Legislación que regula expulsión de extranjeros sentenciados

El Parlamento de Perú sancionó una nueva normativa que permite acelerar la deportación de extranjeros condenados por crímenes graves y ampliar instrumentos legales en materia de seguridad nacional. La disposición, oficializada en El Peruano, detalla múltiples artículos con procedimientos y alcances de esta medida.

Características de la medida y aplicación

La deportación inmediata se instituye como una forma de limitación a la libertad que opera tras finalizar la pena principal, acceder a beneficios carcelarios o transformar la sentencia original. También se establece la prohibición absoluta de retorno al país para los afectados.

Las reformas indican que, incluso cuando un extranjero obtenga reducción de su condena o beneficios penitenciarios, Perú mantiene competencia sobre el fallo judicial. Esto implica que, pese a abandonar el territorio, el Estado conserva derecho a exigir responsabilidades o reanudar el proceso judicial si el individuo regresa al país.

Delitos que ameritan expulsión y sanciones

La norma establece la expulsión como sanción complementaria para diversos delitos graves, incluyendo homicidio, secuestro, violencia sexual, trata de personas, extorsión, sicariato, narcotráfico, corrupción y lavado de activos.

Se establecen consecuencias adicionales: el extranjero deportado no podrá ingresar nuevamente al país durante un periodo equivalente a la pena máxima establecida para el delito cometido. Los trámites administrativos para evitar la expulsión quedarán archivados, salvo que existan causas justificadas diferentes.

Se garantiza la reparación civil y se permite el decomiso o extinción del dominio sobre bienes del condenado. Este derecho al resarcimiento no tiene plazo de prescripción, permitiendo su persecución indefinida por las autoridades.

Facultades judiciales para transformar penas

La norma otorga mayores atribuciones a los jueces para convertir penas privativas de libertad (hasta cinco años) en alternativas como trabajos comunitarios, multas o, en el caso de extranjeros, expulsión del país.

Esta posibilidad tiene limitaciones y no aplica para condenados por delitos especialmente graves como crimen organizado, lavado de activos, narcotráfico, secuestro, trata de personas, terrorismo y otros especificados en la legislación.

Para acceder a la conversión de penas, el sentenciado debe haber cumplido al menos dos tercios de su condena. Si la pena es inferior a dos años, el juez puede sustituirla por multa. En casos de condenas menores a cinco años, es posible reemplazarla por trabajos en beneficio de la comunidad.

Procedimientos de ejecución y estadísticas

Para sanciones en fase de ejecución, también se podrá ordenar la expulsión siempre que se haya cumplido el plazo mencionado y no se trate de delitos excluidos expresamente. En todos estos casos, el magistrado analizará si la persona reúne los requisitos establecidos.

La nueva ley reforma el Código de Ejecución Penal, específicamente el artículo 118, para agilizar la salida del territorio nacional de extranjeros tras cumplir su condena, obtener beneficios penitenciarios o ver convertida su sanción. El proceso queda a cargo del director del centro penitenciario, quien debe entregar al sentenciado a la autoridad correspondiente para concretar esta salida.

Durante los primeros tres meses del año, la Superintendencia Nacional de Migraciones, junto con la Policía Nacional del Perú (PNP), realizó 1.123 operativos de control migratorio. Como resultado, se ordenó la deportación de 760 extranjeros que violaron la normativa migratoria.

Estas acciones se ejecutaron en varias regiones del país, enfocándose especialmente en zonas fronterizas y urbanas. El 20.93 % de las operaciones se concentraron en Puno, seguido por Pucallpa con 11.84 %, Tumbes con 10.15 % y Tarapoto con 9.26 %.

Ciudades como Lima, Arequipa, Chimbote, Callao, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Ica, Iquitos, Puerto Maldonado, Tacna y Trujillo también fueron escenario de estas acciones, aunque con menor intensidad. Estos números reflejan un esfuerzo coordinado para cubrir tanto las principales ciudades como las áreas más susceptibles al ingreso irregular de personas.

En el recinto legislativo federal se ha presentado una propuesta que busca imponer penas privativas de libertad para quienes incurran en actos de corrupción dentro del deporte profesional. La iniciativa establece sanciones que oscilarían entre los dos y seis años de reclusión, acompañadas de multas equivalentes a mil hasta cuatro mil días de la Unidad de Medida y Actualización, lo que actualmente representa una cantidad entre 113,140 y 452,560 pesos mexicanos.

Detalles de la propuesta legislativa

El autor de la iniciativa es el diputado federal Daniel Andrade Zurutuza, quien explicó que la normativa aplicaría a quienes realicen acciones como aceptar, recibir, solicitar u ofrecer cualquier tipo de beneficio personal o financiero con el objetivo de manipular, alterar o influir en el desarrollo o resultados de competencias deportivas. Esto incluye desde pruebas individuales hasta torneos completos.

Motivos de la reforma legal

El legislador destacó que el mundo del deporte profesional ha evolucionado a convertirse en un complejo negocio que involucra grandes sumas de dinero, convirtiéndose en un sector atractivo para actividades fraudulentas. Señaló que actualmente el deporte no solo involucra a atletas y equipos, sino también a empresas, medios de comunicación, patrocinadores, actividades de mercadotecnia y productos relacionados.

Penalizaciones agravadas

Una particularidad de la propuesta es que establece penas agravadas para quienes ostenten cargos de dirección o administración en instituciones deportivas, ya sean públicas o privadas. En estos casos, las sanciones se duplicarían cuando exista promesa, oferta u otorgamiento de beneficios económicos o personales a deportistas profesionales, miembros de cuerpos técnicos, árbitros o jueces, a cambio de alterar resultados competitivos.

Impacto en el deporte nacional

El diputado refirió que la corrupción en el ámbito deportivo en México no puede ser ignorada, pues cada vez son más frecuentes los casos que afectan la integridad y espíritu competitivo de las disciplinas. Recordó que este fenómeno no es exclusivo del país ni tampoco reciente, aunque sus efectos tienen consecuencias económicas y sociales significativas.

Identidad y trayectoria del escolta fallecido

Arnulfo ‘N’, de 28 años, laboraba como integrante del equipo de protección del artista mexicano Santa Fe Klan. Previo a este cargo, fungió como oficial de policía en Guanajuato hasta su separación en 2021.

Además del trabajo en seguridad del rapero, también realizaba labores de vigilancia en locales nocturnos, según datos proporcionados por las autoridades.

Detalles del atentado

El crimen se produjo alrededor de las 02:00 horas del viernes 6 de junio de 2025 en el interior del bar Richard, ubicado en la colonia Yerbabuena de la capital guanajuatense.

“La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato informó que recibió un reporte sobre un ataque armado registrado dentro de dicho establecimiento”, según versiones oficiales.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre se encontraba conversando con otras personas cuando un individuo armado irrumpió en el lugar y le disparó directamente en la cabeza sin mediar palabras.

Reacción institucional

Al llegar al sitio, las fuerzas de seguridad y paramédicos de Protección Civil localizaron el cuerpo de Arnulfo junto con casquillos de arma de fuego. “Peritos y agentes de investigación criminal de la Fiscalía General de Guanajuato se presentaron en el sitio para recabar evidencias ce iniciar con la investigación”, informó la dependencia.

Entre los hallazgos, las autoridades encontraron una bolsa plástica con sustancia similar a cristal junto al cuerpo. El establecimiento fue cerrado por operar sin los permisos correspondientes.

Declaraciones oficiales

Samuel Ugalde García, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, indicó que “De referencia esta persona es Arnulfo, de 28 años. Él fue dado de baja en el 2021. Lo que traemos últimamente de él es que estaba encargado de la seguridad de Santa Fe Klan o en la colonia Santa Fe, en la tienda (del rapero)”.