Detienen a presuntos responsables de ataques incendiarios

La Fiscalía Regional de Mexicali logró la vinculación a proceso de tres personas acusadas de cometer delitos de terrorismo, daño en propiedad ajena por incendio y asociación delictuosa. La Unidad de Investigación de Delitos Contra el Patrimonio, la Sociedad, el Estado y la Justicia presentó pruebas que llevaron al Juez de Control a decretar prisión preventiva oficiosa y otorgar un periodo de cuatro meses para completar la investigación.

Identificados los presuntos autores de los ataques

Los imputados son Luis Antonio “N”, conocido como “El Miky”; Roberto “N”, alias “El Robert”; y Alejandro “N”, apodado “El Negro”. Según las investigaciones, estos individuos estarían involucrados en los ataques contra una tienda Ley en Mexicali. El primer incidente ocurrió el 14 de mayo de 2025, cuando Luis Antonio “N” junto con dos cómplices no identificados rociaron líquido inflamable en el área de pañales y papel higiénico del establecimiento, provocando un incendio que causó daños materiales y puso en peligro a los clientes.

Ataque con bomba molotov en Casa Ley

El segundo ataque se registró el 16 de mayo de 2025 a las 03:50 horas, cuando los tres imputados entraron a Casa Ley en la colonia Pueblo Nuevo. Dañaron la puerta de acceso y lanzaron una bomba molotov, originando un incendio antes de escapar en un automóvil Honda Accord azul. “Estos hechos constituyen una grave alteración del orden público, afectando la paz y seguridad de la ciudadanía”, señaló la Fiscalía General del Estado de Baja California.

El arzobispo de León, Jaime Calderón Calderón, manifestó nuevamente su oposición a la interrupción del embarazo durante una misa con motivo de la festividad de la virgen de la Luz. El religioso señaló que no es aceptable la justificación de la muerte de personas no nacidas.

Posición religiosa frente al debate legislativo

“A veces con el machismo que nos hace creer que somos superiores y desviamos el misterio de Dios, la predilección de Dios y la predilección de Dios ha sido escoger una madre y ella ha sabido responder con maternidad, con la vida. Por eso, nada más ajeno que cuando en la pretensión humana de los pueblos se quiere justificar la muerte de los nacidos o privarlos de la vida a aquellos no nacidos que son los más inocentes”, expresó durante su homilía.

El comentario del arzobispo ocurre horas antes de que se retome en el Congreso local el análisis sobre la posibilidad de permitir la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

Critica persistencia de mentalidad machista

El líder católico también señaló que el machismo continúa influyendo en la sociedad, ya que genera la percepción de superioridad en el género masculino. Esta ideología, según su opinión, aleja a las personas del entendimiento del misterio divino.

Decisión judicial sobre detenciones en El Salvador

Un juez federal radicado en la capital estadounidense ha dictado una orden que obliga al Ejecutivo de Donald Trump a permitir que individuos trasladados a un penal de alta seguridad en El Salvador durante los días 15 y 16 de marzo puedan presentar recursos legales para impugnar su situación.

Detalles del fallo judicial

La sentencia del magistrado James Boasberg establece que las autoridades estadounidenses deben garantizar a estos individuos la posibilidad de acudir ante tribunales para cuestionar las razones de su detención. “El Gobierno debe facilitar a la clase la posibilidad de solicitar el amparo para impugnar su expulsión en virtud de la ley”, señaló en su resolución.

Ámbito de aplicación del fallo

La medida se aplica específicamente a “personas no ciudadanas […] que fueron retiradas de la custodia de Estados Unidos y trasladadas al Centro de Confinamiento por Terrorismo (CECOT) en El Salvador los días 15 y 16 de marzo de 2025, en virtud únicamente de la proclamación presidencial titulada Invocation of the Alien Enemies Act Regarding the Invasion of The United States by Tren De Aragua”.

Contexto de la decisión judicial

Esta determinación se produce después de que la Corte Suprema revocara anteriormente una orden del mismo juez que había suspendido la expulsión de presuntos miembros de una organización venezolana. “Independientemente de si los detenidos solicitan formalmente la liberación del confinamiento, dado que sus solicitudes de amparo implican necesariamente la invalidez de su confinamiento y expulsión bajo la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA, en inglés), sus solicitudes se enmarcan en el núcleo del recurso de habeas corpus y, por lo tanto, deben interponerse mediante habeas corpus”, destacaron los jueces.

Derechos procesales para detenidos

El fallo también establece que las personas arrestadas bajo esta normativa deben recibir garantías procesales relacionadas con los plazos legales. “La notificación debe ser proporcionada dentro de un plazo razonable y de tal manera que les permita solicitar el amparo de habeas corpus en la jurisdicción correspondiente antes de que dicha expulsión ocurra”, indicaron los magistrados.

Antecedentes del caso

Esta sentencia revierte órdenes previas del juez Boasberg que habían frenado la medida el 15 de marzo durante el proceso judicial. La acción legal original fue presentada por cinco ciudadanos venezolanos, y el magistrado la extendió provisionalmente a todos los venezolanos bajo custodia estadounidense que no poseen nacionalidad estadounidense.

Polémica clasificación gubernamental

La administración Trump comunicó en febrero su decisión de catalogar al grupo como organización terrorista, argumentando que sus miembros habían ingresado ilegalmente a Estados Unidos. El Ejecutivo sostiene que esta banda opera como una extensión del gobierno venezolano liderado por Nicolás Maduro, una afirmación que ha generado controversia.

Uso de la Ley de Enemigos Extranjeros

El presidente Donald Trump aplicó la Ley de Enemigos Extranjeros, normativa que solo puede ser utilizada ante “invasiones con incursiones depredadoras”. Con esta base, el gobierno estableció que los presuntos miembros de esta organización podían ser aprehendidos y expulsados inmediatamente sin que los tribunales pudieran evaluar si procedía la aplicación de dicha ley o si los individuos eran realmente parte del grupo. Los abogados de los afectados han señalado que el sistema de puntos utilizado para identificar a los miembros contiene graves defectos, incluyendo la consideración de tatuajes como criterio de selección, lo que ha llevado a errores en la identificación.