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Uruguayo vinculado al narcotráfico Marset propuso rendirse en Paraguay si liberaban a su esposa

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El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, reveló que Sebastián Marset, ciudadano uruguayo acusado de liderar actividades de narcotráfico en Sudamérica, planteó su entrega en ese país a cambio de la liberación de su esposa Gianina García Troche, quien enfrenta cargos relacionados con lavado de activos. La información fue confirmada públicamente durante declaraciones del funcionario al periódico local ABC.

Antecedentes de la fuga y captura

El acusado, incluido entre los cinco individuos más buscados por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), abandonó junto con su pareja y sus hijos la residencia que ocupaban en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 28 de julio de 2023, horas antes de un operativo policial destinado a su captura. García Troche fue extraditada recientemente desde España hacia Paraguay, tras ser detenida en julio de 2024 en el aeropuerto de Madrid proveniente de Dubái, y actualmente cumple prisión en un centro militar ubicado en las afueras de Asunción desde el 21 de mayo.

Propuesta de negociación y respuesta oficial

Según detalló el fiscal Rolón, en los últimos meses de 2024 un exmagistrado y abogado -cuyo nombre no fue revelado- presentó formalmente una solicitud de entrega condicional del narcotraficante. La oferta estipulaba que Marset se presentaría ante las autoridades si se le garantizaba la absolución completa de su esposa. “Nosotros le dijimos que es imposible llegar a un acuerdo con un prófugo sobre nada, pero sí le dimos la garantía de que, si se entrega, va a ser tratado como corresponde, con todas las garantías que la Constitución y las leyes otorgan”, afirmó el representante del ministerio público, quien subrayó que la conversación no fue considerada trascendental dado que el supuesto delincuente “ni siquiera está en el país”.

Carta polémica y acusaciones

La revelación del fiscal se dio a conocer al mismo tiempo que se difundió una carta atribuida a Marset, transmitida por la emisora Carve de Uruguay. En el documento, el prófugo hace duras críticas a los gobiernos de Uruguay, Bolivia y Estados Unidos, con especial énfasis en las instituciones paraguayas. “Yo sé muchas cosas. Quizás por eso cuando mis abogados hablaron con el fiscal general de Paraguay para que yo me entregue y dejaran de molestar a mi familia no aceptaron”, señaló en la misiva. La carta también contiene acusaciones de persecución judicial y política contra su familia, así como de supuesta complicidad de autoridades paraguayas con el narcotráfico que públicamente combaten.

El texto incluye frases como “No me van a agarrar nunca porque inteligencia tienen cero”, y propone una negociación directa: “Si en algún momento quieren llegar a un acuerdo conmigo, mis abogados pueden sentarse a escuchar, pero dejen a mi familia en paz. Yo sé que nada es gratis, pero digan la cifra y terminemos con esta farsa”. Paralelamente, el gobierno estadounidense formalizó cargos contra Marset por lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, sugiriendo que podría estar oculto en Venezuela. Sobre esta acusación, la carta atribuida al narcotraficante incluye una declaración desafiante: “A esos malditos gringos no les tengo ni un pelo de miedo”.

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Internacional

Organismos internacionales cuestionan restricciones migratorias impuestas por gobierno de Estados Unidos

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Posición oficial de Naciones Unidas

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, manifestó que aunque los Estados tienen autonomía para diseñar sus políticas de control fronterizo, deben garantizar el respeto a la integridad de las personas. El mensaje fue difundido sin hacer referencia directa al mandatario estadounidense, aunque subrayó que “nuestra posición siempre ha sido que, sea cual sea el sistema que se ponga en marcha, se respete la dignidad humana de las personas”.

Contexto de la medida restrictiva

El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva directiva presidencial que impide el acceso a ciudadanos de doce naciones, principalmente africanas y asiáticas, mientras limita significativamente los desplazamientos desde siete territorios adicionales. La justificación oficial señala preocupaciones por la seguridad nacional y amenazas terroristas.

Rechazo de Amnistía Internacional

La organización global de defensa de derechos humanos emitió un comunicado donde calificó la acción como “discriminatoria, racista y completamente cruel”. Su líder mundial, Agnès Callamard, destacó que “señalar a personas según su raza, religión o nacionalidad, provenientes de países con población mayoritariamente negra, marrón o musulmana, constituye discriminación racial según el derecho internacional”.

Impacto en derechos humanos

Según el análisis de Amnistía, la política migratoria vigente en fronteras estadounidenses prácticamente anula el derecho de asilo, generando condiciones de sufrimiento extremo para quienes escapan de conflictos armados, represión gubernamental y violaciones graves a derechos fundamentales. La dirigente recordó que los tratados internacionales obligan a los países a brindar protección a quienes enfrentan persecución en sus lugares de origen.

Reacciones legales anticipadas

La implementación de estas restricciones ha generado dudas sobre su conformidad con la legislación estadounidense. Diversas entidades de defensa legal y grupos ciudadanos ya anunciaron planes de impugnar la orden mediante recursos judiciales en cortes federales.

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Internacional

Derrota judicial de México en corte estadounidense: rechazan litigio contra industria armamentística

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Resolución desfavorable en litigio internacional

La máxima instancia judicial de Estados Unidos falló en contra de la acción legal promovida por el gobierno mexicano en su disputa con empresas fabricantes de armamento estadounidenses. El fallo unánime, emitido el 5 de junio de 2025, puso fin al proceso iniciado hace cuatro años en el que se reclamaban compensaciones económicas por concepto de daños y perjuicios.

Marco legal que limita acciones legales

El fallo de la Corte Suprema se fundamentó en disposiciones legales establecidas mediante la normativa federal conocida como PLCAA. Esta legislación, vigente desde 2005, establece protección legal para productores de armas de fuego en determinadas circunstancias. La magistrada encargada de redactar el documento oficial del tribunal, Elena Kagan, destacó que dicha norma imposibilitaba el avance de la acción legal.

Posiciones gubernamentales

El Ejecutivo mexicano manifestó su posición sobre el desenlace del caso, indicando que se trata de “dos juicios” diferentes. La titular del Poder Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, señaló la necesidad de tiempo para analizar detalladamente la decisión judicial, afirmando que “Vamos a ver cuál es el resultado y les informamos”.

Argumentación rechazada

Las autoridades mexicanas habían basado su estrategia legal en una excepción contemplada dentro de la propia legislación estadounidense. Esta disposición permite presentar demandas cuando existen violaciones flagrantes a normas relacionadas con control de armas que causen afectaciones directas. Aunque un tribunal inferior había permitido el avance del caso, la Corte Suprema revirtió esta decisión.

Actores involucrados en el litigio

Entre las entidades que apoyaron la defensa de las empresas armamentísticas estadounidenses figuraron organizaciones prominentes como la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y la Coalición de Política de Armas de Fuego. También participaron representantes del Partido Republicano, más de tres decenas de legisladores de esta fuerza política, veintiséis fiscales estatales republicanos y la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

Empresas señaladas

La acción legal inicial incluía a siete fabricantes de armas y un distribuidor mayorista, entre los que se encontraban corporaciones reconocidas como Smith & Wesson y Glock. Señalaba que estas compañías no implementaron controles suficientes para impedir que sus productos fueran utilizados por grupos delictivos organizados. Aunque la mayoría de los casos contra estas empresas habían sido desestimados previamente por otras razones procesales, dos de ellas permanecieron en litigio hasta la resolución final.

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Economía

Organización europea acusa a Shein de tácticas engañosas para fomentar compras compulsivas

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Denuncia por prácticas comerciales agresivas

La Federación Europea de Asociaciones de Consumidores (BEUC) ha presentado una denuncia formal contra la empresa china Shein ante la Comisión Europea. La organización señala que la compañía utiliza estrategias denominadas “patrones oscuros” en su plataforma digital para incentivar el consumo excesivo, técnicas que según el informe podrían violar las normas de protección al consumidor de la Unión Europea.

Métodos de retención y manipulación

El documento destaca que la aplicación de Shein contiene elementos diseñados para mantener la atención de los usuarios. Entre estos se encuentran notificaciones invasivas que llegan a superar las doce alertas diarias en algunos dispositivos, además de funciones de juego como “Puppy Keep” que premian la interacción constante con descuentos y regalos. Otro mecanismo señalado es el desplazamiento sin fin de productos, característica que prolonga el tiempo de navegación en la plataforma.

Reacciones y contexto regulatorio

La empresa ha manifestado públicamente su disposición para colaborar con las autoridades europeas, aunque mencionó que no ha podido establecer comunicación directa con la organización denunciante. Mientras se desarrollan las investigaciones, Shein mantiene su crecimiento en el continente, especialmente por las características lúdicas de su aplicación. La Comisión Europea ha advertido previamente a la compañía sobre posibles sanciones económicas en caso de confirmarse las irregularidades.

Llamado a revisión de otras empresas

Agustin Reyna, responsable de BEUC, explicó que los modelos de negocio basados en la ropa de rápida rotación dependen de altos volúmenes de venta, lo que justifica el uso de estos mecanismos de atracción. La denuncia, respaldada por 25 grupos de defensa del consumidor en 21 países europeos, solicita que se revise el comportamiento de otras compañías del sector, incluyendo a Temu, que ya ha enfrentado críticas similares. Las autoridades de Francia, Alemania y España se han sumado a las voces que piden mayor control sobre las plataformas que combinan entretenimiento y comercio electrónico.

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