Llamado urgente a instituciones judiciales

Organizaciones de Madres Buscadoras, familiares y ciudadanos solidarios han redoblado esfuerzos para exigir justicia en el caso de Mayra Itzel Arteaga Cerón, cuya desaparición se registró el 27 de junio de 2019 en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. En un comunicado difundido el lunes 9 de junio de 2025, los firmantes expresaron su preocupación por posibles vacíos en el sistema de justicia.

“Cada día sin justicia vulnera los derechos de Mayra y envía un mensaje de abandono institucional”, sostuvo el pronunciamiento colectivo. La familia denunció que, pese a contar con tres personas detenidas, existe temor legítimo sobre posibles fallos en el esclarecimiento total del caso.

Exigencias específicas a autoridades

El documento plantea una serie de demandas concretas dirigidas al Poder Judicial, entre ellas actuar con “firmeza, transparencia y responsabilidad”. Los activistas destacaron que el proceso legal ha sido extremadamente complicado, evidenciando la necesidad de instituciones más eficaces que garanticen el debido proceso y la protección de víctimas.

El texto enfatizó la importancia de “escuchar a las víctimas y castigar con todo el peso de la ley a quienes resulten responsables”, en un contexto donde la impunidad en delitos contra mujeres continúa siendo un problema crítico a nivel nacional.

Simbolismo y movilización social

Para mantener viva la memoria de la joven desaparecida, el comunicado finaliza con el lema “Ni una más. Justicia para Mayra Itzel Arteaga Cerón”, acompañado del hashtag #TodosSomosMayra. Esta campaña busca movilizar a la sociedad civil y visibilizar la urgencia de reformas en el sistema de justicia.

Operación contra bandas dedicadas al despojo inmobiliario

Once individuos fueron detenidos y vinculados a proceso por su participación en actividades de despojo de propiedades en el Estado de México. La acción forma parte de la Operación Restitución y la Estrategia para la Restitución de la Propiedad implementada por las autoridades estatales.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que los detenidos operaban de forma individual o coordinada, logrando la ocupación ilegal de viviendas, locales comerciales y predios industriales. Entre los detenidos, cinco pertenecían a la organización ‘Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales’ (USON), activa en diversos municipios mexiquenses.

Municipios afectados por estos grupos criminales

Según las investigaciones, los grupos operaban en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huehuetoca, Tecámac, Tlalnepantla y Zumpango. ‘La Fiscalía del Edomex explicó que el grupo autodenominado GOPEZ, “con apoyo del anterior gobierno municipal de Ecatepec”, generaban supuestos alertamientos policiales derivado de reportes anónimos’, indicó la dependencia.

Modus operandi de las bandas

El mecanismo de acción de estos grupos consistía en generar reportes falsos que desencadenaban operativos policiales. Durante estos operativos, los propietarios legítimos eran desalojados para entregar las propiedades a miembros de las organizaciones criminales.

Entre los detenidos figura Hugo Francisco “N”, líder del grupo ‘Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata (GOPEZ)’, acusado de extorsión en Ecatepec. Otros nombres destacados son José Carmelo “N”, Gabriela “N”, Ulises “N”, Juan Alberto “N” y José Manuel “N”, todos relacionados con actos de despojo y extorsión en distintas colonias de Tecámac y Ecatepec.

Otras organizaciones vinculadas

Además de USON y GOPEZ, se identificaron otras bandas criminales como ‘Unión 300’, cuyos miembros procesados son Alberto Eduardo “N” y Jorge “N”, supuestamente vinculados con Luis “N”, conocido como El Conejo. El grupo ‘Sindicato 22 de octubre’ también está involucrado, representado por Lourdes Yohana “N” y Víctor Heladio “N”, alias ‘El Taz’.

Una figura destacada es Brandon Salvador “N”, apodado ‘El Gastoncito’, presunto líder de ‘Los Gastones’ y acusado de delitos contra la salud y lavado de dinero. Las autoridades también anunciaron que cinco empleados del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) enfrentarán cargos, incluyendo directivos de Desarrollo Urbano en Coacalco y Lerma, así como una funcionaria de Chimalhuacán.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció medidas restrictivas contra los descendientes del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, conocidos en medios y documentos oficiales como ‘Los Chapitos’. Estos individuos están vinculados con una rama operativa del Cártel de Sinaloa, organización dedicada al tráfico internacional de estupefacientes.

Detalles de la acción gubernamental estadounidense

La dependencia federal estadounidense responsable de la implementación de sanciones económicas y el control de actividades financieras ilícitas ha incluido en su lista negra a estos cuatro sujetos relacionados con el hijo mayor del exjefe del cartel sinaloense. Esta designación implica restricciones sobre cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe transacciones comerciales con ciudadanos o empresas de ese país.

Contexto del Cártel de Sinaloa

La organización criminal a la que pertenecen los individuos sancionados mantiene presencia en múltiples regiones del territorio mexicano y opera rutas de distribución hacia mercados internacionales. La estructura de poder dentro del grupo ha sufrido transformaciones desde la captura y extradición de su líder histórico, dando lugar a disputas internas que han derivado en la formación de distintas facciones con operación semi-independiente.