ICE solo en casos de delitos graves, explica Univisión. “En cambio, bajo el 287(g), cualquier persona indocumentada detenida por infracciones menores como manejar sin licencia puede ser reportada y detenida por ICE desde la cárcel”.
Consecuencias sociales y movilizaciones
Estudios de la Universidad de Duke revelan que la implementación de estos acuerdos reduce las consultas médicas prenatales entre mujeres migrantes por temor a ser identificadas. Otras familias evitan salir incluso para adquirir alimentos, según investigaciones citadas en el texto original.
La abogada Becca O’Neill, asesora especial de McFadden, destacó que “esas órdenes estarán relacionadas con violaciones de inmigración, no con delitos penales generales”. Estadísticas del condado Mecklenburg muestran que más de 15,000 personas fueron deportadas entre 2006 y 2018 bajo este mecanismo, según registros del Charlotte Observer.
Perspectivas futuras y debate legislativo
En la actualidad, se discute en la Asamblea General de Carolina del Norte un proyecto de ley denominado SB 153 o “Ley de Protección Fronteriza”. Esta propuesta busca sancionar a gobiernos locales que no cumplan con normativas migratorias estatales y prohíbe la creación de ciudades santuario, a pesar de que estas no existen en el estado debido a restricciones legales vigentes.
Carolina del Norte se alinea así con una tendencia nacional de mayor cooperación entre ICE y autoridades locales. Solo Texas, Florida y Georgia superan en cantidad de acuerdos activos. Activistas y organizaciones como El Centro C han convocado protestas para pedir la eliminación de estos convenios que, según denuncian, ponen en riesgo la unidad familiar y generan constante temor en la comunidad latina.