Resolución regulatoria contra prácticas restrictivas

El órgano supervisor de telecomunicaciones aplicó medidas coercitivas contra tres entidades vinculadas con la distribución de equipos de telefonía. La compañía dominante en el sector, identificada bajo su razón social comercial, recibirá la sanción más elevada equivalente a 1,782.6 millones de unidades monetarias, mientras que los otros dos agentes económicos involucrados afrontarán penalizaciones cercanas a las 19.5 millones cada uno.

De acuerdo con el comunicado oficial, se detectó un acuerdo entre los actores señalados que restringía la libre circulación de productos de competencia en puntos de venta estratégicos. Esta conducta, desarrollada durante un periodo de tres años, limitó las alternativas disponibles para los usuarios que buscaban adquirir dispositivos de comunicación móvil.

Marco temporal y procedimiento sancionatorio

Las autoridades iniciaron el proceso de investigación en el cuarto año de la presente década, culminando el análisis en el primer año de la siguiente lustro. Durante el trámite, las empresas tenían derecho a presentar argumentos y evidencias para su defensa, según las garantías procesales establecidas en la normativa vigente.

“Por esta razón, en su XII sesión ordinaria, el IFT impuso una multa de mil 782.6 millones de pesos a Telcel y sanciones de 19.5 millones de pesos a Oxxo e IMMEX por haber facilitado esta práctica.”

Impacto institucional y expectativas del sector

Este caso representa una de las últimas determinaciones significativas del ente regulador antes de su reestructuración, parte de las reformas impulsadas por la administración actual. Expertos en telecomunicaciones expresan inquietud sobre posibles vacíos regulatorios que permitan a actores dominantes implementar estrategias restrictivas sin enfrentar consecuencias sancionatorias.

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Eclesiastés reportan intentos de extorsión sin sistematización

En la localidad fronteriza de Mexicali han surgido intentos de extorsión dirigidos a comunidades religiosas, aunque sin presentar carácter sistemático ni derivar en concretas acciones de cobro de piso, según reveló el prelado local Enrique Sánchez Martínez.

Existe preocupación pero no victimización

El responsable de la diócesis de Mexicali destacó que, aunque no hay registros de clérigos extorsionados, sí se han presentado algunos casos en otros puntos del país. “Hay robos, hay alguna extorsión… no he sabido que los padres caigan en alguna extorsión”, sostuvo textualmente el obispo.

Operan sacerdotes falsos y documentos apócrifos

Entre las actividades ilícitas relacionadas con el entorno religioso, el jerarca eclesiástico mencionó la presencia de ministros religiosos no auténticos y la circulación de certificados de bautismo falsificados, prácticas que “ya tiene mucho tiempo que han existido”.

Alertan sobre cobro de piso en otros sectores

Paralelamente se han documentado en la región situaciones de extorsión económica dirigidas a comerciantes, centros educativos, promotores artísticos y establecimientos nocturnos, según informaciones publicadas recientemente por el medio local.

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La autoridad reconoce situación pero sin denuncias formales

A pesar de que las autoridades estatales han reconocido públicamente la existencia de estas prácticas extorsivas, no se han presentado formalmente denuncias ante la fiscalía estatal, manteniendo estos hechos en un ámbito de impunidad.

Marco legal colombiano sobre permanencia de hijos en el hogar

En Colombia, no existe garantía de permanencia indefinida de los hijos en la vivienda paterna, según han aclarado especialistas en derecho familiar. La legislación vigente establece un límite temporal para el derecho de los hijos a residir bajo el techo parental, con excepciones que dependen de circunstancias particulares.

Normas que rigen la situación

El Código Civil y la Ley 1098 de 2006 son claros en definir hasta cuándo los padres deben proveer vivienda a sus descendientes. Según el artículo 288 del primer instrumento legal mencionado, la obligación de manutención y alojamiento cesa al alcanzar la mayoría de edad, salvo que el hijo requiera apoyo por discapacidad, situación de vulnerabilidad o por estar cursando estudios superiores. En este último caso, el apoyo puede extenderse hasta los 25 años, siempre que persista la dependencia económica.

Procedimiento legal para solicitar el retiro

“Si después de cumplir la mayoría de edad —o de terminar sus estudios— un hijo sigue viviendo con sus padres, y ellos ya no desean compartir su vivienda, tienen el derecho de pedirle que se retire del hogar. En caso de negativa, pueden acudir a la justicia y solicitar una orden de desalojo o restitución del inmueble, tal como lo permite el artículo 384 del Código General del Proceso”

, detalló Abel Cupajita Rueda, director de Sescol Tax & Legal Abogados.

Contexto de aplicación práctica

El experto en derecho explicó que “los padres tienen la patria potestad y obligación del cuidado y protección de sus hijos, hasta que cumplan la mayoría de edad o si se encuentran en condición de discapacidad, vulnerabilidad, o en etapa de estudios”. Esta realidad reflejada en múltiples núcleos familiares ha generado tensiones derivadas de la prolongación de la convivencia más allá de lo previsto por la normativa vigente.

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