El silencio que siguió a los disparos

El 30 de mayo de 1984, mientras las calles de la Ciudad de México bullían con la salida de oficinistas, el periodista Manuel Buendía Téllez-Girón fue cobardemente abatido a balazos. Su columna ‘Red Privada’, publicada en más de veinte periódicos, había convertido al periodista en un incómodo escudriñador de redes de poder, corrupción gubernamental y narcotráfico.

De seminario a crónica roja

Nacido en Zitácuaro, Michoacán, en 1926, Buendía inició su vida académica en el seminario de Morelia antes de trasladarse a la capital en 1942. Su carrera periodística comenzó en La Nación, órgano del PAN, pero fue en La Prensa donde debutó en temas policiales y enfrentó su primera censura. Posteriormente se consolidó en El Universal y Excélsior con investigaciones que incomodaron al poder político.

Contexto de crisis y represión

Las décadas de 1960 y 1970 habían dejado a México inmerso en crisis económica y política. Durante los sexenios de Echeverría y López Portillo, la corrupción se hizo patente con casos como el del polémico Arturo Durazo. La llamada ‘renovación moral’ de De la Madrid resultó ser un mero espectáculo mediático que no logró erradicar las conexiones entre autoridades y delincuencia organizada.

El asesinato y sus sombras

Buendía recibía amenazas constantes y portaba armas de defensa personal. El día de su muerte, cinco disparos en la espalda acabaron con su vida. Aunque inicialmente se señaló a Rafael Moro Ávila y José Luis Ochoa como autores materiales, el caso dio un giro en 1989 con la detención de José Antonio Zorrilla Pérez, jefe de la DFS, quien fue liberado en 2009 siendo considerado por muchos como un chivo expiatorio.

Teorías que persisten

Entre las principales hipótesis sobre el crimen destaca la posible responsabilidad de Rubén Figueroa Alcocer, exgobernador de Guerrero, por las múltiples denuncias de Buendía contra su administración. Otra teoría apunta a una alianza entre crimen organizado y altos funcionarios, incluyendo a Manuel Bartlett Díaz. También se ha investigado la conexión con operaciones de grupos de ultraderecha y el cártel de Guadalajara en la Universidad Autónoma de Guadalajara.

La sombra de la CIA

En 1999, Ángel Buendía, hermano del periodista, publicó una investigación afirmando que el crimen fue ordenado por la CIA para proteger conexiones entre narcotráfico mexicano, agentes estadounidenses y funcionarios mexicanos involucrados en operaciones ilegales en Nicaragua. ‘El homicidio de Manuel Buendía no fue solo un crimen contra un periodista, sino el inicio de una violencia sistemática contra la prensa crítica en México’, señaló Miguel Ángel Granados Chapa.

Un legado de impunidad

Forty-one years after his murder, the crime remains unpunished. This tragedy marked a turning point for Mexican journalism, exposing the fragility of individual rights against criminal interests and corrupt elites. As stated by the author, ‘Buendía’s death was a prelude to the hundreds of journalists killed in the 21st century for challenging power and speaking truths others feared to utter.’

El traslado del aeropuerto internacional

Javier Jiménez Espriú ocupó el cargo de secretario de Comunicaciones y Transportes durante el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, luego de que se decidiera cancelar el NAIM y reubicar el aeropuerto en Santa Lucía, junto con Sergio Samaniego.

Colaboradores en el proyecto de infraestructura

El equipo responsable de llevar a cabo los grandes proyectos de infraestructura del gobierno federal estuvo conformado por diversos personajes, entre ellos Jorge Arganis, Jorge Nuño Lara y Jorge Mendoza, este último reclutado a pesar de su trayectoria neoliberal.

Conexiones y trayectorias en Pemex y Caminos y Puentes

Jorge Arganis fungió como titular de Pemex PTI, Infraestructura de Desarrollo, encargándose del proyecto de la refinería Olmeca. En su trayectoria, su exesposa Guadalupe Cano Herrera ocupó el cargo de oficial mayor en Caminos y Puentes Federales, acompañada por Román García Álvarez, quien posteriormente llegó a la SCT en 2020, como sustituto de Jiménez Espriú.

Salud y responsabilidades en la SCT

Cabe destacar que tanto Arganis como García Álvarez enfrentaron problemas de salud en los últimos años, incluyendo contagios de Covid-19 y un tratamiento contra un tumor en el páncreas. Pese a ello, García Álvarez, mientras estaba al frente de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, gestionó la revisión de concesiones y fideicomisos carreteros.

El caso del Viaducto Bicentenario

En octubre de 2020, apenas días antes de su fallecimiento, Román García Álvarez dio continuidad a instrucciones superiores, firmando un convenio que permitió al gobierno estatal conceder el Viaducto Bicentenario al gobierno del Estado de México. Esta estructura, segundo piso de la autopista México-Querétaro entre Toreo de Cuatro Caminos y Tepalcapa, había estado operada por un particular durante una década, generando ingresos por diez mil millones de pesos, según el abogado Paulo Díez Gargari.

Cuestionamientos legales y responsabilidades

Díez Gargari señaló que la concesión otorgada en 2011 a OHL por parte del gobierno estatal violó la Ley General de Bienes Nacionales, y que el convenio del 2020 podría ser anulado. Sin embargo, los actuales responsables de la secretaría de movilidad mexiquense y de la junta estatal de caminos no han emitido declaraciones al respecto, a pesar de estar directamente involucrados.

Denuncias de corrupción y sobornos

La secretaría encabezada por Ariel Juárez enfrenta acusaciones internas por presunta corrupción y cobro de “moches”, sin que haya tenido un pronunciamiento público. Adicionalmente, se han presentado nuevas evidencias relacionadas con las actividades empresariales de Julia Abdalá Lemus durante el periodo en que Manuel Bartlett Díaz estuvo al frente de la Comisión Federal de Electricidad.

El esquema de seguros de CFE

El programa de seguros de incendios, catástrofes y responsabilidad civil de la Comisión Federal de Electricidad implicó erogaciones anuales superiores a los mil seiscientos millones de pesos. Seguros Inbursa y GMX Seguros fueron los principales proveedores en el sexenio anterior. Sin embargo, se presume que Jorge Luis Águila, por medio de Abdalá Lemus, participó en la selección de intermediarios internacionales para dichas pólizas. Las investigaciones apuntan a los despachos Reinsurance Consulting y Star Reinsurance, y se especula sobre la existencia de registros del dinero entregado a través de estos.

Procedimientos de sanción por difusión de propaganda electoral no autorizada

La Comisión de Quejas del IECM puso en marcha tres procesos disciplinarios y estableció medidas preventivas contra aspirantes al Poder Judicial de la Ciudad de México. La acción se fundamenta en sospechas sobre su involucramiento en la difusión de materiales promocionales no permitidos, identificados como ‘acordeones’.

Los involucrados identificados son Elihú “C.”, Gerardo “B.” y Daniela Alejandra “L.”, quienes aparecen mencionados en los documentos señalados. Dos de los casos surgieron a partir de denuncias ciudadanas, mientras que el tercero fue iniciado automáticamente tras observaciones de la Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión.

Características de los materiales prohibidos

“Los tres asuntos están relacionados con la presunta elaboración y circulación de materiales conocidos como acordeones, que contienen listados de personas candidatas y sus respectivos números de identificación en la boleta electoral. Estos materiales presuntamente han sido distribuidos a través de aplicaciones de mensajería, redes sociales y sitios web, lo que podría constituir una forma sistemática de promoción indebida y alterar las condiciones de equidad en la contienda”

, declaró el organismo regulador.

Restricciones impuestas a los candidatos

Entre las medidas adoptadas, se encuentra la prohibición para los postulantes de impulsar, reproducir o hacer circular directamente o mediante terceros los llamados ‘acordeones’, o cualquier otro documento con listados de aspirantes con intención de manipular la decisión electoral.

Además, se extendió la advertencia a organizaciones, colectivos y grupos afines a las candidaturas para que dejen de producir o difundir estos materiales.

Consideraciones sobre medios de comunicación

El organismo reconoció la importancia de la libertad de expresión periodística, pero recomendó a los medios de comunicación evitar reproducir textualmente los contenidos de los listados, especialmente cuando eso pudiera favorecer a candidaturas específicas o influir en la orientación del voto ciudadano.