Elección histórica marca nuevo rumbo
El domingo 8 de junio de 2025 se consolidó un hito sin precedentes al llevarse a cabo la elección popular de jueces, magistrados y ministros, proceso que representa el inicio de una transformación estructural en el Poder Judicial. Este evento, considerado como el primer clavo en el ataúd del sistema tradicional, fue impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte del Plan “C”.
Constitución de un nuevo Poder Judicial
La participación de más de 13 millones de votantes se destacó como un logro significativo, al tratarse de la primera vez en la historia de México -y del mundo- que el pueblo elige directamente a los integrantes del Poder Judicial. Esta movilización ciudadana, lejos de ser un acto de ignorancia como han señalado algunos críticos, reflejó el compromiso de un pueblo que “hizo una revolución pacífica” y busca romper con una tradición autoritaria de cientos de años.
Desafíos en la implementación
Aunque se espera que los nuevos integrantes del Poder Judicial en niveles superiores sean mayoritariamente afines a la causa transformadora, se reconoce la existencia de resistencias en las estructuras regionales.
“Es posible que en la estructura del poder regional no haya ocurrido lo mismo y que existan resistencias o funcionarios que apelen a prácticas que el pueblo quiere erradicar”
, se señaló en el análisis.
Instancia de disciplina judicial
Para combatir prácticas corruptas, se creará el Tribunal de Disciplina Judicial, una nueva instancia destinada a sancionar las acciones indebidas dentro del sistema judicial. Este órgano tendrá un papel crucial en la lucha contra las redes de abogados empresariales que históricamente han influenciado decisiones judiciales a favor de intereses económicos poderosos.
Trasfondo del conflicto judicial
El conflicto entre el gobierno y el viejo Poder Judicial se remonta a casi cuatro décadas, intensificándose durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Sheinbaum. La reforma judicial se enmarca dentro de un proceso más amplio de transformación social, donde la justicia no se concibe únicamente como un asunto legal, sino como un concepto sociocultural que debe responder a las necesidades del pueblo.
Resistencia del viejo régimen
El personal que laboraba en el antiguo sistema judicial representa un desafío para la implementación de los cambios, ya que muchos de ellos mantienen vínculos con el régimen anterior y participaron en protestas contra la reforma.
“Los empleados fueron a la calle y ahí estuvieron en protesta con el fin de evitar la reforma judicial”
, recordó el análisis. Esta resistencia interna podría manifestarse en intentos de sabotaje al trabajo de los nuevos magistrados.
Justicia social y equidad
La transformación judicial debe ir acompañada de políticas sociales que reduzcan las desigualdades, incluyendo mayor acceso a la educación, servicios médicos y formación legal para los sectores más desfavorecidos.
“La parte social de la justicia es central, mayor apoyo económico, más escuelas a las que acudan los hijos de los segmentos de la población que ocupan la parte baja de la escala social, atenciones médicas, cultura jurídica, bajar los niveles de inseguridad”
, se destacó en el análisis.
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