Legislación que regula expulsión de extranjeros sentenciados
El Parlamento de Perú sancionó una nueva normativa que permite acelerar la deportación de extranjeros condenados por crímenes graves y ampliar instrumentos legales en materia de seguridad nacional. La disposición, oficializada en El Peruano, detalla múltiples artículos con procedimientos y alcances de esta medida.
Características de la medida y aplicación
La deportación inmediata se instituye como una forma de limitación a la libertad que opera tras finalizar la pena principal, acceder a beneficios carcelarios o transformar la sentencia original. También se establece la prohibición absoluta de retorno al país para los afectados.
Las reformas indican que, incluso cuando un extranjero obtenga reducción de su condena o beneficios penitenciarios, Perú mantiene competencia sobre el fallo judicial. Esto implica que, pese a abandonar el territorio, el Estado conserva derecho a exigir responsabilidades o reanudar el proceso judicial si el individuo regresa al país.
Delitos que ameritan expulsión y sanciones
La norma establece la expulsión como sanción complementaria para diversos delitos graves, incluyendo homicidio, secuestro, violencia sexual, trata de personas, extorsión, sicariato, narcotráfico, corrupción y lavado de activos.
Se establecen consecuencias adicionales: el extranjero deportado no podrá ingresar nuevamente al país durante un periodo equivalente a la pena máxima establecida para el delito cometido. Los trámites administrativos para evitar la expulsión quedarán archivados, salvo que existan causas justificadas diferentes.
Se garantiza la reparación civil y se permite el decomiso o extinción del dominio sobre bienes del condenado. Este derecho al resarcimiento no tiene plazo de prescripción, permitiendo su persecución indefinida por las autoridades.
Facultades judiciales para transformar penas
La norma otorga mayores atribuciones a los jueces para convertir penas privativas de libertad (hasta cinco años) en alternativas como trabajos comunitarios, multas o, en el caso de extranjeros, expulsión del país.
Esta posibilidad tiene limitaciones y no aplica para condenados por delitos especialmente graves como crimen organizado, lavado de activos, narcotráfico, secuestro, trata de personas, terrorismo y otros especificados en la legislación.
Para acceder a la conversión de penas, el sentenciado debe haber cumplido al menos dos tercios de su condena. Si la pena es inferior a dos años, el juez puede sustituirla por multa. En casos de condenas menores a cinco años, es posible reemplazarla por trabajos en beneficio de la comunidad.
Procedimientos de ejecución y estadísticas
Para sanciones en fase de ejecución, también se podrá ordenar la expulsión siempre que se haya cumplido el plazo mencionado y no se trate de delitos excluidos expresamente. En todos estos casos, el magistrado analizará si la persona reúne los requisitos establecidos.
La nueva ley reforma el Código de Ejecución Penal, específicamente el artículo 118, para agilizar la salida del territorio nacional de extranjeros tras cumplir su condena, obtener beneficios penitenciarios o ver convertida su sanción. El proceso queda a cargo del director del centro penitenciario, quien debe entregar al sentenciado a la autoridad correspondiente para concretar esta salida.
Durante los primeros tres meses del año, la Superintendencia Nacional de Migraciones, junto con la Policía Nacional del Perú (PNP), realizó 1.123 operativos de control migratorio. Como resultado, se ordenó la deportación de 760 extranjeros que violaron la normativa migratoria.
Estas acciones se ejecutaron en varias regiones del país, enfocándose especialmente en zonas fronterizas y urbanas. El 20.93 % de las operaciones se concentraron en Puno, seguido por Pucallpa con 11.84 %, Tumbes con 10.15 % y Tarapoto con 9.26 %.
Ciudades como Lima, Arequipa, Chimbote, Callao, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Ica, Iquitos, Puerto Maldonado, Tacna y Trujillo también fueron escenario de estas acciones, aunque con menor intensidad. Estos números reflejan un esfuerzo coordinado para cubrir tanto las principales ciudades como las áreas más susceptibles al ingreso irregular de personas.
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