Investigación por explotación sexual de adolescentes

La Fiscalía de Uruguay presentó acusaciones contra José González, alcalde de Minas de Corrales en el departamento de Rivera, por presuntos delitos relacionados con la explotación sexual de menores. Junto a otras cinco personas, se ordenó su prisión preventiva por 90 días.

Las investigaciones se iniciaron después de que una adolescente de 17 años proporcionara testimonios sobre abusos sexuales desde su infancia y posterior explotación sexual repetida.

“Según su declaración, comenzó a consumir drogas a los 12 años y, en ese contexto de extrema vulnerabilidad, habría sido inducida a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero, en ocasiones organizadas por una persona adulta”,

indica el comunicado fiscal.

Patrón de abuso sistémico y participación policial

El informe menciona que otras víctimas, entre 13 y 16 años, confirmaron haber tenido relaciones sexuales con adultos a cambio de dinero, regalos o promesas materiales. Una menor incluso habría vivido con un adulto a cambio de apoyo económico para ella y su madre.

La investigación encontró que varios adultos obtenían beneficios económicos de la situación de las adolescentes.

“La investigación reveló la existencia de múltiples adultos que se beneficiaban económicamente de la situación de las adolescentes. Se identificó un patrón reiterado de abuso sistemático, facilitado por el entorno social y, en al menos un caso, por un integrante de las fuerzas policiales que habría utilizado su cargo para concretar actos sexuales con menores, incluso dentro de una seccional”,

continúa el comunicado.

Reacciones políticas y medidas legales

Las declaraciones de las víctimas se obtuvieron mediante entrevistas psicológicas con técnicas forenses, mostrando detalles y consistencia narrativa suficientes para identificar claramente los hechos denunciados.

El grupo político Altivo Esteves, parte del Partido Colorado al que pertenece González, anunció la

“suspensión inmediata” de su afiliación

indicando que estos actos

“representa una inadmisible violación a los valores éticos, morales y cívicos”

del partido.

Decisión judicial suspende artículos clave del decreto presidencial

Un tribunal argentino ha ordenado la suspensión provisional de los artículos 2° y 3° del decreto 340/25 emitido por el presidente Javier Milei. Esta medida judicial, confirmada por fuentes de la AFP, afecta directamente la implementación de normativas que ampliaban la lista de servicios considerados esenciales durante conflictos laborales.

Ampliación de servicios esenciales generó controversia

El decreto original modificaba la definición tradicional de actividades esenciales, que hasta su emisión incluían únicamente servicios sanitarios, hospitalarios, energéticos, abastecimiento de agua y control de tráfico aéreo. Los artículos suspendidos agregaban sectores como transporte marítimo y fluvial, servicios portuarios y aduaneros, educación y telecomunicaciones.

Además, creaba una nueva categoría de actividades de “importancia trascendental” que incluía transporte de personas, construcción, industria alimenticia y gastronomía. Según el texto del decreto, estas actividades debían mantenerse al 75% y 50% respectivamente durante huelgas, bajo riesgo de sanciones para los sindicatos.

Rechazo generalizado de sectores laborales y jurídicos

La medida había enfrentado críticas unánimes de organizaciones sindicales, colegios de abogados laboralistas y centros especializados en derecho. La Confederación General del Trabajo (CGT), principal organización sindical del país, presentó el recurso de amparo que condujo a la decisión judicial.

“La CGT celebró la decisión judicial y reafirmó su compromiso de continuar defendiendo los derechos de los trabajadores.”

Antecedentes de conflictos laborales y decisiones judiciales

Este no es el primer enfrentamiento entre el gobierno de Milei y el poder judicial. En agosto de 2024, la justicia argentina ya había suspendido un decreto similar emitido cuando asumió la presidencia en diciembre de 2023. Esa decisión se encuentra pendiente de revisión por la Corte Suprema.

Desde la asunción de Milei, los sindicatos han llevado a cabo tres paros generales, siendo el último el 10 de abril de este año. El conflicto laboral ha marcado la agenda política y social del país suramericano durante más de un año.

La Universidad Politécnica de Yucatán (UPY) ha sido incorporada oficialmente en la Alianza México Ciberseguro (AMCS), consolidando su compromiso con el fortalecimiento de un ecosistema digital seguro, confiable y resistente en el territorio nacional. Esta acción busca impulsar esfuerzos colectivos orientados a reducir amenazas cibernéticas y salvaguardar los sistemas críticos del país.

Reconocimiento al liderazgo académico en ciberdefensas

Aaron Rosado Castillo, director general de la UPY, señaló que esta inclusión confirma el papel protagónico que desempeña la institución en un área estratégica como la ciberseguridad. La institución recibió la invitación para integrarse a esta coalición nacional debido a su enfoque en posicionar la protección digital como un pilar esencial para el crecimiento sostenible del país y la preservación de los derechos individuales.

Fortalecimiento del frente nacional contra amenazas digitales

Esta adhesión simboliza un avance significativo en la conformación de una estrategia unificada frente a los desafíos cibernéticos, aprovechando el capital académico para robustecer las capacidades de respuesta digital del país. La UPY tendrá un rol activo en los proyectos desarrollados bajo el paraguas de la AMCS, contribuyendo con su expertise para diseñar soluciones integrales.

“Somos conscientes de los retos que enfrenta México en materia de ciberseguridad, y reconocemos la importancia de sumar esfuerzos para mitigar los riesgos asociados a la seguridad de la información y proteger la infraestructura crítica que soporta nuestro tejido social y económico”, asentó Aaron Rosado.

Impulso a una cultura de protección digital

La institución educativa se ha consolidado como un aliado estratégico en la promoción de prácticas seguras, ejecutando programas que refuercen la ciberseguridad dentro de su radio de acción. Su participación en la alianza permitirá compartir recursos y conocimientos especializados, mientras promueve estándares de seguridad reconocidos internacionalmente para garantizar la integridad de sus operaciones digitales.