Sentencia histórica para derechos de consumidores

El Juzgado de Primera Instancia número 67 de Madrid ha emitido una sentencia que marca un precedente importante en la protección al consumidor, obligando a Sony Mobile Communications Iberia S.L. a reintegrar 699 euros correspondientes a un teléfono móvil defectuoso y 180 euros por un segundo dispositivo que el cliente tuvo que adquirir debido a la negativa de la empresa por resolver el problema.

Problemas desde el primer año

El dispositivo, comprado en diciembre de 2015 a través del sitio web oficial de Sony, comenzó a presentar fallas en el puerto de carga menos de doce meses después de su adquisición. La empresa se negó a repararlo bajo garantía, alegando que el usuario lo había golpeado o maltratado, afirmando incluso que el aparato llegó “doblado”. Sin embargo, el tribunal consideró que esta justificación no tenía fundamento.

Oferta de sustitución rechazada

Durante el proceso legal, Sony propuso entregar un teléfono de reemplazo, pero el cliente lo devolvió de inmediato porque no cumplía con los requisitos básicos: no era nuevo, faltaban accesorios como cargador y manuales, y carecía de garantía. Esta acción fue calificada por el juez como un incumplimiento grave de los términos de la garantía extendida.

Reconocimiento de daños adicionales

El fallo, fechado el 31 de marzo de 2025, no solo ordena la devolución del dinero por el dispositivo defectuoso, sino también el reintegro de los 180 euros que el consumidor gastó en un segundo teléfono que tuvo que adquirir provisionalmente. “La sentencia representa un avance en la protección jurídica del consumidor, al reconocer no solo el defecto de origen del terminal, sino también los perjuicios adicionales ocasionados por el incumplimiento de la marca”, destacó Mario Rodríguez López, abogado de Legalion, que representó al demandante.

Importancia del fallo judicial

El magistrado validó la demanda del cliente que solicitaba recibir el dispositivo totalmente reparado y bajo garantía, o en su defecto, el reembolso de los 699 euros o el regreso del equipo sin arreglo junto con el costo de la reparación estimado en 430 euros. Esta decisión refuerza el principio de compensación integral por daños derivados de garantías comerciales incumplidas, pudiendo establecer un referente para futuros casos similares.

El silencio que siguió a los disparos

El 30 de mayo de 1984, mientras las calles de la Ciudad de México bullían con la salida de oficinistas, el periodista Manuel Buendía Téllez-Girón fue cobardemente abatido a balazos. Su columna ‘Red Privada’, publicada en más de veinte periódicos, había convertido al periodista en un incómodo escudriñador de redes de poder, corrupción gubernamental y narcotráfico.

De seminario a crónica roja

Nacido en Zitácuaro, Michoacán, en 1926, Buendía inició su vida académica en el seminario de Morelia antes de trasladarse a la capital en 1942. Su carrera periodística comenzó en La Nación, órgano del PAN, pero fue en La Prensa donde debutó en temas policiales y enfrentó su primera censura. Posteriormente se consolidó en El Universal y Excélsior con investigaciones que incomodaron al poder político.

Contexto de crisis y represión

Las décadas de 1960 y 1970 habían dejado a México inmerso en crisis económica y política. Durante los sexenios de Echeverría y López Portillo, la corrupción se hizo patente con casos como el del polémico Arturo Durazo. La llamada ‘renovación moral’ de De la Madrid resultó ser un mero espectáculo mediático que no logró erradicar las conexiones entre autoridades y delincuencia organizada.

El asesinato y sus sombras

Buendía recibía amenazas constantes y portaba armas de defensa personal. El día de su muerte, cinco disparos en la espalda acabaron con su vida. Aunque inicialmente se señaló a Rafael Moro Ávila y José Luis Ochoa como autores materiales, el caso dio un giro en 1989 con la detención de José Antonio Zorrilla Pérez, jefe de la DFS, quien fue liberado en 2009 siendo considerado por muchos como un chivo expiatorio.

Teorías que persisten

Entre las principales hipótesis sobre el crimen destaca la posible responsabilidad de Rubén Figueroa Alcocer, exgobernador de Guerrero, por las múltiples denuncias de Buendía contra su administración. Otra teoría apunta a una alianza entre crimen organizado y altos funcionarios, incluyendo a Manuel Bartlett Díaz. También se ha investigado la conexión con operaciones de grupos de ultraderecha y el cártel de Guadalajara en la Universidad Autónoma de Guadalajara.

La sombra de la CIA

En 1999, Ángel Buendía, hermano del periodista, publicó una investigación afirmando que el crimen fue ordenado por la CIA para proteger conexiones entre narcotráfico mexicano, agentes estadounidenses y funcionarios mexicanos involucrados en operaciones ilegales en Nicaragua. ‘El homicidio de Manuel Buendía no fue solo un crimen contra un periodista, sino el inicio de una violencia sistemática contra la prensa crítica en México’, señaló Miguel Ángel Granados Chapa.

Un legado de impunidad

Forty-one years after his murder, the crime remains unpunished. This tragedy marked a turning point for Mexican journalism, exposing the fragility of individual rights against criminal interests and corrupt elites. As stated by the author, ‘Buendía’s death was a prelude to the hundreds of journalists killed in the 21st century for challenging power and speaking truths others feared to utter.’

El traslado del aeropuerto internacional

Javier Jiménez Espriú ocupó el cargo de secretario de Comunicaciones y Transportes durante el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, luego de que se decidiera cancelar el NAIM y reubicar el aeropuerto en Santa Lucía, junto con Sergio Samaniego.

Colaboradores en el proyecto de infraestructura

El equipo responsable de llevar a cabo los grandes proyectos de infraestructura del gobierno federal estuvo conformado por diversos personajes, entre ellos Jorge Arganis, Jorge Nuño Lara y Jorge Mendoza, este último reclutado a pesar de su trayectoria neoliberal.

Conexiones y trayectorias en Pemex y Caminos y Puentes

Jorge Arganis fungió como titular de Pemex PTI, Infraestructura de Desarrollo, encargándose del proyecto de la refinería Olmeca. En su trayectoria, su exesposa Guadalupe Cano Herrera ocupó el cargo de oficial mayor en Caminos y Puentes Federales, acompañada por Román García Álvarez, quien posteriormente llegó a la SCT en 2020, como sustituto de Jiménez Espriú.

Salud y responsabilidades en la SCT

Cabe destacar que tanto Arganis como García Álvarez enfrentaron problemas de salud en los últimos años, incluyendo contagios de Covid-19 y un tratamiento contra un tumor en el páncreas. Pese a ello, García Álvarez, mientras estaba al frente de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, gestionó la revisión de concesiones y fideicomisos carreteros.

El caso del Viaducto Bicentenario

En octubre de 2020, apenas días antes de su fallecimiento, Román García Álvarez dio continuidad a instrucciones superiores, firmando un convenio que permitió al gobierno estatal conceder el Viaducto Bicentenario al gobierno del Estado de México. Esta estructura, segundo piso de la autopista México-Querétaro entre Toreo de Cuatro Caminos y Tepalcapa, había estado operada por un particular durante una década, generando ingresos por diez mil millones de pesos, según el abogado Paulo Díez Gargari.

Cuestionamientos legales y responsabilidades

Díez Gargari señaló que la concesión otorgada en 2011 a OHL por parte del gobierno estatal violó la Ley General de Bienes Nacionales, y que el convenio del 2020 podría ser anulado. Sin embargo, los actuales responsables de la secretaría de movilidad mexiquense y de la junta estatal de caminos no han emitido declaraciones al respecto, a pesar de estar directamente involucrados.

Denuncias de corrupción y sobornos

La secretaría encabezada por Ariel Juárez enfrenta acusaciones internas por presunta corrupción y cobro de “moches”, sin que haya tenido un pronunciamiento público. Adicionalmente, se han presentado nuevas evidencias relacionadas con las actividades empresariales de Julia Abdalá Lemus durante el periodo en que Manuel Bartlett Díaz estuvo al frente de la Comisión Federal de Electricidad.

El esquema de seguros de CFE

El programa de seguros de incendios, catástrofes y responsabilidad civil de la Comisión Federal de Electricidad implicó erogaciones anuales superiores a los mil seiscientos millones de pesos. Seguros Inbursa y GMX Seguros fueron los principales proveedores en el sexenio anterior. Sin embargo, se presume que Jorge Luis Águila, por medio de Abdalá Lemus, participó en la selección de intermediarios internacionales para dichas pólizas. Las investigaciones apuntan a los despachos Reinsurance Consulting y Star Reinsurance, y se especula sobre la existencia de registros del dinero entregado a través de estos.