El diputado federal Humberto Ambriz Delgadillo manifestó que la elección celebrada el domingo para seleccionar jueces y magistrados ha debilitado una de las instituciones fundamentales del Estado mexicano, trayendo consigo la desaparición de la democracia en el país. El representante del PRI consideró que el proceso electoral fue excesivamente costoso y motivado por intereses particulares, señalando que se emplearon recursos públicos que podrían haber sido destinados al fortalecimiento de sectores críticos como la salud, la seguridad y la infraestructura judicial.

Denuncia desvío de recursos y simulación electoral

“Ese dinero pudo haberse utilizado para atender el desabasto de medicamentos y fortalecer las campañas de vacunación, pero nada de esto importa”, enfatizó el político. Ambriz Delgadillo destacó que esta elección marca el inicio de un sistema judicial manipulable y carente de legitimidad, donde el 87% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral se abstuvieron de participar.

Triunfo del abstencionismo y votos nulos

El legislador refirió que de los 12 millones 841 mil 252 sufragios contabilizados, 9 millones 111 mil resultaron nulos o vacíos, equivalente al 70% del total de votos registrados. “El triunfo de esta farsa fue el del abstencionismo y de los votos nulos”, sostuvo el diputado, quien consideró que estos datos corroboran las advertencias previas realizadas por su partido.

Crisis institucional y llamado a refundar la justicia

El congresista de Aguascalientes calificó el proceso como una simulación destinada a consolidar un control autoritario por parte de Morena y sus aliados. Criticó que los diputados de ese partido “deberían sentir vergüenza, pues no pueden justificar la legitimidad del proceso cuando se aplicó una estrategia política para favorecer a sus cercanos”. Finalmente, Ambriz exhortó a construir un gobierno comprometido con los derechos humanos y el cumplimiento de la ley, señalando que “México sigue teniendo sed de justicia, México quiere seguridad, estabilidad y bienestar”.

Tragedia en Huixtla

Un hombre identificado como Jiro “N” falleció tras recibir múltiples disparos en la colonia Huixtlán, dentro de los límites municipales de Huixtla, Chiapas. Los hechos se registraron el miércoles en horas de la noche, después de las 21:00 horas, desencadenando un clima de preocupación entre los vecinos de la zona.

Reacción de las autoridades

Alertados por detonaciones de arma de fuego, elementos policiales se desplazaron rápidamente al lugar. Al llegar, encontraron a la víctima herida con al menos seis impactos de bala. Aunque presentaba signos vitales, fue trasladado de emergencia al Hospital General local por personal de Protección Civil Municipal. Desafortunadamente, horas más tarde perdió la vida a pesar de los esfuerzos médicos.

Trabajo forense y líneas de investigación

Tras el deceso, el personal médico notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) para el levantamiento del cadáver. Expertos de Servicios Periciales se encargaron de recolectar evidencias en el sitio y posteriormente remitieron el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la autopsia correspondiente.

Presunto móvil y contexto laboral

Según versiones preliminares, la víctima habría sido interceptada por sujetos no identificados que aparentemente la aguardaban cerca de su vivienda. “La víctima habría trabajado el trienio anterior en el Centro de Monitoreo Municipal (C-5)”, informó una fuente oficial. La FGE continúa con las indagatorias pertinentes para esclarecer los motivos del ataque y ubicar a los posibles culpables.

Resolución desfavorable en litigio internacional

La máxima instancia judicial de Estados Unidos falló en contra de la acción legal promovida por el gobierno mexicano en su disputa con empresas fabricantes de armamento estadounidenses. El fallo unánime, emitido el 5 de junio de 2025, puso fin al proceso iniciado hace cuatro años en el que se reclamaban compensaciones económicas por concepto de daños y perjuicios.

Marco legal que limita acciones legales

El fallo de la Corte Suprema se fundamentó en disposiciones legales establecidas mediante la normativa federal conocida como PLCAA. Esta legislación, vigente desde 2005, establece protección legal para productores de armas de fuego en determinadas circunstancias. La magistrada encargada de redactar el documento oficial del tribunal, Elena Kagan, destacó que dicha norma imposibilitaba el avance de la acción legal.

Posiciones gubernamentales

El Ejecutivo mexicano manifestó su posición sobre el desenlace del caso, indicando que se trata de “dos juicios” diferentes. La titular del Poder Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, señaló la necesidad de tiempo para analizar detalladamente la decisión judicial, afirmando que “Vamos a ver cuál es el resultado y les informamos”.

Argumentación rechazada

Las autoridades mexicanas habían basado su estrategia legal en una excepción contemplada dentro de la propia legislación estadounidense. Esta disposición permite presentar demandas cuando existen violaciones flagrantes a normas relacionadas con control de armas que causen afectaciones directas. Aunque un tribunal inferior había permitido el avance del caso, la Corte Suprema revirtió esta decisión.

Actores involucrados en el litigio

Entre las entidades que apoyaron la defensa de las empresas armamentísticas estadounidenses figuraron organizaciones prominentes como la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y la Coalición de Política de Armas de Fuego. También participaron representantes del Partido Republicano, más de tres decenas de legisladores de esta fuerza política, veintiséis fiscales estatales republicanos y la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

Empresas señaladas

La acción legal inicial incluía a siete fabricantes de armas y un distribuidor mayorista, entre los que se encontraban corporaciones reconocidas como Smith & Wesson y Glock. Señalaba que estas compañías no implementaron controles suficientes para impedir que sus productos fueran utilizados por grupos delictivos organizados. Aunque la mayoría de los casos contra estas empresas habían sido desestimados previamente por otras razones procesales, dos de ellas permanecieron en litigio hasta la resolución final.