Propuesta legislativa con impacto transnacional
El paquete fiscal estadounidense actualmente en discusión en el Senado contempla un régimen de impuestos diferenciado para inversores de países que Estados Unidos clasifica como impositivamente injustos. Esta política, aprobada por la Cámara Baja el 22 de mayo, afectaría particularmente a naciones como Canadá, Reino Unido, Francia y Australia, señaladas por sus gravámenes a servicios digitales ofrecidos por corporaciones tecnológicas globales.
Modificaciones a tratados históricos
El proyecto de ley representa un cambio significativo en las relaciones fiscales bilaterales establecidas durante décadas entre Estados Unidos y sus aliados tradicionales. La iniciativa refleja la política exterior agresiva del presidente Donald Trump, quien ha mostrado disposición para revisar acuerdos internacionales consolidados.
“Se podría calificar como un impuesto de represalia contra lo que Estados Unidos percibe como cargas impositivas injustas aplicadas a corporaciones estadounidenses en otros países”, señaló Robert Kepes, experto fiscal del bufete Morris Kepes Winters LLP.
Amplia cobertura de afectaciones
La disposición conocida como Sección 899 incrementaría progresivamente las tasas impositivas sobre rentas pasivas obtenidas en suelo estadounidense, incluyendo dividendos, intereses y regalías. El aumento inicial sería del 5%, con incrementos anuales de 5 puntos hasta alcanzar un máximo de 20 puntos porcentuales adicionales.
El análisis de Greenberg Traurig LLP destaca que esta medida “anula efectivamente obligaciones previas derivadas de tratados fiscales, marcando una ruptura significativa con compromisos históricos”. Esto afectaría incluso a instituciones gubernamentales como bancos centrales, actualmente exentos de retenciones.
Impacto económico calculado
Según cálculos de la Asociación de Gestión de Valores e Inversiones de Canadá, la implementación de esta política generaría un costo adicional de 81,000 millones de dólares canadienses (equivalentes a 59,000 millones de dólares estadounidenses) para inversores canadienses durante siete años.
La propuesta incluye un mecanismo que obliga al gobierno estadounidense a identificar formalmente a los países con regímenes fiscales considerados injustos, otorgando tiempo para que negocien su exclusión del impuesto.
Posiciones institucionales y empresariales
La Alianza Empresarial Global ha advertido que “esta iniciativa invitaría a una guerra fiscal global, dañando la credibilidad estadounidense y poniendo en peligro inversiones”. El grupo destacó que “las consecuencias económicas recaerían principalmente sobre trabajadores estadounidenses”.
El gobierno canadiense mantiene un impuesto del 3% sobre servicios digitales que afecta a empresas tecnológicas estadounidenses con ingresos superiores a 20 millones de dólares canadienses en territorio canadiense, incluyendo a Meta y Alphabet Inc.
El ministro de Finanzas canadiense, François-Philippe Champagne, declaró que “cada país es soberano para determinar su política fiscal, aunque siempre se consideran las acciones de otras naciones”.
Países europeos como Francia, Reino Unido e Italia implementaron impuestos similares durante el primer periodo presidencial de Trump, lo que generó tensiones con corporaciones estadounidenses y con el propio presidente, quien amenazó con retaliaciones arancelarias.