El traslado del aeropuerto internacional

Javier Jiménez Espriú ocupó el cargo de secretario de Comunicaciones y Transportes durante el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, luego de que se decidiera cancelar el NAIM y reubicar el aeropuerto en Santa Lucía, junto con Sergio Samaniego.

Colaboradores en el proyecto de infraestructura

El equipo responsable de llevar a cabo los grandes proyectos de infraestructura del gobierno federal estuvo conformado por diversos personajes, entre ellos Jorge Arganis, Jorge Nuño Lara y Jorge Mendoza, este último reclutado a pesar de su trayectoria neoliberal.

Conexiones y trayectorias en Pemex y Caminos y Puentes

Jorge Arganis fungió como titular de Pemex PTI, Infraestructura de Desarrollo, encargándose del proyecto de la refinería Olmeca. En su trayectoria, su exesposa Guadalupe Cano Herrera ocupó el cargo de oficial mayor en Caminos y Puentes Federales, acompañada por Román García Álvarez, quien posteriormente llegó a la SCT en 2020, como sustituto de Jiménez Espriú.

Salud y responsabilidades en la SCT

Cabe destacar que tanto Arganis como García Álvarez enfrentaron problemas de salud en los últimos años, incluyendo contagios de Covid-19 y un tratamiento contra un tumor en el páncreas. Pese a ello, García Álvarez, mientras estaba al frente de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, gestionó la revisión de concesiones y fideicomisos carreteros.

El caso del Viaducto Bicentenario

En octubre de 2020, apenas días antes de su fallecimiento, Román García Álvarez dio continuidad a instrucciones superiores, firmando un convenio que permitió al gobierno estatal conceder el Viaducto Bicentenario al gobierno del Estado de México. Esta estructura, segundo piso de la autopista México-Querétaro entre Toreo de Cuatro Caminos y Tepalcapa, había estado operada por un particular durante una década, generando ingresos por diez mil millones de pesos, según el abogado Paulo Díez Gargari.

Cuestionamientos legales y responsabilidades

Díez Gargari señaló que la concesión otorgada en 2011 a OHL por parte del gobierno estatal violó la Ley General de Bienes Nacionales, y que el convenio del 2020 podría ser anulado. Sin embargo, los actuales responsables de la secretaría de movilidad mexiquense y de la junta estatal de caminos no han emitido declaraciones al respecto, a pesar de estar directamente involucrados.

Denuncias de corrupción y sobornos

La secretaría encabezada por Ariel Juárez enfrenta acusaciones internas por presunta corrupción y cobro de “moches”, sin que haya tenido un pronunciamiento público. Adicionalmente, se han presentado nuevas evidencias relacionadas con las actividades empresariales de Julia Abdalá Lemus durante el periodo en que Manuel Bartlett Díaz estuvo al frente de la Comisión Federal de Electricidad.

El esquema de seguros de CFE

El programa de seguros de incendios, catástrofes y responsabilidad civil de la Comisión Federal de Electricidad implicó erogaciones anuales superiores a los mil seiscientos millones de pesos. Seguros Inbursa y GMX Seguros fueron los principales proveedores en el sexenio anterior. Sin embargo, se presume que Jorge Luis Águila, por medio de Abdalá Lemus, participó en la selección de intermediarios internacionales para dichas pólizas. Las investigaciones apuntan a los despachos Reinsurance Consulting y Star Reinsurance, y se especula sobre la existencia de registros del dinero entregado a través de estos.

Procedimientos de sanción por difusión de propaganda electoral no autorizada

La Comisión de Quejas del IECM puso en marcha tres procesos disciplinarios y estableció medidas preventivas contra aspirantes al Poder Judicial de la Ciudad de México. La acción se fundamenta en sospechas sobre su involucramiento en la difusión de materiales promocionales no permitidos, identificados como ‘acordeones’.

Los involucrados identificados son Elihú “C.”, Gerardo “B.” y Daniela Alejandra “L.”, quienes aparecen mencionados en los documentos señalados. Dos de los casos surgieron a partir de denuncias ciudadanas, mientras que el tercero fue iniciado automáticamente tras observaciones de la Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión.

Características de los materiales prohibidos

“Los tres asuntos están relacionados con la presunta elaboración y circulación de materiales conocidos como acordeones, que contienen listados de personas candidatas y sus respectivos números de identificación en la boleta electoral. Estos materiales presuntamente han sido distribuidos a través de aplicaciones de mensajería, redes sociales y sitios web, lo que podría constituir una forma sistemática de promoción indebida y alterar las condiciones de equidad en la contienda”

, declaró el organismo regulador.

Restricciones impuestas a los candidatos

Entre las medidas adoptadas, se encuentra la prohibición para los postulantes de impulsar, reproducir o hacer circular directamente o mediante terceros los llamados ‘acordeones’, o cualquier otro documento con listados de aspirantes con intención de manipular la decisión electoral.

Además, se extendió la advertencia a organizaciones, colectivos y grupos afines a las candidaturas para que dejen de producir o difundir estos materiales.

Consideraciones sobre medios de comunicación

El organismo reconoció la importancia de la libertad de expresión periodística, pero recomendó a los medios de comunicación evitar reproducir textualmente los contenidos de los listados, especialmente cuando eso pudiera favorecer a candidaturas específicas o influir en la orientación del voto ciudadano.

Seguro obligatorio para usuarios de transporte

El diputado local Andrés Sánchez Miranda presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para establecer un seguro obligatorio que cubra a usuarios del transporte público víctimas de robo. La propuesta busca modificar el Artículo 90 de la Ley de Movilidad local, ampliando la cobertura actual que solo opera en casos de accidentes viales.

Según el legislador del Partido Acción Nacional, las actuales medidas de protección son insuficientes ante la alta incidencia de asaltos en unidades, estaciones y andenes.

“El seguro deberá cubrir al menos el daño ocasionado a su persona o al patrimonio, porque la seguridad no sólo es un tema de operatividad o de mantenimiento también es un tema de justicia”

, señaló durante su intervención en el recinto legislativo.

Alcaldías con mayor índice delictivo

Los datos del Observatorio Nacional Ciudadano revelan que Cuauhtémoc lidera las denuncias por robos en transporte público, concentrando el 24.6% de los casos reportados entre enero y mayo de 2024. Paralelamente, Benito Juárez mostró un incremento del 32% en este delito durante los primeros meses de 2025 comparado con el año anterior.

Porcentaje de usuarios inseguros

Estudios estadísticos indican que el 80% de los usuarios del transporte capitalino manifiesta sensación de inseguridad al utilizar el servicio. El legislador destacó que la tarjeta de movilidad integrada podría funcionar además como mecanismo de protección ciudadana,

“La movilidad es un derecho y el derecho a moverse no debe de ser ejercido con miedo”

, enfatizó.