Legislación que regula expulsión de extranjeros sentenciados

El Parlamento de Perú sancionó una nueva normativa que permite acelerar la deportación de extranjeros condenados por crímenes graves y ampliar instrumentos legales en materia de seguridad nacional. La disposición, oficializada en El Peruano, detalla múltiples artículos con procedimientos y alcances de esta medida.

Características de la medida y aplicación

La deportación inmediata se instituye como una forma de limitación a la libertad que opera tras finalizar la pena principal, acceder a beneficios carcelarios o transformar la sentencia original. También se establece la prohibición absoluta de retorno al país para los afectados.

Las reformas indican que, incluso cuando un extranjero obtenga reducción de su condena o beneficios penitenciarios, Perú mantiene competencia sobre el fallo judicial. Esto implica que, pese a abandonar el territorio, el Estado conserva derecho a exigir responsabilidades o reanudar el proceso judicial si el individuo regresa al país.

Delitos que ameritan expulsión y sanciones

La norma establece la expulsión como sanción complementaria para diversos delitos graves, incluyendo homicidio, secuestro, violencia sexual, trata de personas, extorsión, sicariato, narcotráfico, corrupción y lavado de activos.

Se establecen consecuencias adicionales: el extranjero deportado no podrá ingresar nuevamente al país durante un periodo equivalente a la pena máxima establecida para el delito cometido. Los trámites administrativos para evitar la expulsión quedarán archivados, salvo que existan causas justificadas diferentes.

Se garantiza la reparación civil y se permite el decomiso o extinción del dominio sobre bienes del condenado. Este derecho al resarcimiento no tiene plazo de prescripción, permitiendo su persecución indefinida por las autoridades.

Facultades judiciales para transformar penas

La norma otorga mayores atribuciones a los jueces para convertir penas privativas de libertad (hasta cinco años) en alternativas como trabajos comunitarios, multas o, en el caso de extranjeros, expulsión del país.

Esta posibilidad tiene limitaciones y no aplica para condenados por delitos especialmente graves como crimen organizado, lavado de activos, narcotráfico, secuestro, trata de personas, terrorismo y otros especificados en la legislación.

Para acceder a la conversión de penas, el sentenciado debe haber cumplido al menos dos tercios de su condena. Si la pena es inferior a dos años, el juez puede sustituirla por multa. En casos de condenas menores a cinco años, es posible reemplazarla por trabajos en beneficio de la comunidad.

Procedimientos de ejecución y estadísticas

Para sanciones en fase de ejecución, también se podrá ordenar la expulsión siempre que se haya cumplido el plazo mencionado y no se trate de delitos excluidos expresamente. En todos estos casos, el magistrado analizará si la persona reúne los requisitos establecidos.

La nueva ley reforma el Código de Ejecución Penal, específicamente el artículo 118, para agilizar la salida del territorio nacional de extranjeros tras cumplir su condena, obtener beneficios penitenciarios o ver convertida su sanción. El proceso queda a cargo del director del centro penitenciario, quien debe entregar al sentenciado a la autoridad correspondiente para concretar esta salida.

Durante los primeros tres meses del año, la Superintendencia Nacional de Migraciones, junto con la Policía Nacional del Perú (PNP), realizó 1.123 operativos de control migratorio. Como resultado, se ordenó la deportación de 760 extranjeros que violaron la normativa migratoria.

Estas acciones se ejecutaron en varias regiones del país, enfocándose especialmente en zonas fronterizas y urbanas. El 20.93 % de las operaciones se concentraron en Puno, seguido por Pucallpa con 11.84 %, Tumbes con 10.15 % y Tarapoto con 9.26 %.

Ciudades como Lima, Arequipa, Chimbote, Callao, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Ica, Iquitos, Puerto Maldonado, Tacna y Trujillo también fueron escenario de estas acciones, aunque con menor intensidad. Estos números reflejan un esfuerzo coordinado para cubrir tanto las principales ciudades como las áreas más susceptibles al ingreso irregular de personas.

Agente herido en atentado armado

Un integrante de la Fiscalía estatal resultó herido al recibir disparos durante un ataque directo en la colonia San Antonio de Guadalajara. Los hechos se registraron el miércoles 6 de junio del 2025 alrededor de las 23:52 horas.

El profesional del sistema de justicia intentó solicitar apoyo inmediato tras ser alcanzado por proyectiles en la zona urbana tapatía, según reportó Grupo REFORMA.

En el recinto legislativo federal se ha presentado una propuesta que busca imponer penas privativas de libertad para quienes incurran en actos de corrupción dentro del deporte profesional. La iniciativa establece sanciones que oscilarían entre los dos y seis años de reclusión, acompañadas de multas equivalentes a mil hasta cuatro mil días de la Unidad de Medida y Actualización, lo que actualmente representa una cantidad entre 113,140 y 452,560 pesos mexicanos.

Detalles de la propuesta legislativa

El autor de la iniciativa es el diputado federal Daniel Andrade Zurutuza, quien explicó que la normativa aplicaría a quienes realicen acciones como aceptar, recibir, solicitar u ofrecer cualquier tipo de beneficio personal o financiero con el objetivo de manipular, alterar o influir en el desarrollo o resultados de competencias deportivas. Esto incluye desde pruebas individuales hasta torneos completos.

Motivos de la reforma legal

El legislador destacó que el mundo del deporte profesional ha evolucionado a convertirse en un complejo negocio que involucra grandes sumas de dinero, convirtiéndose en un sector atractivo para actividades fraudulentas. Señaló que actualmente el deporte no solo involucra a atletas y equipos, sino también a empresas, medios de comunicación, patrocinadores, actividades de mercadotecnia y productos relacionados.

Penalizaciones agravadas

Una particularidad de la propuesta es que establece penas agravadas para quienes ostenten cargos de dirección o administración en instituciones deportivas, ya sean públicas o privadas. En estos casos, las sanciones se duplicarían cuando exista promesa, oferta u otorgamiento de beneficios económicos o personales a deportistas profesionales, miembros de cuerpos técnicos, árbitros o jueces, a cambio de alterar resultados competitivos.

Impacto en el deporte nacional

El diputado refirió que la corrupción en el ámbito deportivo en México no puede ser ignorada, pues cada vez son más frecuentes los casos que afectan la integridad y espíritu competitivo de las disciplinas. Recordó que este fenómeno no es exclusivo del país ni tampoco reciente, aunque sus efectos tienen consecuencias económicas y sociales significativas.