Contexto del evento académico

La octava edición del evento académico organizado por la Universidad Autónoma de Sinaloa enfrentó una situación inesperada cuando se limitó la participación estudiantil respecto a las decisiones judiciales en un caso ambiental relevante. El entorno educativo se convirtió en escenario de discusión sobre la construcción de una instalación industrial en la zona portuaria de Topolobampo.

Intervención del juez en cuestión

El juzgador federal José Francisco Pérez Mier participó en el foro explicando aspectos de un proceso legal relacionado con el recurso de garantía, revelando detalles sobre sus resoluciones consideradas controvertidas. Estas determinaciones favorecieron a una empresa energética mientras afectaban a grupos indígenas y comunidades dedicadas a la pesca que rechazaban la instalación industrial por riesgos ambientales.

Cuestionamiento estudiantil y reacción del juez

Una participante del colectivo opositor, Clausia Quintero Sandoval, originaria de Ohuira y activa en movimientos sociales, interrogó al juzgador sobre sentencias que impactaron negativamente a productores agrícolas de El Carrizo. El magistrado inicialmente manifestó desconocer el caso y posteriormente rechazó responder bajo el argumento de que se trataba de su ponencia oficial.

“Hay mecanismos para debatir, pueden promoverlos”, aseguró.

Interrupción del debate y controversia

La tensión creció al abordarse presuntas conexiones políticas del funcionario judicial con autoridades locales favorables al proyecto industrial. El responsable académico Tomás Velásquez León intervino para frenar el intercambio, recibiendo el micrófono del propio juzgador para detener la discusión. La activista señaló que esta acción le negó la posibilidad de aclarar dudas sobre posibles sesgos a favor de intereses empresariales.

Macabro hallazgo en vía pública

Este sábado por la tarde fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en la carretera que conecta Toluca con Tenango, específicamente entre los territorios de Mexicaltzingo y Metepec. El aviso surgió de transeúntes y conductores que observaron una bicicleta desatendida cerca de una propiedad rural.

Víctima con identidad desconocida

El occiso, cuya edad se calcula entre 30 y 35 años, portaba indumentaria oscura consistente en chamarra, pantalón de mezclilla, gorra y calzado negro. No portaba documentos de identidad en el momento del descubrimiento.

Evidencia en el escenario

El cuerpo presentaba lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego, y sobre su torso permanecía un dispositivo telefónico celular que permaneció inalterado. Los agentes de seguridad local de Metepec fueron los primeros en arribar al lugar.

Procedimientos legales iniciados

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) llevó a cabo las acciones de rigor, incluyendo la remoción del cadáver para realizar la necropsia correspondiente. Las autoridades competentes se encargarán de esclarecer las circunstancias del deceso y buscarán a los presuntos responsables del hecho.

Ataque violento en plena tarde

Un grupo de individuos armados irrumpió en un establecimiento dedicado a la venta de mariscos en Poza Rica, ubicado en la avenida Manlio Fabio Altamirano. Los hechos tuvieron lugar la tarde del sábado, alrededor de las 18:30 horas, según relatos de personas presentes en el lugar.

El afectado fue identificado como Raúl “N”, hijo del dueño del reconocido negocio “El Pirata”. Los atacantes actuaron con agresividad, ingresando al local sin mediar palabra, reduciendo a la víctima y llevándosela a la fuerza. El episodio generó alarma entre empleados y comensales que presenciaron la escena.

Reacción inmediata del personal

Ante lo sucedido, los trabajadores del restaurante decidieron clausurar el establecimiento de forma inmediata. Aunque se desconoce si se realizó una llamada a los servicios de emergencia, lo que sí se reportó fue la ausencia total de intervención policial en los momentos posteriores al incidente.

De acuerdo a versiones no oficiales, la persona secuestrada laboraba dentro del mismo negocio. No se han dado a conocer públicamente su identidad completa ni las posibles razones del secuestro, lo que mantiene en vilo a la comunidad local.

Patrón de inseguridad creciente

Este caso representa el octavo registro de privación ilegal de la libertad en tan solo quince días en la zona. La situación ha generado un clima de preocupación generalizada entre los habitantes, principalmente por la percepción de inacción por parte de las instituciones encargadas de la seguridad pública.