Violación de privacidad en entorno laboral

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso una penalización económica de 70.000 euros contra una organización empresarial que utilizó el número telefónico personal de una empleada para integrarla a un grupo de comunicación laboral en WhatsApp sin contar con su autorización previa. La decisión judicial destaca que no existió fundamento legal válido para este manejo de información privada, infringiendo el artículo 6.1 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Antecedentes del caso

El proceso disciplinario se inició tras presentar una ex colaboradora una denuncia formal, en la cual detallaba haber sido compelida a emplear su equipo celular personal para funciones profesionales, cuando la empresa se había comprometido a proporcionarle un aparato corporativo. La ex empleada relató que, incluso durante su periodo vacacional, fue reincorporada a un grupo de comunicación empresarial sin haber sido notificada previamente.

La denunciante aportó evidencia gráfica y un mensaje escrito fechado en mayo de 2023 donde expresaba su negativa a continuar utilizando su dispositivo privado para asuntos profesionales, salvo para trámites específicos con clientes establecidos. No obstante, la organización no atendió esta solicitud.

Argumentos de la empresa

La empresa sancionada justificó su procedimiento asegurando haber mantenido una política de protección de la privacidad de la empleada. Según su versión, la trabajadora no solicitó explícitamente la eliminación permanente de su número de contacto de los grupos de comunicación, limitándose a indicar su intención de abandonarlos temporalmente durante su ausencia laboral.

Aunque la organización implementó nuevos protocolos desde septiembre de 2023, incluyendo una directriz interna que prohíbe la participación en grupos empresariales de WhatsApp sin utilizar dispositivos oficiales, la AEPD determinó que estos ajustes no justificaban el manejo de información privada sin consentimiento explícito.

Consecuencias y acciones correctivas

Tras analizar la documentación y escuchar los argumentos de ambas partes, la AEPD concluyó que la empresa no cumplió con los requisitos legales establecidos en el RGPD. Como resultado, se impuso una multa administrativa de 70.000 euros, la cual fue reducida a 42.000 euros por el pago anticipado y el reconocimiento de responsabilidad.

La AEPD también exigió que se adoptaran medidas correctivas para garantizar el cumplimiento normativo, incluyendo la obligación de demostrar que se están implementando acciones preventivas para evitar repetición de situaciones similares en el futuro.

Implicaciones del caso

Este caso resalta la importancia del manejo adecuado de datos personales en entornos profesionales, especialmente en aspectos relacionados con la autorización de empleados para el uso de sus dispositivos privados en actividades laborales. Las organizaciones deben asegurar el cumplimiento de los principios del RGPD, como la legalidad, transparencia y responsabilidad en el manejo de información sensible, para prevenir sanciones y proteger los derechos de sus colaboradores.

Juicio y sentencia histórica

El pasado 4 de junio tres delincuentes conocidos como ‘Los Pikachu’ recibieron una condena de 40 años de prisión por sus acciones criminales en el norte de Bogotá. Los sentenciados son Jefferson Eduardo López Rodríguez, Wilmer Alexander Castiblanco Torres y Jhon Jaime Vásquez Vásquez, quienes además deberán abonar una multa equivalente a más de 20.000 millones de pesos.

Los acusados fueron encontrados responsables de múltiples delitos incluyendo secuestro extorsivo, hurto, acceso carnal violento, secuestro exprés y concierto para delinquir. Los hechos investigados ocurrieron entre 2019 y principios de 2020, durante los cuales sometieron a diversas víctimas bajo amenaza de armas.

Modus operandi y abusos

Según reveló la Fiscalía General de la Nación, la banda utilizaba taxis como medio para capturar a sus víctimas, principalmente mujeres. Durante los secuestros exprés no solo despojaban a sus presas de sus pertenencias, sino que también “abusaban sexualmente de sus víctimas mujeres durante el cautiverio”, según declaraciones oficiales. Esta violencia de género fue considerada agravante en la sentencia.

Una de las primeras víctimas fue una contadora pública que denunció haber sido secuestrada en diciembre de 2019 al utilizar un taxi que posteriormente se reveló formaba parte del plan criminal. Permaneció tres horas en manos de los delincuentes, quienes le sustrajeron 61 millones de pesos de sus cuentas bancarias antes de abandonarla en un lugar aislado.

Operativo y captura

La banda fue desarticulada en diciembre de 2020 mediante un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional. “Los delitos que afectan la seguridad ciudadana son una prioridad”, declaró José Manuel Martínez, director de la seccional de la Fiscalía en Bogotá en aquel momento. El operativo permitió detener a los tres implicados, quienes desde entonces permanecen privados de su libertad.

Durante la investigación se logró comprobar que la banda realizó 22 secuestros exprés entre 2019 y 2020, obteniendo un botín total de 245 millones de pesos. A pesar de la evidencia presentada, los condenados negaron su culpabilidad y no aceptaron los cargos en su contra.

Impacto en la seguridad

El entonces secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, calificó la captura como “uno de los golpes más significativos contra la delincuencia en la capital”. Destacó la labor conjunta entre instituciones que permitió desmantelar esta peligrosa banda dedicada a los secuestros exprés en tres localidades de la ciudad.

COLIMA.- Una mujer trans fue asesinada con al menos 10 disparos la noche del 3 de junio frente a un establecimiento gastronómico en la capital del estado, según reportes periodísticos. La víctima, identificada como Paulina, perdió la vida de manera inmediata antes de recibir atención médica.

Detalles del atentado

El ataque ocurrió frente al local conocido como “Pozole Luisa”, ubicado en la calle Balbino Dávalos. Autoridades confirmaron que sujetos desconocidos perpetraron el homicidio y escaparon sin dejar rastro. La zona fue acordonada por elementos de la Fiscalía General del Estado y la policía local para iniciar las investigaciones correspondientes.

Posible transfeminicidio

Las autoridades analizan si el crimen está motivado por discriminación de género o si existían amenazas previas contra la víctima. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha insistido en la necesidad de reconocer legalmente los casos de transfeminicidio para diseñar estrategias contra la violencia sistemática que enfrenta la comunidad trans.

Rechazo de la comunidad LGBTTIQ+

Organizaciones civiles y activistas exigen que el caso se investigue como un crimen de odio. Este nuevo asesinato revive las alertas sobre el aumento de violencia contra personas trans en México, situación que ha obligado a algunas a solicitar asilo en otros países. “La desprotección es un patrón constante”, denunció un defensor de derechos humanos.

Demandan justicia y protección

La comunidad trans y sus aliados piden al gobierno implementar medidas urgentes de seguridad y políticas públicas que combatan la estigmatización. Las organizaciones advierten que la falta de acción institucional podría perpetuar la impunidad y la ola de violencia que afecta a este colectivo en el país.