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Carolina del Norte amplía colaboración con ICE mediante acuerdos 287(g) que afectan a migrantes

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Endurecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos

Carolina del Norte ha suscrito nuevos acuerdos 287(g) que autorizan a autoridades locales trabajar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Seis condados adicionales han adoptado este modelo en 2025, elevando a 21 el número total de acuerdos vigentes en el estado. Esta medida sitúa a Carolina del Norte entre los cinco estados con mayor cantidad de convenios de este tipo.

Marco legal y funcionamiento del acuerdo

El mecanismo 287(g), regulado por una normativa federal desde 1996, posibilita que ciertos oficiales locales realicen funciones restringidas relacionadas con control migratorio dentro de instalaciones penitenciarias. Este acuerdo no aplica en operativos en la vía pública, pero permite a los alguaciles verificar el estatus migratorio de personas detenidas y alertar a ICE si carecen de documentos legales.

Modalidades y aplicaciones específicas

Existen tres tipos de acuerdos bajo este marco legal, según información de El Enlace Latino:

  • Modelo de Grupo de Trabajo: autoriza arrestos e interrogatorios a personas sospechosas de permanecer ilegalmente en el país.
  • Modelo de Control Penitenciario: permite interrogar a detenidos y emitir órdenes de retención para ICE.
  • Modelo de Oficial de Servicio de Ordenanzas: limitado a ejecutar órdenes administrativas en cárceles, sin facultades para investigar estatus migratorio.

Los seis convenios recientes corresponden al modelo más restringido, aunque grupos defensores de derechos humanos lo consideran igualmente problemático.

Contexto político y medidas similares

El estado no había incorporado nuevos acuerdos durante la administración de Joe Biden, según reportes de Enlace Latino. Sin embargo, tras el regreso de Donald Trump a la presidencia, se reactivó el proceso. Entre marzo y mayo de 2025, se concretaron los acuerdos en los condados de Carteret, Columbus, Craven, Cherokee, Onslow y Union.

Esta política se diferencia de la Ley HB 10 implementada en 2024, que obliga a notificar a ICE solo en casos de delitos graves, explica Univisión. “En cambio, bajo el 287(g), cualquier persona indocumentada detenida por infracciones menores como manejar sin licencia puede ser reportada y detenida por ICE desde la cárcel”.

Consecuencias sociales y movilizaciones

Estudios de la Universidad de Duke revelan que la implementación de estos acuerdos reduce las consultas médicas prenatales entre mujeres migrantes por temor a ser identificadas. Otras familias evitan salir incluso para adquirir alimentos, según investigaciones citadas en el texto original.

La abogada Becca O’Neill, asesora especial de McFadden, destacó que “esas órdenes estarán relacionadas con violaciones de inmigración, no con delitos penales generales”. Estadísticas del condado Mecklenburg muestran que más de 15,000 personas fueron deportadas entre 2006 y 2018 bajo este mecanismo, según registros del Charlotte Observer.

Perspectivas futuras y debate legislativo

En la actualidad, se discute en la Asamblea General de Carolina del Norte un proyecto de ley denominado SB 153 o “Ley de Protección Fronteriza”. Esta propuesta busca sancionar a gobiernos locales que no cumplan con normativas migratorias estatales y prohíbe la creación de ciudades santuario, a pesar de que estas no existen en el estado debido a restricciones legales vigentes.

Carolina del Norte se alinea así con una tendencia nacional de mayor cooperación entre ICE y autoridades locales. Solo Texas, Florida y Georgia superan en cantidad de acuerdos activos. Activistas y organizaciones como El Centro C han convocado protestas para pedir la eliminación de estos convenios que, según denuncian, ponen en riesgo la unidad familiar y generan constante temor en la comunidad latina.

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Internacional

Uruguayo vinculado al narcotráfico Marset propuso rendirse en Paraguay si liberaban a su esposa

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El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, reveló que Sebastián Marset, ciudadano uruguayo acusado de liderar actividades de narcotráfico en Sudamérica, planteó su entrega en ese país a cambio de la liberación de su esposa Gianina García Troche, quien enfrenta cargos relacionados con lavado de activos. La información fue confirmada públicamente durante declaraciones del funcionario al periódico local ABC.

Antecedentes de la fuga y captura

El acusado, incluido entre los cinco individuos más buscados por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), abandonó junto con su pareja y sus hijos la residencia que ocupaban en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 28 de julio de 2023, horas antes de un operativo policial destinado a su captura. García Troche fue extraditada recientemente desde España hacia Paraguay, tras ser detenida en julio de 2024 en el aeropuerto de Madrid proveniente de Dubái, y actualmente cumple prisión en un centro militar ubicado en las afueras de Asunción desde el 21 de mayo.

Propuesta de negociación y respuesta oficial

Según detalló el fiscal Rolón, en los últimos meses de 2024 un exmagistrado y abogado -cuyo nombre no fue revelado- presentó formalmente una solicitud de entrega condicional del narcotraficante. La oferta estipulaba que Marset se presentaría ante las autoridades si se le garantizaba la absolución completa de su esposa. “Nosotros le dijimos que es imposible llegar a un acuerdo con un prófugo sobre nada, pero sí le dimos la garantía de que, si se entrega, va a ser tratado como corresponde, con todas las garantías que la Constitución y las leyes otorgan”, afirmó el representante del ministerio público, quien subrayó que la conversación no fue considerada trascendental dado que el supuesto delincuente “ni siquiera está en el país”.

Carta polémica y acusaciones

La revelación del fiscal se dio a conocer al mismo tiempo que se difundió una carta atribuida a Marset, transmitida por la emisora Carve de Uruguay. En el documento, el prófugo hace duras críticas a los gobiernos de Uruguay, Bolivia y Estados Unidos, con especial énfasis en las instituciones paraguayas. “Yo sé muchas cosas. Quizás por eso cuando mis abogados hablaron con el fiscal general de Paraguay para que yo me entregue y dejaran de molestar a mi familia no aceptaron”, señaló en la misiva. La carta también contiene acusaciones de persecución judicial y política contra su familia, así como de supuesta complicidad de autoridades paraguayas con el narcotráfico que públicamente combaten.

El texto incluye frases como “No me van a agarrar nunca porque inteligencia tienen cero”, y propone una negociación directa: “Si en algún momento quieren llegar a un acuerdo conmigo, mis abogados pueden sentarse a escuchar, pero dejen a mi familia en paz. Yo sé que nada es gratis, pero digan la cifra y terminemos con esta farsa”. Paralelamente, el gobierno estadounidense formalizó cargos contra Marset por lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, sugiriendo que podría estar oculto en Venezuela. Sobre esta acusación, la carta atribuida al narcotraficante incluye una declaración desafiante: “A esos malditos gringos no les tengo ni un pelo de miedo”.

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Internacional

EE.UU. valora iniciativas de Claudia Sheinbaum para contener flujo de fentanilo en frontera norte

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Washington reconoció públicamente la participación de Claudia Sheinbaum en el combate al contrabando de sustancias ilícitas, destacando particularmente el impacto de sus políticas en la disminución de incautaciones de fentanilo en la frontera estadounidense. Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, aseguró que las acciones del gobierno mexicano han generado resultados palpables en el control de drogas y personas en tránsito irregular.

Despliegue de fuerzas en zona fronteriza

Desde que asumió el cargo, la presidenta mexicana ha movilizado a más de diez mil integrantes de la Guardia Nacional en la región norte del país. Esta táctica busca frenar el paso de narcóticos y personas que intentan cruzar la frontera sin autorización. Durante los primeros meses de ejecución, autoridades mexicanas reportaron el decomiso de 40 toneladas de droga, incluyendo un volumen significativo de fentanilo, además de detener a más de mil individuos ligados a grupos criminales.

Coordinación binacional en seguridad fronteriza

El 28 de marzo, Kristi Noem, titular de Seguridad Nacional de EE.UU., y Claudia Sheinbaum sellaron un acuerdo para mejorar la gestión de riesgos fronterizos durante una reunión en Palacio Nacional. La funcionaria estadounidense destacó la participación de las fuerzas mexicanas en el control de ingresos irregulares y reconoció la apertura a recibir vuelos de retorno, aunque advirtió sobre pendientes en la coordinación bilateral.

Reconocimiento cruzado entre mandatarios

Antes de esta declaración oficial, Donald Trump había valorado positivamente los esfuerzos de México por contener el paso de migrantes y sustancias prohibidas, afirmando que el país ha incrementado su participación en el control fronterizo. La presidenta Sheinbaum, por su parte, ha insistido en que su estrategia responde a un compromiso global contra el narcotráfico, y no a dependencia política.

“El fortalecimiento de las relaciones con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y todas las medidas que ha tomado para detener el tráfico ilegal de personas y drogas en la frontera sur de Estados Unidos son la razón del descenso vertiginoso de las incautaciones de fentanilo en la frontera de Estados Unidos”, afirmó Leavitt.

Demanda de corresponsabilidad en control de armamento

La jefa del Ejecutivo mexicano ha recordado la necesidad de acción compartida, particularmente en el tema de tráfico de armas. De acuerdo con registros oficiales, el 74% de las armas utilizadas por organizaciones delictivas provienen del otro lado de la frontera. Sheinbaum ha pedido a EE.UU. intensificar esfuerzos para frenar este flujo que alimenta la violencia en territorio nacional.

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Economía

Trump duplica aranceles a acero y aluminio bajo pretexto de seguridad nacional

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Política comercial agresiva

El presidente estadounidense Donald Trump emitió una orden ejecutiva que eleva del 25% al 50% los impuestos a las importaciones de acero y aluminio. La medida, que comienza a aplicarse a la medianoche del miércoles según hora local, busca reforzar sectores considerados estratégicos para la seguridad del país.

Impacto en socios comerciales

Entre los países más afectados se encuentran Canadá, Brasil, México y Argentina, que suministran la mayor parte de estos metales al mercado estadounidense. Datos de 2024 revelan que casi la mitad del acero y aluminio consumido en EE.UU. proviene de importaciones, dependiendo principalmente de sus aliados en América Latina y Europa.

Justificación gubernamental

El gobierno justificó la medida afirmando que naciones extranjeras están “inundando el mercado con productos baratos, a menudo subsidiados”, lo que ha erosionado la producción nacional. Documentos oficiales detallan que la utilización de capacidad en la industria del acero cayó del 80% en 2021 al 75.3% en 2023, mientras que la del aluminio descendió del 61% al 55% en el mismo periodo.

Respuestas internacionales

Canadá, el mayor proveedor de acero para Estados Unidos, ya interpuso una queja formal ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) el 13 de marzo pasado, calificando los impuestos previos como “incompatibles con las normas comerciales internacionales”. La nueva decisión podría generar conflictos diplomáticos con México y Brasil, cuyas exportaciones son vitales para sectores como la automotriz y la construcción.

Defensa de la política proteccionista

Trump anunció la medida durante una visita a una fábrica de US Steel en Pensilvania, donde declaró: “Nadie podrá robarles su industria”. La administración sostiene que el propósito es prevenir una dependencia excesiva de suministros extranjeros en situaciones de emergencia, asegurando así la capacidad de satisfacer demandas de defensa e infraestructura crítica.

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