Iniciativa legislativa para salvaguardar unidades económicas

El representante panista Ricardo Rubio, miembro de la fracción parlamentaria del PAN en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, presentó una iniciativa urgente dirigida al gobierno local para implementar estrategias que protejan a los negocios familiares en riesgo de cierre definitivo.

Datos estadísticos que revelan situación crítica

Durante su discurso formal, el legislador citó un informe conjunto de BBVA e IPADE Business School denominado “Nivel de progreso de las Empresas Familiares”, que revela cómo el 96 por ciento de estas unidades económicas no cuentan con condiciones favorables para continuar operando.

“Estamos hablando de millones de empleos, patrimonios familiares y sueños de generaciones que pueden desaparecer si no actuamos ya”

, alertó el diputado.

Creación de organismo especializado

La propuesta contiene la implementación de una institución específica para el fomento empresarial: el Instituto del Emprendedor Local. Esta entidad tendría como finalidad proporcionar formación profesional, consultoría especializada, apoyo legal y técnico a unidades productivas de pequeño y mediano tamaño, priorizando aquellas con estructura familiar.

“Estas empresas no solo son economía, son comunidad, son identidad, son arraigo”

, enfatizó el legislador.

Visión de políticas públicas efectivas

Rubio destacó que su propuesta busca posicionar a la capital como un referente nacional en políticas públicas que fortalezcan el tejido económico local y preserven la continuidad de miles de negocios tradicionales.

“El Gobierno tiene la obligación de acompañarlos, no de abandonarlos”

, sentenció el representante popular al cerrar su intervención.

Acción legal por presunto despojo de propiedad

El gobierno local interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía capitalina contra la diputada federal Mónica Sandoval, del PRI, acusándola de presunto despojo del edificio ubicado en Peralvillo 75, en la colonia Tepito, zona bajo jurisdicción de la alcaldía Cuauhtémoc.

César Cravioto, titular de la Secretaría de Gobierno local, explicó que el jueves un grupo integrado por la legisladora y su equipo de trabajo ingresó al inmueble sin autorización. El funcionario indicó que el lugar, anteriormente propiedad de la Escuela Libre de Homeopatía, se encuentra bajo análisis para posiblemente convertirse en refugio para personas migrantes.

Confrontación y heridos en el incidente

El secretario describió como “acto de irresponsabilidad e ilegalidad” la entrada forzada de los involucrados al edificio, que resultó en lesiones a dos elementos policiales encargados de custodiar la propiedad. Cravioto señaló que el objetivo del grupo podría haber sido tomar posesión del inmueble de manera ilegal.

“Ya corresponde a la Fiscalía investigar las responsabilidades de quienes irrumpieron violentamente en un espacio que no les pertenece. Quien entra a la fuerza a un inmueble ajeno comete el delito de despojo”, sostuvo el funcionario.

Acuerdo con institución educativa

El secretario detalló que hace un mes se estableció un convenio con los propietarios de la universidad, quienes entregaron el inmueble a cambio de otro espacio disponible en la ciudad. Sin embargo, los dueños aún evalúan las opciones proporcionadas por el gobierno local.

“La institución educativa revisará varias propiedades que posee el gobierno de la ciudad y seleccionará la que prefiera. Mientras tanto, mantenemos el edificio actual bajo resguardo”, enfatizó Cravioto.

Antecedentes de los involucrados

El funcionario reveló que los participantes en la protesta, incluyendo a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y la legisladora federal, ya habían ocupado ilegalmente el predio anteriormente. Estas personas cuentan con antecedentes penales por invasión de propiedad.

“Son los mismos que invadieron este lugar cuando la universidad dejó de operar aquí y que fueron desalojados hace algunos meses. Ahora regresan con pretensiones similares”, denunció el secretario.

Exrector universitario advierte sobre irregularidades en posible prórroga

Raúl Arias Lovillo, exdirector de la Universidad Veracruzana, manifestó públicamente que cualquier ampliación del periodo del actual titular institucional, Martín Aguilar Sánchez, carecería de fundamento legal si se realiza sin seguir los protocolos establecidos por la normativa universitaria.

El exfuncionario académico enfatizó que el proceso de selección del rector debe incluir necesariamente la apertura de convocatorias, revisión de perfiles y evaluación de todos los interesados, incluyendo al actual encargado del cargo.

Normatividad debe aplicarse a todos por igual

“La prórroga no es un papelito que se entregue ahí en la oficina de los miembros de la Junta de Gobierno. Hay un proceso establecido claramente en la normatividad universitaria que debe cumplirse”, aseguró Arias Lovillo durante una conversación con medios de comunicación.

El exrector recordó que cuando él y otros exdirectivos universitarios buscaron mantenerse en el cargo, se sometieron al proceso completo de selección. “Si eso se elimina —la convocatoria, la revisión de proyectos—, entonces la Junta de Gobierno se convierte en un instrumento para formalizar una decisión ya tomada”, puntualizó.

Posible impacto legal y académico

El también exrector señaló que omitir el procedimiento regular podría derivar en controversias legales que afectarían negativamente a la institución educativa. “Lo más perjudicado será la Universidad Veracruzana”, vaticinó.

En relación al tema de requisitos, Arias Lovillo comentó que el rector actual no cumple con el límite de edad establecido, pero podría solicitar una exención y posteriormente participar en el proceso competitivo como cualquier otro candidato interesado.

Críticas al rumbo institucional

Además de cuestionar la legalidad del posible movimiento, el exdirector universitario expresó preocupación por el estado académico actual de la institución. “Antes se decía con orgullo: ‘soy de la Universidad Veracruzana’. Hoy no es igual”, lamentó.

Criticó específicamente el programa de aulas híbridas, al que consideró un fracaso y un gasto injustificado. “Están completamente deterioradas, nunca sirvieron para nada, fue un gasto insustancioso”, sentenció.

Contexto institucional y político

El exrector destacó que en su gestión la institución alcanzó reconocimientos por su vinculación con el sector productivo, situación que asegura no se repite actualmente. “Hoy, ni pensar en eso. No se hace nada”, afirmó.

Finalmente, expresó su preocupación por las señales que indican un debilitamiento de organismos autónomos en el país, y llamó a la comunidad académica a defender la legalidad y autonomía universitaria.

“Hoy más que nunca hay que alzar la voz. No podemos callar frente a una decisión que afecta la legalidad y el futuro de nuestra Universidad Veracruzana”