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Economía

Iniciativa de sillas para trabajadores recibe respaldo de cámara comercial en Hermosillo

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Canaco Hermosillo avala medidas de apoyo para empleados

El líder de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Hermosillo, Javier Gerardo Moreno Durán, manifestó su respaldo a la implementación de la reforma laboral conocida como Ley Silla, destacando que “la medida está diseñada para beneficiar a los trabajadores, por lo que no puede ser negativa y debe centrarse en su bienestar”.

Sectores prioritarios para aplicación de la norma

Según indicó el representante empresarial, los guardias de seguridad representan uno de los grupos más urgentes para aplicar esta medida, debido a que “en ocasiones trabajan hasta 12 horas de pie”. Otro sector clave mencionado fueron las empresas manufactureras, mientras que en el ámbito de servicios y turismo reconoció que “los empleados suelen tener más oportunidades de descanso durante su turno”.

Impacto empresarial y condiciones de cumplimiento

El presidente de Canaco Hermosillo señaló que la incorporación de mobiliario representa “una inversión que beneficiará tanto a los trabajadores como a las empresas”. Aunque indicó que “hasta ahora no ha existido presión de los empleados afiliados a Canaco para implementar de inmediato esta norma”, reconoció que “posiblemente en las maquiladoras sí se ha presentado mayor demanda”.

Marco legal y objetivos de la reforma

La reforma a la Ley Federal del Trabajo, que entró en vigor el 17 de junio pasado, establece la obligatoriedad de proporcionar sillas con respaldo a empleados que realicen labores estáticas o atención directa al público. Esta medida busca mejorar las condiciones laborales permitiendo descansos durante la jornada, especialmente para quienes desarrollan sus actividades de pie, con el propósito de promover la salud física y el bienestar de los trabajadores.

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Economía

Incremento salarial del 5% aprobado para empleados públicos en Zacatecas

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El gobernador de Zacatecas, David Monreal, informó un aumento del 5% en los salarios de los trabajadores de la administración estatal, incluyendo tanto a empleados sindicalizados como de confianza, el cual entrará en vigor en julio de 2025.

Además del porcentaje general, se estableció un incremento en el bono de despensa de 200 pesos para los sindicalizados, elevando este monto de 2 mil 700 a 2 mil 900 pesos. Para el personal de confianza, cuyo bono actual es de 1 mil 500 pesos, se aplicará un aumento del 100%, medida destinada a cubrir una importante brecha salarial existente en este sector.

Compromiso de mejora laboral

“He sostenido reuniones con diversas áreas que conforman el Gobierno del Estado, escuchando ideas, propuestas y necesidades de quienes laboran todos los días por el bienestar de Zacatecas y, gracias al orden financiero que hemos logrado, ahora es posible otorgar estos beneficios a la clase trabajadora”, aseguró el mandatario.

Monreal destacó que esta medida forma parte de la Agenda del Bienestar impulsada en el estado, reafirmando su compromiso de mejorar las condiciones laborales del personal de servicio público. El aumento salarial, que se aplica a partir del próximo mes de julio, beneficiará tanto a trabajadores sindicalizados, considerando acuerdos recientes, como a empleados de confianza que no recibían incrementos desde hace siete años.

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Mejoras adicionales y proyecciones

El gobierno anunció que se analizarán los casos de mayor vulnerabilidad dentro de la nómina estatal para aplicar aumentos superiores al 5% en dichas situaciones. El gobernador reconoció el esfuerzo de los empleados públicos por su contribución en sectores clave como infraestructura, educación, salud y carreteras.

El mandatario invitó a todos los empleados públicos a unir fuerzas en favor de Zacatecas durante la etapa final de su gestión. Señaló avances significativos en materia de seguridad, posicionando a Zacatecas como uno de los estados más seguros del país y modelo a seguir en otras regiones de México.

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Economía

Diputada del PT exige rehabilitación urgente de la autopista Mitla-Tehuantepec

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Legisladora oaxaqueña denuncia estado crítico de vías regionales

La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, representante del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, ha lanzado un enérgico llamado a la Secretaría de Infraestructuras, Comunicaciones y Transportes (SICT) para que atienda de inmediato las deficiencias en la autopista Mitla-Tehuantepec, vía clave para el desarrollo de Oaxaca. La representante también exigió que se rebaje la tarifa de peaje, en lugar de aumentarla como se ha planteado, debido a los serios daños que impiden su uso adecuado.

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Impacto en comunidades afectadas

En rueda de prensa celebrada en la Ciudad de México, Cruz Jiménez describió con crudeza la situación actual de los caminos en la región Mixe: “Parece que hubo una guerra, están totalmente destruidos”. La legisladora destacó la contradicción entre el anuncio oficial de un avance del 99 por ciento en el programa federal “Bachetón” y la realidad que enfrentan los habitantes de Oaxaca, donde las vías siguen en condiciones lamentables.

Acciones concretas demandadas a las autoridades

Como parte de sus acciones legislativas, la diputada presentó un punto de acuerdo dirigido al director general de Caminos y Puentes Federales, Rubén Arturo Hernández, solicitando la reducción de tarifas y la rehabilitación inmediata de la autopista. Además, hizo un llamado al gobierno federal para que reactive el programa “Bachetón” en la región oaxaqueña con el objetivo de beneficiar a las comunidades locales.

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Revisión de recursos y transparencia

La legisladora también solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que investigue la aplicación de los recursos destinados al programa “Bachetón”. “El gobernador de Oaxaca mandó a hacer sus lonas diciendo que era un programa del estatal, cuando sabemos que no, se tratan de recursos federales. Queremos saber dónde se está aplicando, porque en nuestras comunidades no se está haciendo”, concluyó.

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Economía

México mantiene diálogo con EU sobre eliminación de aranceles al acero sin establecer plazos: Ebrard

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El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, reveló que las conversaciones con Estados Unidos para eliminar el impuesto del 25% sobre acero y aluminio mexicano continúan sin establecer fechas límite. Durante una rueda de prensa tras el lanzamiento de una convocatoria del IMPI, el funcionario destacó que imponer un ultimátum “no corresponde a una verdadera negociación”.

Avances y obstáculos en las negociaciones

“Estamos en la etapa más avanzada de discusiones”, aseguró Ebrard, quien mantiene comunicación constante con autoridades comerciales estadounidenses. El secretario presentó datos matutinos sobre el comercio de productos derivados de estos metales, destacando que México exporta solo 100,000 toneladas anuales de aluminio a su vecino del norte.

“¿Por qué aplicar un arancel tan elevado si somos socios comerciales?”, cuestionó, considerando que “muchísimos argumentos” respaldan su posición. No obstante, reconoció que los disturbios geopolíticos entre Oriente Medio han retrasado encuentros técnicos, aunque expresó confianza: “Espero que pronto tengamos una resolución”.

Impacto de conflictos internacionales

“Es difícil estimarlo en este momento, porque no sabemos, primero Estados Unidos dice que no está en guerra, bueno, es la versión oficial, no sabemos si va a ser, ayer se había anunciado un cese al fuego, en fin, es un poco incierto hoy contestar esa pregunta, porque no sabemos qué duración o amplitud va a tener”, por lo que dijo, “hay que esperar”.

Respecto a la coyuntura internacional, el funcionario destacó que “primero debemos conocer la magnitud y duración de estos eventos antes de calcular sus efectos económicos”.

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Retos demográficos y económicos

Ebrard también abordó aspectos estructurales de la economía nacional: “Contamos con 130 millones de habitantes, con una edad promedio de entre 29 y 30 años. Esto contrasta con nuestro principal socio comercial, cuya población supera los 40 años de edad promedio”.

El secretario enfatizó la ventana de oportunidad que representa esta diferencia generacional: “Tenemos aproximadamente diez años para transformar significativamente nuestra economía y aumentar nuestro valor agregado”.

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