El gobernador de Zacatecas, David Monreal, informó un aumento del 5% en los salarios de los trabajadores de la administración estatal, incluyendo tanto a empleados sindicalizados como de confianza, el cual entrará en vigor en julio de 2025.

Además del porcentaje general, se estableció un incremento en el bono de despensa de 200 pesos para los sindicalizados, elevando este monto de 2 mil 700 a 2 mil 900 pesos. Para el personal de confianza, cuyo bono actual es de 1 mil 500 pesos, se aplicará un aumento del 100%, medida destinada a cubrir una importante brecha salarial existente en este sector.

Compromiso de mejora laboral

“He sostenido reuniones con diversas áreas que conforman el Gobierno del Estado, escuchando ideas, propuestas y necesidades de quienes laboran todos los días por el bienestar de Zacatecas y, gracias al orden financiero que hemos logrado, ahora es posible otorgar estos beneficios a la clase trabajadora”, aseguró el mandatario.

Monreal destacó que esta medida forma parte de la Agenda del Bienestar impulsada en el estado, reafirmando su compromiso de mejorar las condiciones laborales del personal de servicio público. El aumento salarial, que se aplica a partir del próximo mes de julio, beneficiará tanto a trabajadores sindicalizados, considerando acuerdos recientes, como a empleados de confianza que no recibían incrementos desde hace siete años.

Anuncio

Mejoras adicionales y proyecciones

El gobierno anunció que se analizarán los casos de mayor vulnerabilidad dentro de la nómina estatal para aplicar aumentos superiores al 5% en dichas situaciones. El gobernador reconoció el esfuerzo de los empleados públicos por su contribución en sectores clave como infraestructura, educación, salud y carreteras.

El mandatario invitó a todos los empleados públicos a unir fuerzas en favor de Zacatecas durante la etapa final de su gestión. Señaló avances significativos en materia de seguridad, posicionando a Zacatecas como uno de los estados más seguros del país y modelo a seguir en otras regiones de México.

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, reveló que las conversaciones con Estados Unidos para eliminar el impuesto del 25% sobre acero y aluminio mexicano continúan sin establecer fechas límite. Durante una rueda de prensa tras el lanzamiento de una convocatoria del IMPI, el funcionario destacó que imponer un ultimátum “no corresponde a una verdadera negociación”.

Avances y obstáculos en las negociaciones

“Estamos en la etapa más avanzada de discusiones”, aseguró Ebrard, quien mantiene comunicación constante con autoridades comerciales estadounidenses. El secretario presentó datos matutinos sobre el comercio de productos derivados de estos metales, destacando que México exporta solo 100,000 toneladas anuales de aluminio a su vecino del norte.

“¿Por qué aplicar un arancel tan elevado si somos socios comerciales?”, cuestionó, considerando que “muchísimos argumentos” respaldan su posición. No obstante, reconoció que los disturbios geopolíticos entre Oriente Medio han retrasado encuentros técnicos, aunque expresó confianza: “Espero que pronto tengamos una resolución”.

Impacto de conflictos internacionales

“Es difícil estimarlo en este momento, porque no sabemos, primero Estados Unidos dice que no está en guerra, bueno, es la versión oficial, no sabemos si va a ser, ayer se había anunciado un cese al fuego, en fin, es un poco incierto hoy contestar esa pregunta, porque no sabemos qué duración o amplitud va a tener”, por lo que dijo, “hay que esperar”.

Respecto a la coyuntura internacional, el funcionario destacó que “primero debemos conocer la magnitud y duración de estos eventos antes de calcular sus efectos económicos”.

Anuncio

Retos demográficos y económicos

Ebrard también abordó aspectos estructurales de la economía nacional: “Contamos con 130 millones de habitantes, con una edad promedio de entre 29 y 30 años. Esto contrasta con nuestro principal socio comercial, cuya población supera los 40 años de edad promedio”.

El secretario enfatizó la ventana de oportunidad que representa esta diferencia generacional: “Tenemos aproximadamente diez años para transformar significativamente nuestra economía y aumentar nuestro valor agregado”.

Entrada en vigor de nuevas disposiciones

El Diario Oficial de la Federación anunció este martes que a partir del primero de julio de 2025 comenzará a operar un programa experimental destinado a integrar al régimen de seguridad social a quienes laboran en plataformas digitales.

Este mecanismo permitirá que trabajadores que prestan servicios mediante aplicaciones tecnológicas obtengan acceso a beneficios de salud y seguridad social a través del IMSS, cumpliendo con una demanda histórica de este sector laboral.

Requisitos para empresas tecnológicas

Las compañías que operan plataformas digitales deberán registrarse ante el instituto como empleadores especializados. Esta inscripción podrá realizarse a nivel nacional o por cada una de las unidades regionales del seguro social.

Además de este registro, las empresas tendrán la obligación de afiliar a sus trabajadores, garantizando como mínimo el salario diario establecido para la Ciudad de México. La actualización de listados con altas y bajas de personal se deberá realizar en los primeros cinco días del mes siguiente al periodo de referencia.

Anuncio

Protección en casos de accidentes laborales

Las personas que sufran incidentes durante su jornada laboral mantendrán derecho a cobertura médica independientemente de sus ingresos mensuales. En estos casos, las empresas deberán mantener su responsabilidad de asegurar a los trabajadores durante el periodo de recuperación.

Para quienes no alcancen el ingreso mínimo mensual establecido por ley, se establece la posibilidad de afiliarse de manera voluntaria al régimen general de trabajadores independientes, manteniendo así acceso a servicios médicos.

Consideraciones especiales

Quienes ya reciban pensiones conforme a la legislación vigente podrán mantener este derecho sin que se vea afectado su nuevo estatus como trabajadores de plataformas digitales.

El programa piloto tendrá una duración de 180 días posteriores a su implementación, periodo durante el cual se evaluarán resultados para formular propuestas legislativas que detallen aspectos prácticos de aplicación, las cuales deberán presentarse ante el Congreso de la Unión para su análisis y posible aprobación.

Anuncio