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Carolina del Norte amplía colaboración con ICE mediante acuerdos 287(g) que afectan a migrantes

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Endurecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos

Carolina del Norte ha suscrito nuevos acuerdos 287(g) que autorizan a autoridades locales trabajar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Seis condados adicionales han adoptado este modelo en 2025, elevando a 21 el número total de acuerdos vigentes en el estado. Esta medida sitúa a Carolina del Norte entre los cinco estados con mayor cantidad de convenios de este tipo.

Marco legal y funcionamiento del acuerdo

El mecanismo 287(g), regulado por una normativa federal desde 1996, posibilita que ciertos oficiales locales realicen funciones restringidas relacionadas con control migratorio dentro de instalaciones penitenciarias. Este acuerdo no aplica en operativos en la vía pública, pero permite a los alguaciles verificar el estatus migratorio de personas detenidas y alertar a ICE si carecen de documentos legales.

Modalidades y aplicaciones específicas

Existen tres tipos de acuerdos bajo este marco legal, según información de El Enlace Latino:

  • Modelo de Grupo de Trabajo: autoriza arrestos e interrogatorios a personas sospechosas de permanecer ilegalmente en el país.
  • Modelo de Control Penitenciario: permite interrogar a detenidos y emitir órdenes de retención para ICE.
  • Modelo de Oficial de Servicio de Ordenanzas: limitado a ejecutar órdenes administrativas en cárceles, sin facultades para investigar estatus migratorio.

Los seis convenios recientes corresponden al modelo más restringido, aunque grupos defensores de derechos humanos lo consideran igualmente problemático.

Contexto político y medidas similares

El estado no había incorporado nuevos acuerdos durante la administración de Joe Biden, según reportes de Enlace Latino. Sin embargo, tras el regreso de Donald Trump a la presidencia, se reactivó el proceso. Entre marzo y mayo de 2025, se concretaron los acuerdos en los condados de Carteret, Columbus, Craven, Cherokee, Onslow y Union.

Esta política se diferencia de la Ley HB 10 implementada en 2024, que obliga a notificar a ICE solo en casos de delitos graves, explica Univisión. “En cambio, bajo el 287(g), cualquier persona indocumentada detenida por infracciones menores como manejar sin licencia puede ser reportada y detenida por ICE desde la cárcel”.

Consecuencias sociales y movilizaciones

Estudios de la Universidad de Duke revelan que la implementación de estos acuerdos reduce las consultas médicas prenatales entre mujeres migrantes por temor a ser identificadas. Otras familias evitan salir incluso para adquirir alimentos, según investigaciones citadas en el texto original.

La abogada Becca O’Neill, asesora especial de McFadden, destacó que “esas órdenes estarán relacionadas con violaciones de inmigración, no con delitos penales generales”. Estadísticas del condado Mecklenburg muestran que más de 15,000 personas fueron deportadas entre 2006 y 2018 bajo este mecanismo, según registros del Charlotte Observer.

Perspectivas futuras y debate legislativo

En la actualidad, se discute en la Asamblea General de Carolina del Norte un proyecto de ley denominado SB 153 o “Ley de Protección Fronteriza”. Esta propuesta busca sancionar a gobiernos locales que no cumplan con normativas migratorias estatales y prohíbe la creación de ciudades santuario, a pesar de que estas no existen en el estado debido a restricciones legales vigentes.

Carolina del Norte se alinea así con una tendencia nacional de mayor cooperación entre ICE y autoridades locales. Solo Texas, Florida y Georgia superan en cantidad de acuerdos activos. Activistas y organizaciones como El Centro C han convocado protestas para pedir la eliminación de estos convenios que, según denuncian, ponen en riesgo la unidad familiar y generan constante temor en la comunidad latina.

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Internacional

Organismos internacionales cuestionan restricciones migratorias impuestas por gobierno de Estados Unidos

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Posición oficial de Naciones Unidas

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, manifestó que aunque los Estados tienen autonomía para diseñar sus políticas de control fronterizo, deben garantizar el respeto a la integridad de las personas. El mensaje fue difundido sin hacer referencia directa al mandatario estadounidense, aunque subrayó que “nuestra posición siempre ha sido que, sea cual sea el sistema que se ponga en marcha, se respete la dignidad humana de las personas”.

Contexto de la medida restrictiva

El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva directiva presidencial que impide el acceso a ciudadanos de doce naciones, principalmente africanas y asiáticas, mientras limita significativamente los desplazamientos desde siete territorios adicionales. La justificación oficial señala preocupaciones por la seguridad nacional y amenazas terroristas.

Rechazo de Amnistía Internacional

La organización global de defensa de derechos humanos emitió un comunicado donde calificó la acción como “discriminatoria, racista y completamente cruel”. Su líder mundial, Agnès Callamard, destacó que “señalar a personas según su raza, religión o nacionalidad, provenientes de países con población mayoritariamente negra, marrón o musulmana, constituye discriminación racial según el derecho internacional”.

Impacto en derechos humanos

Según el análisis de Amnistía, la política migratoria vigente en fronteras estadounidenses prácticamente anula el derecho de asilo, generando condiciones de sufrimiento extremo para quienes escapan de conflictos armados, represión gubernamental y violaciones graves a derechos fundamentales. La dirigente recordó que los tratados internacionales obligan a los países a brindar protección a quienes enfrentan persecución en sus lugares de origen.

Reacciones legales anticipadas

La implementación de estas restricciones ha generado dudas sobre su conformidad con la legislación estadounidense. Diversas entidades de defensa legal y grupos ciudadanos ya anunciaron planes de impugnar la orden mediante recursos judiciales en cortes federales.

  • ONU
  • Amnistía Internacional
  • Migración
  • Derechos humanos
  • Donald Trump

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Internacional

Derrota judicial de México en corte estadounidense: rechazan litigio contra industria armamentística

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Resolución desfavorable en litigio internacional

La máxima instancia judicial de Estados Unidos falló en contra de la acción legal promovida por el gobierno mexicano en su disputa con empresas fabricantes de armamento estadounidenses. El fallo unánime, emitido el 5 de junio de 2025, puso fin al proceso iniciado hace cuatro años en el que se reclamaban compensaciones económicas por concepto de daños y perjuicios.

Marco legal que limita acciones legales

El fallo de la Corte Suprema se fundamentó en disposiciones legales establecidas mediante la normativa federal conocida como PLCAA. Esta legislación, vigente desde 2005, establece protección legal para productores de armas de fuego en determinadas circunstancias. La magistrada encargada de redactar el documento oficial del tribunal, Elena Kagan, destacó que dicha norma imposibilitaba el avance de la acción legal.

Posiciones gubernamentales

El Ejecutivo mexicano manifestó su posición sobre el desenlace del caso, indicando que se trata de “dos juicios” diferentes. La titular del Poder Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, señaló la necesidad de tiempo para analizar detalladamente la decisión judicial, afirmando que “Vamos a ver cuál es el resultado y les informamos”.

Argumentación rechazada

Las autoridades mexicanas habían basado su estrategia legal en una excepción contemplada dentro de la propia legislación estadounidense. Esta disposición permite presentar demandas cuando existen violaciones flagrantes a normas relacionadas con control de armas que causen afectaciones directas. Aunque un tribunal inferior había permitido el avance del caso, la Corte Suprema revirtió esta decisión.

Actores involucrados en el litigio

Entre las entidades que apoyaron la defensa de las empresas armamentísticas estadounidenses figuraron organizaciones prominentes como la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y la Coalición de Política de Armas de Fuego. También participaron representantes del Partido Republicano, más de tres decenas de legisladores de esta fuerza política, veintiséis fiscales estatales republicanos y la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

Empresas señaladas

La acción legal inicial incluía a siete fabricantes de armas y un distribuidor mayorista, entre los que se encontraban corporaciones reconocidas como Smith & Wesson y Glock. Señalaba que estas compañías no implementaron controles suficientes para impedir que sus productos fueran utilizados por grupos delictivos organizados. Aunque la mayoría de los casos contra estas empresas habían sido desestimados previamente por otras razones procesales, dos de ellas permanecieron en litigio hasta la resolución final.

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Economía

Organización europea acusa a Shein de tácticas engañosas para fomentar compras compulsivas

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Denuncia por prácticas comerciales agresivas

La Federación Europea de Asociaciones de Consumidores (BEUC) ha presentado una denuncia formal contra la empresa china Shein ante la Comisión Europea. La organización señala que la compañía utiliza estrategias denominadas “patrones oscuros” en su plataforma digital para incentivar el consumo excesivo, técnicas que según el informe podrían violar las normas de protección al consumidor de la Unión Europea.

Métodos de retención y manipulación

El documento destaca que la aplicación de Shein contiene elementos diseñados para mantener la atención de los usuarios. Entre estos se encuentran notificaciones invasivas que llegan a superar las doce alertas diarias en algunos dispositivos, además de funciones de juego como “Puppy Keep” que premian la interacción constante con descuentos y regalos. Otro mecanismo señalado es el desplazamiento sin fin de productos, característica que prolonga el tiempo de navegación en la plataforma.

Reacciones y contexto regulatorio

La empresa ha manifestado públicamente su disposición para colaborar con las autoridades europeas, aunque mencionó que no ha podido establecer comunicación directa con la organización denunciante. Mientras se desarrollan las investigaciones, Shein mantiene su crecimiento en el continente, especialmente por las características lúdicas de su aplicación. La Comisión Europea ha advertido previamente a la compañía sobre posibles sanciones económicas en caso de confirmarse las irregularidades.

Llamado a revisión de otras empresas

Agustin Reyna, responsable de BEUC, explicó que los modelos de negocio basados en la ropa de rápida rotación dependen de altos volúmenes de venta, lo que justifica el uso de estos mecanismos de atracción. La denuncia, respaldada por 25 grupos de defensa del consumidor en 21 países europeos, solicita que se revise el comportamiento de otras compañías del sector, incluyendo a Temu, que ya ha enfrentado críticas similares. Las autoridades de Francia, Alemania y España se han sumado a las voces que piden mayor control sobre las plataformas que combinan entretenimiento y comercio electrónico.

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