DESENLACE SIN ACUERDO

El tribunal federal de San Diego enfrentó un estancamiento en el caso del exoficial Aaron Richard Russell, acusado de privar de sus derechos a Nicholas Bils durante un incidente en mayo de 2020. El juez Todd Robinson decretó la nulidad del juicio luego de que los miembros del jurado no lograran un consenso sobre la culpabilidad del entonces policía, quien enfrentaba cadena perpetua por la muerte del hombre.

El episodio tuvo lugar en las inmediaciones de la Cárcel Central del centro, cuando Bils, de 36 años, intentó huir con las esposas puestas. Russell, de 28 años, disparó cinco veces contra la espalda de la víctima sin previo aviso, acción que generó la investigación federal.

DESCONFIANZA EN TESTIMONIO

Durante los nueve días de testimonios, el exoficial aseguró haber confundido las esposas con un arma, argumento que no convenció a la mayoría de los jurados. “Pensaron que simplemente lo decía ahora, porque nunca lo había dicho antes”, reveló un miembro del jurado sobre las declaraciones de Russell.

El fiscal federal Seth Askins enfatizó ante el tribunal que “Ningún otro agente en la escena pensó que Nicholas Bils fuera una amenaza” y recordó que “Todos saben que no se puede dispararle por la espalda a un hombre desarmado solo por huir”. Por su parte, Russell aseguró: “El hecho de correr no fue la razón por la que le disparé al Sr. Bils”.

CONSECUENCIAS Y CONTROVERSIAS

El jurado coincidió en que el exoficial actuó bajo pretexto legal, violó el derecho constitucional a la protección frente a fuerza excesiva y utilizó un arma letal que causó la muerte. Sin embargo, no lograron acordar si hubo intención deliberada, punto crucial para determinar la culpabilidad.

Anteriormente, Russell había aceptado una sentencia de un año de cárcel y tres de libertad condicional al declararse culpable de homicidio voluntario en 2022. El condado de San Diego pagó 8.1 millones de dólares a la familia de la víctima para resolver la demanda civil.

ANTECEDENTES DEL CASO

El incidente ocurrió el 1 de mayo de 2020 en Old Town San Diego, donde Bils había sido detenido por guardabosques estatales por violar las restricciones sanitarias de la pandemia. El video mostró cómo el hombre logró salir del vehículo policial y comenzó a correr por Front Street.

La oficial Jessica Murany, presente en la escena, declaró: “Sabía que (Bils) no era una amenaza”. Las imágenes captadas por cámaras de vigilancia revelaron que Russell disparó cinco veces en menos de 1.5 segundos, acción que contradecía los protocolos policiales estándar.

“No es un desenlace feliz”, declaró el abogado defensor Richard Pinckard frente al juzgado federal del centro de San Diego. “Un hombre perdió la vida. Y eso no es algo que mi cliente olvidará jamás. Es lo primero que piensa al despertarse por la mañana, es lo último que piensa antes de acostarse”.

Las autoridades federales confirmaron que preparan un nuevo juicio para el caso, con una audiencia programada el próximo mes para definir los siguientes pasos legales.

Antecedentes de la controversia

Un material audiovisual ha generado controversia al mostrar supuestos despidos irregulares en dependencias gubernamentales. Entre los casos destacados está el de Lilia Pérez Pérez, quien tenía más de diez años de trayectoria en el sector público y participó como aspirante a liderar el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE).

Detalles del caso específico

En la grabación, la ex funcionaria asegura haber sido separada de su cargo por un individuo identificado como Héctor, a quien acusa de carecer de autoridad para realizar dicha acción.

“Estoy grabando mi despido injustificado (…) esta administración así actúa, despidiendo injustificadamente”

, menciona en el video. La afectada niega haber cometido faltas administrativas que respalden la medida tomada.

Denuncia de patrón reiterativo

La ex secretaria de Trabajo y Conflictos del Comité Ejecutivo del SUTSGE señala que existen al menos dos casos similares: uno relacionado con una empleada de la ETI y otro con un trabajador de la Contraloría.

“Así como llega, llega y despide a todos los trabajadores”

, expresa mientras pide una respuesta oficial. La trabajadora, quien inició su trayectoria en septiembre de 2014 en la Oficialía Mayor, dirige un llamado directo al mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona para detener lo que considera una política de eliminación de puestos sin fundamentos legales.

Contexto de despidos en la administración

Esta situación no es aislada, según reportes anteriores. En febrero de 2022, más de treinta empleados de diferentes instituciones como el Consejo Estatal de Atención a Víctimas (CEAAV), el Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve), el Sistema Estatal DIF y otras dependencias reportaron haber sido cesados sin proceso previo. Los despidos han persistido durante el periodo gubernamental y, según testimonios, se han realizado sin justificación formal.

Legislación que regula expulsión de extranjeros sentenciados

El Parlamento de Perú sancionó una nueva normativa que permite acelerar la deportación de extranjeros condenados por crímenes graves y ampliar instrumentos legales en materia de seguridad nacional. La disposición, oficializada en El Peruano, detalla múltiples artículos con procedimientos y alcances de esta medida.

Características de la medida y aplicación

La deportación inmediata se instituye como una forma de limitación a la libertad que opera tras finalizar la pena principal, acceder a beneficios carcelarios o transformar la sentencia original. También se establece la prohibición absoluta de retorno al país para los afectados.

Las reformas indican que, incluso cuando un extranjero obtenga reducción de su condena o beneficios penitenciarios, Perú mantiene competencia sobre el fallo judicial. Esto implica que, pese a abandonar el territorio, el Estado conserva derecho a exigir responsabilidades o reanudar el proceso judicial si el individuo regresa al país.

Delitos que ameritan expulsión y sanciones

La norma establece la expulsión como sanción complementaria para diversos delitos graves, incluyendo homicidio, secuestro, violencia sexual, trata de personas, extorsión, sicariato, narcotráfico, corrupción y lavado de activos.

Se establecen consecuencias adicionales: el extranjero deportado no podrá ingresar nuevamente al país durante un periodo equivalente a la pena máxima establecida para el delito cometido. Los trámites administrativos para evitar la expulsión quedarán archivados, salvo que existan causas justificadas diferentes.

Se garantiza la reparación civil y se permite el decomiso o extinción del dominio sobre bienes del condenado. Este derecho al resarcimiento no tiene plazo de prescripción, permitiendo su persecución indefinida por las autoridades.

Facultades judiciales para transformar penas

La norma otorga mayores atribuciones a los jueces para convertir penas privativas de libertad (hasta cinco años) en alternativas como trabajos comunitarios, multas o, en el caso de extranjeros, expulsión del país.

Esta posibilidad tiene limitaciones y no aplica para condenados por delitos especialmente graves como crimen organizado, lavado de activos, narcotráfico, secuestro, trata de personas, terrorismo y otros especificados en la legislación.

Para acceder a la conversión de penas, el sentenciado debe haber cumplido al menos dos tercios de su condena. Si la pena es inferior a dos años, el juez puede sustituirla por multa. En casos de condenas menores a cinco años, es posible reemplazarla por trabajos en beneficio de la comunidad.

Procedimientos de ejecución y estadísticas

Para sanciones en fase de ejecución, también se podrá ordenar la expulsión siempre que se haya cumplido el plazo mencionado y no se trate de delitos excluidos expresamente. En todos estos casos, el magistrado analizará si la persona reúne los requisitos establecidos.

La nueva ley reforma el Código de Ejecución Penal, específicamente el artículo 118, para agilizar la salida del territorio nacional de extranjeros tras cumplir su condena, obtener beneficios penitenciarios o ver convertida su sanción. El proceso queda a cargo del director del centro penitenciario, quien debe entregar al sentenciado a la autoridad correspondiente para concretar esta salida.

Durante los primeros tres meses del año, la Superintendencia Nacional de Migraciones, junto con la Policía Nacional del Perú (PNP), realizó 1.123 operativos de control migratorio. Como resultado, se ordenó la deportación de 760 extranjeros que violaron la normativa migratoria.

Estas acciones se ejecutaron en varias regiones del país, enfocándose especialmente en zonas fronterizas y urbanas. El 20.93 % de las operaciones se concentraron en Puno, seguido por Pucallpa con 11.84 %, Tumbes con 10.15 % y Tarapoto con 9.26 %.

Ciudades como Lima, Arequipa, Chimbote, Callao, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Ica, Iquitos, Puerto Maldonado, Tacna y Trujillo también fueron escenario de estas acciones, aunque con menor intensidad. Estos números reflejan un esfuerzo coordinado para cubrir tanto las principales ciudades como las áreas más susceptibles al ingreso irregular de personas.