Reformas orientadas a desarticular prácticas corruptas
El diputado Gerardo Pliego ha presentado un conjunto de iniciativas destinadas a transformar radicalmente el sistema de contralorías municipales con el objetivo de combatir la corrupción. El análisis surgió en el marco de la extinción de un instituto de transparencia que, según sus palabras, ‘se fue viciando y no ha dado el resultado esperado’.
La propuesta se centra en dos aspectos fundamentales: la autonomía de los contralores y la agilización de los procesos de rendición de cuentas. Actualmente, los contralores son designados directamente por los presidentes municipales, situación que, según el legislador, limita su independencia al señalar que ‘el subordinado no va a actuar nunca para ventilar las malversaciones de su jefe’.
Rediseño del sistema de contralorías
Entre las modificaciones propuestas, destaca la necesidad de cambiar el mecanismo de selección de los contralores municipales. Pliego sugirió que estos cargos sean gestionados por el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), con el fin de establecer un sistema de supervisión efectivo sobre el uso de recursos públicos. Esta figura actuaría como ‘un verdadero observatorio de los municipios’.
Además, se busca simplificar los trámites para reportar irregularidades y aplicar sanciones de manera más rápida. ‘Anteriormente, los ciudadanos solicitaban información a un instituto que, a su vez, la pedía a la dependencia correspondiente para luego responder al solicitante, un camino que es innecesariamente largo’, explicó el legislador.
Tras la desaparición del instituto de transparencia
El diputado defendió la extinción del instituto estatal de acceso a la información, atribuyendo su cierre a los ‘excesos’ en el manejo de recursos por parte de sus comisionados. Pliego destacó que la autonomía y presupuesto independiente permitieron el uso discrecional de fondos, incluyendo controversias por viajes y otros gastos.
El legislador confirmó que las funciones de transparencia se redistribuirán entre las contralorías municipales, los órganos de control interno de organismos públicos y la Secretaría de la Contraloría. ‘Estas medidas buscan no solo garantizar el acceso a la información, sino también fortalecer la fiscalización y castigar la corrupción de manera más expedita’, enfatizó.
Pliego reconoció que, aunque existen múltiples denuncias de corrupción, la falta de sanciones concretas ha generado escepticismo sobre si estas situaciones son un ‘mito’ o una realidad que requiere reparación. Aunque los procedimientos de fiscalización están en marcha con el OSFEM, admitió que ‘la burocracia inherente al sistema hace que la aplicación de la ley y las sanciones sean largas y tardadas’.