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MUERTE POR DISPAROS: Jurado en impasse en juicio de oficial que abatió por la espalda a hombre en fuga – San Diego Union-Tribune

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DESENLACE SIN ACUERDO

El tribunal federal de San Diego enfrentó un estancamiento en el caso del exoficial Aaron Richard Russell, acusado de privar de sus derechos a Nicholas Bils durante un incidente en mayo de 2020. El juez Todd Robinson decretó la nulidad del juicio luego de que los miembros del jurado no lograran un consenso sobre la culpabilidad del entonces policía, quien enfrentaba cadena perpetua por la muerte del hombre.

El episodio tuvo lugar en las inmediaciones de la Cárcel Central del centro, cuando Bils, de 36 años, intentó huir con las esposas puestas. Russell, de 28 años, disparó cinco veces contra la espalda de la víctima sin previo aviso, acción que generó la investigación federal.

DESCONFIANZA EN TESTIMONIO

Durante los nueve días de testimonios, el exoficial aseguró haber confundido las esposas con un arma, argumento que no convenció a la mayoría de los jurados. “Pensaron que simplemente lo decía ahora, porque nunca lo había dicho antes”, reveló un miembro del jurado sobre las declaraciones de Russell.

El fiscal federal Seth Askins enfatizó ante el tribunal que “Ningún otro agente en la escena pensó que Nicholas Bils fuera una amenaza” y recordó que “Todos saben que no se puede dispararle por la espalda a un hombre desarmado solo por huir”. Por su parte, Russell aseguró: “El hecho de correr no fue la razón por la que le disparé al Sr. Bils”.

CONSECUENCIAS Y CONTROVERSIAS

El jurado coincidió en que el exoficial actuó bajo pretexto legal, violó el derecho constitucional a la protección frente a fuerza excesiva y utilizó un arma letal que causó la muerte. Sin embargo, no lograron acordar si hubo intención deliberada, punto crucial para determinar la culpabilidad.

Anteriormente, Russell había aceptado una sentencia de un año de cárcel y tres de libertad condicional al declararse culpable de homicidio voluntario en 2022. El condado de San Diego pagó 8.1 millones de dólares a la familia de la víctima para resolver la demanda civil.

ANTECEDENTES DEL CASO

El incidente ocurrió el 1 de mayo de 2020 en Old Town San Diego, donde Bils había sido detenido por guardabosques estatales por violar las restricciones sanitarias de la pandemia. El video mostró cómo el hombre logró salir del vehículo policial y comenzó a correr por Front Street.

La oficial Jessica Murany, presente en la escena, declaró: “Sabía que (Bils) no era una amenaza”. Las imágenes captadas por cámaras de vigilancia revelaron que Russell disparó cinco veces en menos de 1.5 segundos, acción que contradecía los protocolos policiales estándar.

“No es un desenlace feliz”, declaró el abogado defensor Richard Pinckard frente al juzgado federal del centro de San Diego. “Un hombre perdió la vida. Y eso no es algo que mi cliente olvidará jamás. Es lo primero que piensa al despertarse por la mañana, es lo último que piensa antes de acostarse”.

Las autoridades federales confirmaron que preparan un nuevo juicio para el caso, con una audiencia programada el próximo mes para definir los siguientes pasos legales.

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Colectiva insta a la comunidad a reaccionar frente a casos de desapariciones en Acapulco

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Iniciativa de sensibilización en el centro histórico

La colectiva Memoria, Verdad y Justicia presentó la versión número 39 de su muestra móvil Rostros de la impunidad en la plaza principal del puerto. Esta iniciativa busca llamar la atención sobre la situación de personas extraviadas en la región.

Llamado urgente de una madre afectada

Socorro Gil Guzmán, progenitora de Jhonatan Guadalupe Romero Gil, un joven sustraído por agentes municipales, destacó la necesidad de involucrar a la ciudadanía en la lucha contra estos crímenes que suceden incluso en horas diurnas y zonas concurridas. “Nos corresponde a todos actuar colectivamente. Si las autoridades no toman medidas, extendemos la invitación a la sociedad para que tome cartas en el asunto”, manifestó.

Rechazo a negación oficial

La afectada enfatizó que las instituciones gubernamentales insisten en negar la existencia de estos casos, a pesar de que suceden cotidianamente sin que se realicen operativos de localización.

Reclamos por intervención municipal

Los asistentes señalaron que durante la Feria Internacional del Libro, empleados del gobierno local retiraron ciertos materiales visuales de la exposición, incumpliendo un acuerdo previo sobre el respeto al espacio dedicado a la memoria. Tras el descontento manifestado, recordaron un encuentro con la secretaria municipal Leticia Lozano Zavala, quien se comprometió a prevenir recurrencias, establecer comunicación directa y desarrollar programas de concientización.

Caso reciente de desaparición

Se exigió con urgencia localizar a Kevin Isaac Cruz Linares, de 25 años, cuya ausencia se remonta al 25 de mayo. Su familiar Mario Alberto Linares González expresó que “desde el 26 de mayo no lo vemos en casa, hemos acudido a la Procuraduría, presentado documentos, compartido imágenes, pero no obtenemos respuesta. Solicito a las autoridades investigar el caso de mi sobrino. Familias, amigos, realicen búsquedas, para que algún día regresen sus seres queridos”.

Marco de acción oficial

La organización recordó que las investigaciones de personas desaparecidas deben seguir diez directrices fundamentales: presunción de supervivencia, respeto a la dignidad, inicio inmediato y participación protagónica de los afectados. Estos criterios están avalados por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y demandan una respuesta estatal continua, visible, coordinada y sin apariencias.

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Capturan a pareja de jóvenes con armamento en Allende, Nuevo León

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Operativo policial en colonia Bugambilias

Agentes de Fuerza Civil ejecutaron una detención en calles de la colonia Bugambilias en Allende, Nuevo León, durante la noche del viernes. Dos individuos que viajaban en una motocicleta de color rojo levantaron sospechas en el cruce conformado por Bernardino Cavazos Salazar y Geranios.

Identidad de los detenidos

Los sujetos identificados como Edwin “N” y Edson “N”, de 24 años de edad cada uno, fueron intervenidos por el presunto porte ilegal de armas de fuego. La autoridad correspondiente informó que durante el procedimiento se les encontró en posesión de dos pistolas cortas cargadas con un total de nueve cartuchos.

Procedimientos legales en curso

“Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, en tanto se determina su situación jurídica”, reveló la fuente oficial. El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades federales analizan los cargos correspondientes.

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Juez ordena prisión preventiva para once exmilitares colombianos vinculados a ataque contra el Ejército mexicano

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Once exmilitares colombianos enfrentan prisión preventiva oficiosa después de que un juez de control los vinculara a proceso por su presunta participación en un atentado con artefactos explosivos contra efectivos del Ejército mexicano. El incidente, ocurrido en mayo pasado en la frontera entre Michoacán y Jalisco, resultó en la muerte de ocho soldados.

Desarrollo del caso judicial

El proceso legal se definió tras una audiencia de 20 horas llevada a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal de Michoacán, con sede en Morelia. Durante el procedimiento, el juez validó las evidencias presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), relacionadas con el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Lugar de detención y contexto del operativo

Los acusados, que habrían llegado a México durante el año anterior, fueron trasladados al CEFERESO Número 17, ubicado en Buenavista Tomatlán, región de la Tierra Caliente michoacana. La detención ocurrió a finales de mayo en Los Reyes, Michoacán, donde fuerzas federales capturaron a 17 presuntos integrantes de grupos delictivos, de los cuales once correspondían a exmilitares colombianos.

Elementos decomisados y versión oficial de Colombia

Entre los objetos asegurados durante el operativo se encontraban imitaciones de armas largas, cargadores, cartuchos y 41 dispositivos explosivos, además de una caja con material detonante, pólvora negra, equipamiento balístico y táctico. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó que 12 ciudadanos de ese país están detenidos, de los cuales once tuvieron participación en instituciones militares colombianas.

Alerta sobre mercenarios extranjeros

“Un creciente fenómeno de cooptación de personal con formación militar para integrar estructuras criminales, sirviendo como mercenarios”, señaló la cancillería colombiana, destacando la preocupación por el reclutamiento de exmilitares en actividades ilícitas.

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