El 20 de junio de 2025, representantes de la Asociación Civil Ex Obreros de Coahuila llevarán a la Cámara de Diputados en la Ciudad de México aproximadamente 3 mil expedientes nuevos de antiguos trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) que buscan obtener una indemnización de 80 mil pesos asociada a la venta de la empresa en 1991.

Nuevos documentos y consolidación de esfuerzos

Según dio a conocer Juan Antonio Ruvalcaba Oviedo, presidente de la asociación, se espera que líderes de otros grupos de ex obreros de diferentes localidades de Coahuila, como Frontera y Castaños, realicen acciones similares. “Ahora con más ganas tenemos qué estar unidos, para que sepan que seguimos en unidad con todas las asociaciones, de los que reclaman la compensación por justicia social”, señaló durante una reunión de su organización.

Los nuevos expedientes se suman a los 4 mil 200 documentos que ya fueron presentados anteriormente en la capital del país. “Ya tenemos la vuelta a la Ciudad de México, con los 3 mil ‘y pico’ de expedientes que se nos acaban de entregar… estuvimos el viernes en Nava y luego estuvimos en Esperanzas, entonces ahorita alcanzamos casi 3 mil expedientes”, comentó el líder.

Reunión de negociación con autoridades

El presidente de la asociación destacó que, al haber entregado ya el documento oficial firmado por todos los representantes a la Secretaría de Gobernación, es momento de estar presentes para participar en las mesas de diálogo. Además, indicó que una de las demandas incluye la inclusión de los hijos de trabajadores fallecidos en los beneficios de la compensación.

El Departamento de Seguridad Nacional (DSN) español ha reconocido en su informe 2024 que la expansión de dispositivos aéreos no tripulados representa un peligro creciente tanto para la sociedad civil como para los entornos militares. Estos aparatos, conocidos como UAS, abarcan desde modelos comerciales accesibles hasta equipos avanzados utilizados para inteligencia y vigilancia.

Riesgos en tiempos de paz y en conflictos armados

El informe destaca que en condiciones normales, estos vehículos pueden afectar la seguridad ciudadana y aeroportuaria. Sin embargo, su impacto letal se ha visto claramente en conflictos como la guerra en Ucrania, donde ambos bandos han integrado drones armados en sus operaciones militares.

Según el documento consultado por Europa Press, ‘el uso ilícito de UAS por grupos terroristas y organizaciones criminales, combinado con su bajo costo, facilidad de operación y dificultad para ser rastreados, plantea un riesgo significativo para actividades aéreas y terrestres’. El DSN también advierte sobre la posibilidad de interferencias graves o pérdidas humanas en eventos multitudinarios si estos dispositivos son empleados con intenciones hostiles.

Desafíos en espacios estratégicos

Las bases aéreas enfrentan un problema crítico por la presencia de estos aparatos, ya que pueden alterar rutas de vuelo, obtener datos sensibles o ser usados con propósitos agresivos, poniendo en peligro tanto la seguridad como el secreto de las operaciones militares. El informe también menciona que se han identificado drones en cercanías de instalaciones nucleares, centros penitenciarios, límites fronterizos y lugares con gran afluencia de personas.

Potencial de uso terrorista

El acceso a UAS recreativos que no requieren registro, fuera del marco establecido por el Real Decreto 2024, podría facilitar su empleo para actividades terroristas. El informe cita específicamente cómo el Estado Islámico ha promocionado el uso de drones cargados con explosivos en su propaganda visual. Además, se han documentado casos de filiales del grupo yihadista empleando estos dispositivos en sus operaciones, así como para recopilar información previa a ataques o grabar los mismos.

Herramientas actuales y futuras necesidades

Según el análisis, los sistemas actuales de inhibición son bastante efectivos contra muchos UAS que operan en frecuencias comerciales. Sin embargo, el informe reconoce que ‘el desarrollo de estos sistemas avanza a un ritmo significativamente más rápido que el de los mecanismos destinados a su detección y neutralización’.

El DSN enfatiza la necesidad de expandir las capacidades de detección e inhibición hacia frecuencias no comerciales e incluso militares. También sugiere actualizar los marcos legales y operativos para mejorar el control de usuarios de UAS, facilitar el intercambio de información internacional y aumentar la protección de infraestructuras de gestión del espacio aéreo.

Iniciativas específicas en España

En el contexto español, las fuerzas de seguridad continúan incorporando equipos de detección de UAS, junto con dispositivos de neutralización como inhibidores móviles. El Sistema Global Contra Drones (SIGLO-CD) ha expandido su red nacional mediante antenas fijas y unidades portátiles que permiten localizar y seguir drones en tiempo real, logrando compatibilidad con otros sistemas de control aéreo.

El programa SUCCAUL, desarrollado por el Ministerio de Defensa, busca fortalecer la vigilancia y control sobre drones pequeños que operan a baja altura y velocidad. ‘Este sistema busca optimizar la seguridad y facilitar una gestión ordenada del espacio aéreo, especialmente en zonas donde la presencia de estas aeronaves es habitual, garantizando su integración de manera eficaz y segura’, indica el informe.

La organización Alanna, dedicada a asistir a víctimas de violencia machista, está impulsando reformas en el sistema judicial para simplificar el proceso legal y evitar que las mujeres deban revivir sus traumas al repetir detalles de sus agresiones durante múltiples etapas del juicio.

Experiencia dolorosa en Vall d’Albaida

Actualmente se desarrolla un juicio en el que cuatro hombres enfrentan cargos por una violación grupal contra una menor en Vall d’Albaida. Cuatro años después del suceso, la víctima ha tenido que revivir los detalles del ataque en el estrado. La jueza del caso pidió a las partes involucradas que mantuvieran respeto durante el interrogatorio y expresó disculpas a la víctima:

“Te vamos a hacer pasar un mal rato, pero es necesario”

, le indicó.

Demandas por protección institucional

Chelo Álvarez, presidenta de Alanna, explicó que las víctimas de violencia machista o sexual suelen tener que repetir múltiples veces su testimonio: ante la Policía al presentar la denuncia, durante la instrucción judicial, posiblemente en exámenes médicos, y finalmente durante el juicio, lo que obstaculiza su recuperación emocional y en algunos casos las hace dudar sobre presentar la denuncia.

Retrasos judiciales que afectan a las víctimas

Álvarez destacó que los retrasos en los procesos judiciales también impactan negativamente en las víctimas, con casos como el de Vall d’Albaida donde han transcurrido cuatro años entre la agresión y el inicio del juicio.

“Al final, las víctimas retiran las denuncias por la agonía de esperar el juicio”

, afirmó.

Opiniones sobre reformas necesarias

Susana Gisbert, fiscal especializada en violencia de género, reconoció que el sistema debería reducir los tiempos y crear mecanismos para evitar repetición de testimonios, aunque destacó la importancia de denunciar.

“Quizá tendríamos que normalizar el hecho de que se haga una prueba preconstituida y no se tenga que repetir durante el juicio”

, señaló.

La catedrática en Derecho Penal, Paz Lloria, consideró que los interrogatorios deberían limitarse a lo estrictamente necesario y realizarse con respeto hacia las víctimas.

“La dilatación del proceso perjudica, tanto a la víctima como al acusado”

, indicó.