El gobernador de Zacatecas, David Monreal, informó un aumento del 5% en los salarios de los trabajadores de la administración estatal, incluyendo tanto a empleados sindicalizados como de confianza, el cual entrará en vigor en julio de 2025.

Además del porcentaje general, se estableció un incremento en el bono de despensa de 200 pesos para los sindicalizados, elevando este monto de 2 mil 700 a 2 mil 900 pesos. Para el personal de confianza, cuyo bono actual es de 1 mil 500 pesos, se aplicará un aumento del 100%, medida destinada a cubrir una importante brecha salarial existente en este sector.

Compromiso de mejora laboral

“He sostenido reuniones con diversas áreas que conforman el Gobierno del Estado, escuchando ideas, propuestas y necesidades de quienes laboran todos los días por el bienestar de Zacatecas y, gracias al orden financiero que hemos logrado, ahora es posible otorgar estos beneficios a la clase trabajadora”, aseguró el mandatario.

Monreal destacó que esta medida forma parte de la Agenda del Bienestar impulsada en el estado, reafirmando su compromiso de mejorar las condiciones laborales del personal de servicio público. El aumento salarial, que se aplica a partir del próximo mes de julio, beneficiará tanto a trabajadores sindicalizados, considerando acuerdos recientes, como a empleados de confianza que no recibían incrementos desde hace siete años.

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Mejoras adicionales y proyecciones

El gobierno anunció que se analizarán los casos de mayor vulnerabilidad dentro de la nómina estatal para aplicar aumentos superiores al 5% en dichas situaciones. El gobernador reconoció el esfuerzo de los empleados públicos por su contribución en sectores clave como infraestructura, educación, salud y carreteras.

El mandatario invitó a todos los empleados públicos a unir fuerzas en favor de Zacatecas durante la etapa final de su gestión. Señaló avances significativos en materia de seguridad, posicionando a Zacatecas como uno de los estados más seguros del país y modelo a seguir en otras regiones de México.

Legisladora oaxaqueña denuncia estado crítico de vías regionales

La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, representante del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, ha lanzado un enérgico llamado a la Secretaría de Infraestructuras, Comunicaciones y Transportes (SICT) para que atienda de inmediato las deficiencias en la autopista Mitla-Tehuantepec, vía clave para el desarrollo de Oaxaca. La representante también exigió que se rebaje la tarifa de peaje, en lugar de aumentarla como se ha planteado, debido a los serios daños que impiden su uso adecuado.

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En rueda de prensa celebrada en la Ciudad de México, Cruz Jiménez describió con crudeza la situación actual de los caminos en la región Mixe: “Parece que hubo una guerra, están totalmente destruidos”. La legisladora destacó la contradicción entre el anuncio oficial de un avance del 99 por ciento en el programa federal “Bachetón” y la realidad que enfrentan los habitantes de Oaxaca, donde las vías siguen en condiciones lamentables.

Acciones concretas demandadas a las autoridades

Como parte de sus acciones legislativas, la diputada presentó un punto de acuerdo dirigido al director general de Caminos y Puentes Federales, Rubén Arturo Hernández, solicitando la reducción de tarifas y la rehabilitación inmediata de la autopista. Además, hizo un llamado al gobierno federal para que reactive el programa “Bachetón” en la región oaxaqueña con el objetivo de beneficiar a las comunidades locales.

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Revisión de recursos y transparencia

La legisladora también solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que investigue la aplicación de los recursos destinados al programa “Bachetón”. “El gobernador de Oaxaca mandó a hacer sus lonas diciendo que era un programa del estatal, cuando sabemos que no, se tratan de recursos federales. Queremos saber dónde se está aplicando, porque en nuestras comunidades no se está haciendo”, concluyó.

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Reformas orientadas a desarticular prácticas corruptas

El diputado Gerardo Pliego ha presentado un conjunto de iniciativas destinadas a transformar radicalmente el sistema de contralorías municipales con el objetivo de combatir la corrupción. El análisis surgió en el marco de la extinción de un instituto de transparencia que, según sus palabras, ‘se fue viciando y no ha dado el resultado esperado’.

La propuesta se centra en dos aspectos fundamentales: la autonomía de los contralores y la agilización de los procesos de rendición de cuentas. Actualmente, los contralores son designados directamente por los presidentes municipales, situación que, según el legislador, limita su independencia al señalar que ‘el subordinado no va a actuar nunca para ventilar las malversaciones de su jefe’.

Rediseño del sistema de contralorías

Entre las modificaciones propuestas, destaca la necesidad de cambiar el mecanismo de selección de los contralores municipales. Pliego sugirió que estos cargos sean gestionados por el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), con el fin de establecer un sistema de supervisión efectivo sobre el uso de recursos públicos. Esta figura actuaría como ‘un verdadero observatorio de los municipios’.

Además, se busca simplificar los trámites para reportar irregularidades y aplicar sanciones de manera más rápida. ‘Anteriormente, los ciudadanos solicitaban información a un instituto que, a su vez, la pedía a la dependencia correspondiente para luego responder al solicitante, un camino que es innecesariamente largo’, explicó el legislador.

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Tras la desaparición del instituto de transparencia

El diputado defendió la extinción del instituto estatal de acceso a la información, atribuyendo su cierre a los ‘excesos’ en el manejo de recursos por parte de sus comisionados. Pliego destacó que la autonomía y presupuesto independiente permitieron el uso discrecional de fondos, incluyendo controversias por viajes y otros gastos.

El legislador confirmó que las funciones de transparencia se redistribuirán entre las contralorías municipales, los órganos de control interno de organismos públicos y la Secretaría de la Contraloría. ‘Estas medidas buscan no solo garantizar el acceso a la información, sino también fortalecer la fiscalización y castigar la corrupción de manera más expedita’, enfatizó.

Pliego reconoció que, aunque existen múltiples denuncias de corrupción, la falta de sanciones concretas ha generado escepticismo sobre si estas situaciones son un ‘mito’ o una realidad que requiere reparación. Aunque los procedimientos de fiscalización están en marcha con el OSFEM, admitió que ‘la burocracia inherente al sistema hace que la aplicación de la ley y las sanciones sean largas y tardadas’.

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