Colapso tecnológico y fiscalidad opresiva
La Presidente Claudia Sheinbaum enfrenta un escenario de múltiples crisis, donde se entrelazan la precariedad de las finanzas públicas, el riesgo de estancamiento económico, presiones internacionales y una inseguridad que no cesa. En este contexto, se suma la creciente problemática en los sistemas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que ha generado serias afectaciones al tejido económico nacional.
Empresarios de todos los tamaños denuncian constantes interrupciones en los servicios digitales del SAT. Errores técnicos recurrentes como caídas del portal, lentitud en cargas, ventanas que se cierran inesperadamente y datos que no se visualizan correctamente, se han convertido en una constante. Esta situación se agrava en momentos críticos como la presentación de la Declaración Anual, donde la saturación del sistema impide realizar trámites esenciales.
Problemas estructurales en recaudación
El caso más grave se presenta con los certificados digitales necesarios para la facturación electrónica. La falla en el Certificado de Sello Digital (CSD) ha impedido a comerciantes emitir facturas válidas, afectando directamente sus operaciones. “El famoso ‘timbrado’ es indispensable para que las facturas digitales tengan validez oficial”, señalan expertos contables.
La modernización del portal del SAT en febrero de 2025 generó más confusión que mejoras. Usuarios reportan dificultades para localizar funciones esenciales, mientras que el personal del SAT parece desconocer el funcionamiento de los nuevos sistemas, incapaz de brindar orientación adecuada.
Retrasos y obstáculos en devoluciones
Un patrón preocupante se ha establecido: el SAT solicita documentación adicional no prevista en normas vigentes para procesar devoluciones de impuestos. Esto ha generado la percepción de un “terrorismo fiscal”, con datos que muestran una reducción drástica en reintegros: de los 67,000 millones de pesos devueltos en 2024, apenas se alcanzaron 15,000 millones en abril de 2025.
Organizaciones empresariales señalan que estas exigencias burocráticas adicionales actúan como mecanismos para frenar o dilatar las devoluciones de saldos a favor, afectando la liquidez de miles de empresas.
Impacto en PyMEs y cierre de negocios
Según estudios del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la carga fiscal representa un peso desproporcionado para las pequeñas y medianas empresas, que generan el 52% del PIB nacional. Estas empresas, que constituyen el 99.8% del total en México, son las más vulnerables ante las fallas administrativas y la presión tributaria.
Estadísticas oficiales revelan que durante la pandemia (mayo 2019 a septiembre 2020), casi un millón de PyMEs cerraron sus puertas. Aunque muchos atribuyen este cierre masivo a la crisis sanitaria, expertos coinciden en que la carga impositiva y los obstáculos administrativos fueron factores determinantes en muchos casos.
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