DESENLACE SIN ACUERDO

El tribunal federal de San Diego enfrentó un estancamiento en el caso del exoficial Aaron Richard Russell, acusado de privar de sus derechos a Nicholas Bils durante un incidente en mayo de 2020. El juez Todd Robinson decretó la nulidad del juicio luego de que los miembros del jurado no lograran un consenso sobre la culpabilidad del entonces policía, quien enfrentaba cadena perpetua por la muerte del hombre.

El episodio tuvo lugar en las inmediaciones de la Cárcel Central del centro, cuando Bils, de 36 años, intentó huir con las esposas puestas. Russell, de 28 años, disparó cinco veces contra la espalda de la víctima sin previo aviso, acción que generó la investigación federal.

DESCONFIANZA EN TESTIMONIO

Durante los nueve días de testimonios, el exoficial aseguró haber confundido las esposas con un arma, argumento que no convenció a la mayoría de los jurados. “Pensaron que simplemente lo decía ahora, porque nunca lo había dicho antes”, reveló un miembro del jurado sobre las declaraciones de Russell.

El fiscal federal Seth Askins enfatizó ante el tribunal que “Ningún otro agente en la escena pensó que Nicholas Bils fuera una amenaza” y recordó que “Todos saben que no se puede dispararle por la espalda a un hombre desarmado solo por huir”. Por su parte, Russell aseguró: “El hecho de correr no fue la razón por la que le disparé al Sr. Bils”.

CONSECUENCIAS Y CONTROVERSIAS

El jurado coincidió en que el exoficial actuó bajo pretexto legal, violó el derecho constitucional a la protección frente a fuerza excesiva y utilizó un arma letal que causó la muerte. Sin embargo, no lograron acordar si hubo intención deliberada, punto crucial para determinar la culpabilidad.

Anteriormente, Russell había aceptado una sentencia de un año de cárcel y tres de libertad condicional al declararse culpable de homicidio voluntario en 2022. El condado de San Diego pagó 8.1 millones de dólares a la familia de la víctima para resolver la demanda civil.

ANTECEDENTES DEL CASO

El incidente ocurrió el 1 de mayo de 2020 en Old Town San Diego, donde Bils había sido detenido por guardabosques estatales por violar las restricciones sanitarias de la pandemia. El video mostró cómo el hombre logró salir del vehículo policial y comenzó a correr por Front Street.

La oficial Jessica Murany, presente en la escena, declaró: “Sabía que (Bils) no era una amenaza”. Las imágenes captadas por cámaras de vigilancia revelaron que Russell disparó cinco veces en menos de 1.5 segundos, acción que contradecía los protocolos policiales estándar.

“No es un desenlace feliz”, declaró el abogado defensor Richard Pinckard frente al juzgado federal del centro de San Diego. “Un hombre perdió la vida. Y eso no es algo que mi cliente olvidará jamás. Es lo primero que piensa al despertarse por la mañana, es lo último que piensa antes de acostarse”.

Las autoridades federales confirmaron que preparan un nuevo juicio para el caso, con una audiencia programada el próximo mes para definir los siguientes pasos legales.

Confrontación entre grupos armados en el Valle del Cauca

El Frente 57 Yair Bermúdez, grupo de disidencias de las Farc bajo el mando de Iván Mordisco, ha anunciado públicamente una campaña de acciones armadas contra La Inmaculada, una organización criminal que opera en Tuluá, ubicada en el departamento del Valle del Cauca.

Objetivos definidos en el comunicado

En un mensaje difundido por el grupo, se establece como objetivo principal a alias Pipe Tuluá, presunto líder de La Inmaculada, junto con su círculo familiar y cualquier persona que brinde apoyo a esta estructura delictiva. El comunicado enfatiza que los operativos se centrarán únicamente en quienes se identifiquen como responsables de actividades violentas en la zona, reiterando que no afectarán a la población civil ajena a estos hechos.

Justificación de las acciones

El Frente 57 manifiesta en el documento su rechazo a las acciones violentas atribuidas a La Inmaculada, incluyendo la quema de automóviles y ataques a negocios. El grupo se autodefine como “pueblo con uniforme y fusil” y asegura que su propósito es proteger a los residentes de Tuluá de lo que consideran abusos por parte de la organización criminal.

“Sabemos que están cansados y también rechazamos la represión y la ola de violencia por parte del grupo La Inmaculada. No vamos a permitir más atropellos contra la población civil”

Contexto de violencia y extradición

La Inmaculada, presuntamente liderada por Jhonatan Andrés Valencia conocido como Pipe Tuluá, ha sido señalada por las autoridades por múltiples delitos en la región. Informes preliminares sugieren que el reciente incremento de violencia en Tuluá podría estar relacionado con una posible represalia de esta organización después de confirmarse la extradición de su líder a otro país para enfrentar cargos por delitos graves.

Alerta en la comunidad y expectativa sobre respuesta institucional

La declaración del Frente 57 ha generado inquietud entre los habitantes de Tuluá, que ya enfrentan una creciente ola de inseguridad. Aunque no hay pronunciamiento oficial de las autoridades sobre este comunicado, el temor ante una posible escalada del conflicto armado en el área urbana sigue creciendo. La comunidad se encuentra en estado de alerta mientras espera una reacción por parte de las fuerzas de seguridad y organismos gubernamentales.

“Les hacemos un llamado a las personas que han venido prestando y apoyando a estos grupos para reprimir a las comunidades con prácticas delincuenciales como la quema de vehículos y destrucción de establecimientos comerciales. Declararemos objetivo militar a Pipe Tuluá, a sus familiares y a los integrantes o cualquier persona que apoye las acciones que atropellen a los habitantes del municipio”

Conclusión del mensaje del Frente 57

El Frente 57 cerró su comunicado reiterando que sus operaciones militares se enfocarán exclusivamente en quienes hayan participado en actos violentos en Tuluá, asegurando que no involucrarán a civiles que no estén relacionados con dichas acciones.

“A las comunidades les dejamos muy en claro que nuestras acciones militares han sido dirigidas en contra de quienes han hecho daño y han participado en actos de violencia. Será contra ellos nuestro accionar militar; en ningún momento hemos involucrado población civil que no tenga que ver con estos hechos de violencia que se están viviendo en el municipio de Tuluá”

Escenario de inseguridad en Tuluá

La declaración de guerra entre estas dos organizaciones armadas plantea una situación compleja para Tuluá, una localidad que ha sufrido intensamente los efectos del conflicto y la delincuencia. La incertidumbre sobre las consecuencias de este enfrentamiento en la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad regional persiste como una preocupación crítica tanto para los residentes como para las autoridades locales.

Antecedentes de la controversia

Un material audiovisual ha generado controversia al mostrar supuestos despidos irregulares en dependencias gubernamentales. Entre los casos destacados está el de Lilia Pérez Pérez, quien tenía más de diez años de trayectoria en el sector público y participó como aspirante a liderar el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE).

Detalles del caso específico

En la grabación, la ex funcionaria asegura haber sido separada de su cargo por un individuo identificado como Héctor, a quien acusa de carecer de autoridad para realizar dicha acción.

“Estoy grabando mi despido injustificado (…) esta administración así actúa, despidiendo injustificadamente”

, menciona en el video. La afectada niega haber cometido faltas administrativas que respalden la medida tomada.

Denuncia de patrón reiterativo

La ex secretaria de Trabajo y Conflictos del Comité Ejecutivo del SUTSGE señala que existen al menos dos casos similares: uno relacionado con una empleada de la ETI y otro con un trabajador de la Contraloría.

“Así como llega, llega y despide a todos los trabajadores”

, expresa mientras pide una respuesta oficial. La trabajadora, quien inició su trayectoria en septiembre de 2014 en la Oficialía Mayor, dirige un llamado directo al mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona para detener lo que considera una política de eliminación de puestos sin fundamentos legales.

Contexto de despidos en la administración

Esta situación no es aislada, según reportes anteriores. En febrero de 2022, más de treinta empleados de diferentes instituciones como el Consejo Estatal de Atención a Víctimas (CEAAV), el Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve), el Sistema Estatal DIF y otras dependencias reportaron haber sido cesados sin proceso previo. Los despidos han persistido durante el periodo gubernamental y, según testimonios, se han realizado sin justificación formal.