Decisión judicial en caso de menor fallecido

La fiscalía decidió dejar sin efecto la acusación contra una madre que enfrentaba un proceso judicial en Zaragoza por la muerte de su hijo menor de cinco meses. El bebé falleció en diciembre de 2021 en un hospital de la capital aragonesa tras sufrir asfixia.

La representación fiscal comunicó su decisión en la quinta y última audiencia del juicio, explicando que no existían pruebas suficientes que demostraran que la madre, de origen paquistaní, había provocado la muerte del menor aprovechando un momento de soledad en la habitación hospitalaria.

Cambios en situación legal y familiar

Tras manifestar la fiscal que actuaba “en conciencia”, el juez instructor ordenó que la mujer abandonara el banquillo de los acusados y se sentara junto a su esposo entre el público. También se dispuso la suspensión inmediata de la medida de alejamiento respecto a sus otros dos hijos menores, de 12 y 8 años, con los que no mantenía contacto desde su detención.

Los hechos se remontan al ingreso del bebé en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde los médicos observaron síntomas “compatibles con los del niño zarandeado o sacudido”, incluyendo aumento del perímetro cefálico y hemorragia en retina. A pesar de la atención médica inmediata, los daños cerebrales provocaron el fallecimiento del menor semanas después.

Argumentos de la defensa

El abogado defensor, Enrique Esteban Pendas, destacó la importancia de mantener la presunción de inocencia durante el proceso judicial y evitar influencias externas en la valoración del caso. Explicó que “ya advirtió previamente en la instrucción de que la acusación no se sustentaba ni en los informes clínicos ni en los informes forenses a los que hacía referencia la fiscalía”.

El letrado enfatizó que la mujer puede reencontrarse con su familia tras el cierre del caso, aunque expresó dudas sobre posibles responsabilidades por el “sufrimiento prolongado de cuatro años” que atravesó la familia.

Historial de detención

La madre, identificada como Amna A., permaneció en prisión preventiva desde el 12 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2021, cuando se le impuso una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con sus hijos menores.

Compleja situación internacional

La administración de Claudia Sheinbaum atraviesa una etapa compleja marcada principalmente por tensiones en las relaciones con Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump a la presidencia. El entorno de incertidumbre generado por declaraciones del mandatario estadounidense ha impactado negativamente en la economía mexicana, registrando un estancamiento prácticamente nulo del PIB durante el último trimestre de 2024.

El nuevo escenario comercial con la imposición de aranceles a exportaciones mexicanas y de otros 100 países ha provocado una pausa significativa en inversiones extranjeras y nacionales, según reconoció el Secretario de Economía Marcelo Ebrard durante un evento financiero reciente. Esta situación se complementa con medidas restrictivas como el cierre fronterizo para ganado mexicano y la aplicación de impuestos a remesas familiares provenientes de Estados Unidos.

Polémicas y conflictos internos

El conflicto diplomático se ha intensificado con la propuesta de Donald Trump de enviar tropas estadounidenses para combatir al crimen organizado en México, medida que fue rechazada por la presidenta mexicana. Trump expresó públicamente que “a nuestra Presidenta le causa temor el combatir al crimen organizado”, comentario que generó controversia en el ámbito político nacional.

Las dificultades no se limitan al ámbito internacional, pues internamente persiste la violencia incluso después del abandono tácito de la política de “abrazos y no balazos”. El asesinato de dos colaboradores cercanos a Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, ha evidenciado que la inseguridad afecta directamente a los niveles más altos de la estructura política del país.

Reformas y movilizaciones

La reforma a la Ley del ISSSTE impulsada por el gobierno federal ha generado protestas encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organización históricamente vinculada con el movimiento de la Cuarta Transformación. Aunque la iniciativa fue retirada, los manifestantes continúan con bloqueos, plantones y tomas de vías de comunicación, demostrando su capacidad de movilización social.

Otro tema de controversia es la primera elección judicial en la historia del país para seleccionar jueces, magistrados y ministros de la Corte Suprema, que se llevará a cabo el próximo domingo. Medios internacionales como el Financial Times han calificado esta reforma como un experimento “kafkiano” del gobierno mexicano. La preocupación radica en que “la reforma haga imposible ganar un pleito al gobierno en tribunales”, según reportes de la prensa financiera internacional.

Visión crítica de la reforma judicial

Existen observaciones sobre posibles irregularidades en el proceso electoral judicial, con denuncias de operativos para favorecer a candidatos afines al gobierno actual, evidenciadas en diferentes estados del país. Aunque se reconoce la necesidad de reformar el sistema judicial para combatir la impunidad, muchos analistas coinciden en que el enfoque actual no corresponde a las prácticas de un estado democrático.

Resolución judicial sobre los últimos desaparecidos

Las autoridades judiciales valencianas han determinado oficialmente el fallecimiento de tres personas que permanecían desaparecidas desde las intensas lluvias de octubre del año anterior. La decisión fue comunicada públicamente por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Cierre del organismo especializado

El Centro de Integración de Datos de la Dana de Valencia ha decidido poner fin a sus operaciones, siete meses después del desastre natural. Este organismo deja de funcionar tras la culminación de los trámites judiciales relacionados con los tres individuos no localizados.

Cifras oficiales del desastre

Según el registro del comité técnico, el número total de fallecidos asciende a 227 personas, incluyendo 136 hombres y 91 mujeres. Esta estadística se mantiene separada de los resultados que puedan surgir de los procesos judiciales en marcha.

La identificación de 221 víctimas se completó antes de que transcurriera un mes desde el suceso. Los métodos empleados incluyeron 171 identificaciones por huellas digitales, 48 mediante análisis genéticos y cinco casos confirmados a través de registros hospitalarios durante la vida de los afectados. “Otras tres personas, dos hombres y una mujer, continúan desaparecidas a día de hoy, aunque juzgados de Valencia, Picassent y Requena han declarado su fallecimiento legal en las últimas semanas.”

Función y desactivación del organismo

El CID, compuesto por equipos forenses y cuerpos de seguridad, tenía como propósito centralizar los informes de identificación en eventos de múltiples víctimas, basándose en el marco establecido por el Real Decreto 32/2009. Concluida su misión, los organismos que lo conformaban han decidido disolver formalmente el grupo de trabajo.

Continuidad institucional

A pesar del cierre del centro especializado, las instituciones que lo integraron continuarán colaborando en las tareas judiciales relacionadas con la catástrofe. “A pesar de esta disolución, las instituciones que integran el CID continúan ejerciendo sus respectivas competencias al servicio de las autoridades judiciales en el marco de esta catástrofe y siguen pendientes de la evolución de las labores de búsqueda de los tres desaparecidos.”