Origen y formación académica de un defensor de pueblos originarios

Hugo Aguilar Ortiz, potencial presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la primera elección judicial de México, es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma ‘Benito Juárez de Oaxaca’ (UABJO), institución donde también obtuvo su maestría en Derecho Constitucional.

Originario de la etnia mixteca, desde su infancia alternó labores agrícolas con su educación básica. Su decisión de estudiar derecho surgió después de enfrentar situaciones de discriminación por su ascendencia indígena.

“En la universidad, coincidí con otros hermanos indígenas con quienes iniciamos una reflexión crítica sobre el derecho y la justicia que no contemplaba a nuestras comunidades y pueblos, su cultura, su organización y sistemas normativos, por lo que iniciamos la lucha por los derechos indígenas”, recordó.

Experiencia en defensa de derechos indígenas

Aguilar Ortiz fundó y dirigió SERvicios del Pueblo Mixe, organización dedicada a la defensa de derechos humanos y litigio estratégico para comunidades originarias, además de promover la visibilidad de grupos afromexicanos en Oaxaca.

Antes de su nombramiento en la SCJN, ocupó diversos cargos públicos: fue subsecretario de Derechos Indígenas de Oaxaca (2011-2016) durante el gobierno de Gabino Cué; dirigió la Dirección de Sistemas Normativos del Instituto Electoral de Oaxaca (2016-2018); y trabajó en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

Durante su gestión como subsecretario, documentó el conflicto agrario en Chimalapas, región del Istmo de Tehuantepec donde dos ejidos chiapanecos invadieron tierras de propiedad zoque, disputa que involucra 600 mil hectáreas y aún permanece vigente.

Contribuciones legales y perspectiva multicultural

En su rol de coordinador General de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), participó en la reforma al artículo 2° Constitucional relativo a los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos.

Entre sus propuestas para su labor en la Corte destaca la creación de un “nuevo modelo de justicia con perspectiva multicultural, el respeto a la naturaleza y el sentido humano que deben tener las resoluciones judiciales”.

“Las resoluciones no deben partir únicamente de razonamientos jurídicos abstractos, sino estar fundamentadas en la realidad y el contexto de quienes acuden al sistema de justicia”, refirió.

Actividades extracurriculares y reconocimientos

El próximo ministro de la Corte forma parte de la organización Fraternidad Puma de la Facultad de Derecho de la UABJO y pertenece al grupo de ciclistas de montaña de Oaxaca.

En 2001 recibió el Premio Nacional a la Juventud Indígena por su trayectoria en defensa de derechos originarios.

Investigación por explotación sexual de adolescentes

La Fiscalía de Uruguay presentó acusaciones contra José González, alcalde de Minas de Corrales en el departamento de Rivera, por presuntos delitos relacionados con la explotación sexual de menores. Junto a otras cinco personas, se ordenó su prisión preventiva por 90 días.

Las investigaciones se iniciaron después de que una adolescente de 17 años proporcionara testimonios sobre abusos sexuales desde su infancia y posterior explotación sexual repetida.

“Según su declaración, comenzó a consumir drogas a los 12 años y, en ese contexto de extrema vulnerabilidad, habría sido inducida a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero, en ocasiones organizadas por una persona adulta”,

indica el comunicado fiscal.

Patrón de abuso sistémico y participación policial

El informe menciona que otras víctimas, entre 13 y 16 años, confirmaron haber tenido relaciones sexuales con adultos a cambio de dinero, regalos o promesas materiales. Una menor incluso habría vivido con un adulto a cambio de apoyo económico para ella y su madre.

La investigación encontró que varios adultos obtenían beneficios económicos de la situación de las adolescentes.

“La investigación reveló la existencia de múltiples adultos que se beneficiaban económicamente de la situación de las adolescentes. Se identificó un patrón reiterado de abuso sistemático, facilitado por el entorno social y, en al menos un caso, por un integrante de las fuerzas policiales que habría utilizado su cargo para concretar actos sexuales con menores, incluso dentro de una seccional”,

continúa el comunicado.

Reacciones políticas y medidas legales

Las declaraciones de las víctimas se obtuvieron mediante entrevistas psicológicas con técnicas forenses, mostrando detalles y consistencia narrativa suficientes para identificar claramente los hechos denunciados.

El grupo político Altivo Esteves, parte del Partido Colorado al que pertenece González, anunció la

“suspensión inmediata” de su afiliación

indicando que estos actos

“representa una inadmisible violación a los valores éticos, morales y cívicos”

del partido.

Decisión judicial suspende artículos clave del decreto presidencial

Un tribunal argentino ha ordenado la suspensión provisional de los artículos 2° y 3° del decreto 340/25 emitido por el presidente Javier Milei. Esta medida judicial, confirmada por fuentes de la AFP, afecta directamente la implementación de normativas que ampliaban la lista de servicios considerados esenciales durante conflictos laborales.

Ampliación de servicios esenciales generó controversia

El decreto original modificaba la definición tradicional de actividades esenciales, que hasta su emisión incluían únicamente servicios sanitarios, hospitalarios, energéticos, abastecimiento de agua y control de tráfico aéreo. Los artículos suspendidos agregaban sectores como transporte marítimo y fluvial, servicios portuarios y aduaneros, educación y telecomunicaciones.

Además, creaba una nueva categoría de actividades de “importancia trascendental” que incluía transporte de personas, construcción, industria alimenticia y gastronomía. Según el texto del decreto, estas actividades debían mantenerse al 75% y 50% respectivamente durante huelgas, bajo riesgo de sanciones para los sindicatos.

Rechazo generalizado de sectores laborales y jurídicos

La medida había enfrentado críticas unánimes de organizaciones sindicales, colegios de abogados laboralistas y centros especializados en derecho. La Confederación General del Trabajo (CGT), principal organización sindical del país, presentó el recurso de amparo que condujo a la decisión judicial.

“La CGT celebró la decisión judicial y reafirmó su compromiso de continuar defendiendo los derechos de los trabajadores.”

Antecedentes de conflictos laborales y decisiones judiciales

Este no es el primer enfrentamiento entre el gobierno de Milei y el poder judicial. En agosto de 2024, la justicia argentina ya había suspendido un decreto similar emitido cuando asumió la presidencia en diciembre de 2023. Esa decisión se encuentra pendiente de revisión por la Corte Suprema.

Desde la asunción de Milei, los sindicatos han llevado a cabo tres paros generales, siendo el último el 10 de abril de este año. El conflicto laboral ha marcado la agenda política y social del país suramericano durante más de un año.