La alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, reveló este viernes un operativo que evitó una posible catástrofe en un evento clandestino donde asistieron alrededor de 800 menores de edad. El suceso tuvo lugar en un salón de eventos ubicado en la colonia Guerrero, específicamente en Magnolia 174, conocido como ‘Salón de Fiestas Unión y Concordia’.

Operativo coordinado por múltiples instancias

El desalojo se originó tras recibir numerosas denuncias ciudadanas a través de la ‘Base Diana’, un sistema de alerta comunitaria. Elementos de Protección Civil y la Policía Auxiliar Orión respondieron rápidamente al llamado de emergencia. Durante la intervención, se identificaron al menos cinco jóvenes con síntomas de intoxicación alcohólica, algunos en estado crítico.

Condiciones de riesgo extremo

La funcionaria publicó en sus redes sociales que el lugar presentaba condiciones infrahumanas: ataúdes reutilizados como neveras, alcohol disponible sin restricción, extintores vencidos desde el año 1999 y la completa ausencia de rutas de evacuación. ‘Gracias a la rápida intervención de nuestros equipos, logramos evacuar a todos, prestar ayuda médica y evitar una tragedia’, expresó Rojo de la Vega.

‘Blindar Cuauhtémoc’, la estrategia implementada por la alcaldesa, busca prevenir incidentes en una de las zonas con mayor movimiento nocturno de la capital mexicana. La autoridad confirmó la detención del propietario del inmueble y el aseguramiento del lugar.

Reporte oficial de la Secretaría de Seguridad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México emitió un comunicado donde detalló que los agentes intervinieron al recibir reportes de personas inconscientes fuera del salón. Cuatro adolescentes requirieron atención médica por intoxicación etílica, incluyendo una menor de 16 años que fue hospitalizada. Los uniformados colaboraron con personal de Protección Civil para desalojar a aproximadamente mil asistentes.

El operativo culminó con la detención de un hombre de 51 años, presunto dueño del local, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes. ‘Este tipo de acciones demuestran nuestro compromiso de prevenir situaciones críticas y actuar con firmeza’, concluyó la alcaldesa.

La noche de este viernes se registró el deceso de Mariano Azuela Güitrón, ex servidor público que alcanzó el cargo de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y también ejerció como presidente del máximo tribunal del país. Tenía 89 años de edad. La institución judicial expresó públicamente su pesar por la pérdida del ex funcionario, extendiendo palabras de condolencia a su entorno familiar y cercano. “Compartimos su dolor y les ofrecemos nuestro más sincero apoyo en estos momentos de profunda tristeza”, señaló en un comunicado oficial.

Trayectoria profesional y académica

Nacido en la capital del país durante 1936, hijo de María de los Dolores y Mariano, desarrolló una dilatada carrera en el ámbito legal. Entre 1954 y 1958 cursó la Licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1957, además, impartió clases en instituciones como el Centro Universitario México, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Panamericana. Su vinculación con el Poder Judicial se inició en 1960 al ocupar el puesto de secretario de Estudio y Cuenta en la SCJN, manteniéndose en el cargo hasta 1971. Posteriormente, fungió como magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación durante doce años, incluyendo un periodo como presidente en 1981.

Su ascenso a ministro de la Corte se dio en mayo de 1983, posición que ocupó hasta diciembre de 1994. Tras una reestructuración judicial impulsada por el expresidente Ernesto Zedillo, retornó al cargo. Entre 2003 y 2005, desempeñó simultáneamente las responsabilidades de presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal.

Polémica en torno al desafuero de López Obrador

Uno de los episodios más controversias asociados a su figura se relacionó con el proceso de desafuero del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. En 2004, la Procuraduría General de la República presentó una acusación formal contra el ahora presidente por desacato al no cumplir una orden judicial vinculada a obras en el predio “El Encino”. Durante meses, legisladores del PAN y PRI buscaron concretar el desafuero, lo cual implicaría la remoción del cargo y la posibilidad de enfrentar un proceso penal. La votación en la Cámara de Diputados arrojó 360 votos a favor, 127 en contra y dos abstenciones.

López Obrador, en su discurso ante el Congreso, responsabilizó directamente al ex presidente Vicente Fox, al entonces secretario de Gobernación Santiago Creel y a sectores parlamentarios con intereses empresariales de orquestar el proceso, señalando además al entonces titular de la SCJN. “Acuso también por complicidad al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Güitrón, por supeditar los altos principios de la justicia y de la Constitución a las meras consignas políticas ordenadas por los intereses creados del momento”, manifestó públicamente.

Rechazo ciudadano a elección judicial

Ante la próxima elección de jueces y magistrados, activistas y figuras públicas promueven una jornada de protesta ciudadana para el 1 de junio. Entre los voceros destacados se encuentra el exjefe de Estado Vicente Fox, quien ha manifestado públicamente su desacuerdo con el proceso electoral vigente.

“Toda mi vida he llamado a votar… pero el 1 de junio, no estarás ejerciendo tu voto, estarás legitimando una farsa. Los jueces no ofrecen propuestas, no hacen campaña, no deben deber favores, ¡esto no es democracia, es control absoluto! ¡defendamos el estado de derecho!”, escribió en su cuenta de red social el exmandatario.

Movilización prevista en múltiples sedes

Organizaciones civiles han organizado una manifestación denominada “Domingo Negro, por el rechazo a la dictadura”, con movilizaciones previstas en la capital del país partiendo del Monumento a la Independencia, así como en varias urbes del territorio nacional. Las concentraciones están programadas para las 11:00 horas del día señalado.

“Las urnas vacías no son apatía, son conciencia. Cuando no hay democracia, no hay por qué participar”, reza una de las consignas difundidas digitalmente. La coalición México Unido ha calificado el proceso comicial como “electoralmente manipulado”, exhortando a la población a no reconocer su legitimidad.

Llamados a abstención electoral

El empresario Ricardo Salinas Pliego ha instado públicamente a sus familiares y seguidores a oponerse a lo que considera “una simulación electoral en la selección de magistrados”. “Creo que ir a votar, equivale a validar y legitimar un golpe de Estado y ser parte de la ruina futura de México. Yo creo que NO debemos participar en esto por dignidad y porque moralmente está mal”, expresó en una publicación digital.

Desde días recientes, diversos llamados a manifestarse en lugar de participar en los comicios han circulado en plataformas digitales. Algunos mensajes señalan: “No votes en esta aberración, el gobierno quiere secuestrar la justicia para imponer su dictadura, la elección judicial es ilegal, no seas parte del delito”.

Destinos de la protesta ciudadana

Según información disponible, las concentraciones podrían desarrollarse simultáneamente en Aguascalientes, Guadalajara, León, Mexicali, Michoacán, Monclova, Monterrey, Puebla, Querétaro y Tijuana. Estas movilizaciones coincidirán con la fecha establecida para los comicios judiciales.