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Sancionan empresa con 70 mil euros por usar número privado de ex trabajadora en grupo de WhatsApp sin autorización

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Violación de privacidad en entorno laboral

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso una penalización económica de 70.000 euros contra una organización empresarial que utilizó el número telefónico personal de una empleada para integrarla a un grupo de comunicación laboral en WhatsApp sin contar con su autorización previa. La decisión judicial destaca que no existió fundamento legal válido para este manejo de información privada, infringiendo el artículo 6.1 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Antecedentes del caso

El proceso disciplinario se inició tras presentar una ex colaboradora una denuncia formal, en la cual detallaba haber sido compelida a emplear su equipo celular personal para funciones profesionales, cuando la empresa se había comprometido a proporcionarle un aparato corporativo. La ex empleada relató que, incluso durante su periodo vacacional, fue reincorporada a un grupo de comunicación empresarial sin haber sido notificada previamente.

La denunciante aportó evidencia gráfica y un mensaje escrito fechado en mayo de 2023 donde expresaba su negativa a continuar utilizando su dispositivo privado para asuntos profesionales, salvo para trámites específicos con clientes establecidos. No obstante, la organización no atendió esta solicitud.

Argumentos de la empresa

La empresa sancionada justificó su procedimiento asegurando haber mantenido una política de protección de la privacidad de la empleada. Según su versión, la trabajadora no solicitó explícitamente la eliminación permanente de su número de contacto de los grupos de comunicación, limitándose a indicar su intención de abandonarlos temporalmente durante su ausencia laboral.

Aunque la organización implementó nuevos protocolos desde septiembre de 2023, incluyendo una directriz interna que prohíbe la participación en grupos empresariales de WhatsApp sin utilizar dispositivos oficiales, la AEPD determinó que estos ajustes no justificaban el manejo de información privada sin consentimiento explícito.

Consecuencias y acciones correctivas

Tras analizar la documentación y escuchar los argumentos de ambas partes, la AEPD concluyó que la empresa no cumplió con los requisitos legales establecidos en el RGPD. Como resultado, se impuso una multa administrativa de 70.000 euros, la cual fue reducida a 42.000 euros por el pago anticipado y el reconocimiento de responsabilidad.

La AEPD también exigió que se adoptaran medidas correctivas para garantizar el cumplimiento normativo, incluyendo la obligación de demostrar que se están implementando acciones preventivas para evitar repetición de situaciones similares en el futuro.

Implicaciones del caso

Este caso resalta la importancia del manejo adecuado de datos personales en entornos profesionales, especialmente en aspectos relacionados con la autorización de empleados para el uso de sus dispositivos privados en actividades laborales. Las organizaciones deben asegurar el cumplimiento de los principios del RGPD, como la legalidad, transparencia y responsabilidad en el manejo de información sensible, para prevenir sanciones y proteger los derechos de sus colaboradores.

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Judicial

Segunda síndica de Atizapán de Zaragoza detenida por uso de placas no autorizadas en vehículo gubernamental

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Caso de irregularidad vehicular involucra a funcionaria morenista

Una servidora pública que ocupa el segundo lugar en la sindicatura municipal del gobierno local de Atizapán de Zaragoza fue intervenida por autoridades policiales mientras se transportaba en un vehículo de alta gama con blindaje y placas que presentaban irregularidades. La funcionaria, quien milita en el partido Morena, argumentó que la unidad automotriz era propiedad del gobierno estatal mexiquense.

El incidente tuvo lugar cuando elementos municipales detectaron la situación durante un operativo de vigilancia rutinario. La síndica, cuyo nombre no se reveló en la información disponible, manifestó que el automóvil se encontraba bajo custodia oficial y no tenía conocimiento de la situación irregular de los documentos vehiculares.

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Judicial

Ejecutan al presidente municipal de Tacámbaro junto con su escolta en un ataque en Morelia

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Ejecución de alto impacto en Michoacán

El gobierno local de Tacámbaro reveló que su alcalde, Salvador Bastida García, y su escolta, Pastor Cortez Álvarez, fueron asesinados durante un ataque registrado en la zona sur de Morelia la mañana del jueves 5 de junio. La información oficial fue compartida a través de la página de Facebook del Ayuntamiento.

Reacción institucional ante el crimen

La administración municipal señaló estar trabajando en colaboración con autoridades federales, estatales y locales para investigar los hechos y garantizar la seguridad de los ciudadanos. “Estamos trabajando en coordinación con los tres niveles de gobierno para reforzar las medidas de seguridad que garanticen el bienestar de nuestra comunidad“, indicó un comunicado oficial.

Contexto de inseguridad

Este suceso se suma a una serie de incidentes violentos reportados recientemente en Michoacán, incluyendo feminicidios, linchamientos, homicidios de turistas extranjeros y accidentes fatales en carreteras estatales, según reportes periodísticos de la región.

El cuerpo del alcalde fue encontrado envuelto en una cobija en el lugar de los hechos. Las autoridades también reportaron el decomiso de un arma de fuego y un automóvil equipado con material táctico en la escena del crimen.

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Internacional

Incertidumbre sobre capacidad judicial ante desafíos estructurales

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Reestructuración judicial y sus implicaciones

El análisis de la renovación del Poder Judicial se enfoca principalmente en los cambios burocráticos y el fortalecimiento del partido Morena en esta rama del Estado. Sin embargo, se ha dejado de lado el propósito esencial de este poder: la administración de justicia.

Las autoridades judiciales recién designadas deberán enfrentar una situación crítica en tres áreas claves: la impunidad en casos de corrupción, la inseguridad generada por normas que no responden a niveles delictivos actuales y la presencia de organizaciones criminales dentro del sistema judicial.

Indicadores preocupantes

Un elemento que no se ha analizado suficientemente es la entrega de 29 individuos acusados de delitos graves a Estados Unidos en enero pasado, debido a que México no contaba con recursos suficientes para procesarlos. Este hecho pone de manifiesto las limitaciones del sistema judicial actual.

El proceso electoral para seleccionar a los nuevos jueces reveló dificultades para que la ciudadanía pudiera emitir su voto informado sobre asuntos relacionados con la inseguridad. Además, el mecanismo de selección mediante listas abiertas evidenció que en muchos casos se favoreció la pertenencia política sobre la competencia técnica.

Desafíos institucionales y externos

En el caso de la Suprema Corte, el partido en el gobierno participó directamente en la reorganización del personal judicial. Según expertos, los resultados de este cambio no serán visibles inmediatamente, sino que podrían tardar hasta tres años en consolidarse, dada la transición de un sistema basado en la profesionalización a otro donde prima la lealtad partidista.

En el ámbito internacional, el presidente Trump está revisando las relaciones con México, no solo en aspectos de migración y narcotráfico, sino también en el comercio, al imponer nuevamente barreras arancelarias que afectan el tratado comercial existente. “El desafío para México no es sólo resistir y encontrar caminos de fuga, sino sentarse a replantear desde sus intereses las relaciones con el poderoso vecino del norte”.

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