Unión de madres en búsqueda incansable
En un contexto de celebración familiar, el Centro Infantil Don Bosco se convirtió en punto de reunión para un grupo de mujeres que comparten un dolor común: la desaparición de sus hijos. Este encuentro permitió intercambiar estrategias y fortalecer lazos entre quienes dedican sus vidas a buscar a sus seres queridos desaparecidos.
Origen y evolución de un movimiento
Desde 2011, cada Día de la Madre se conmemora en México la Marcha de la Dignidad Nacional, un evento que da visibilidad al trabajo de las madres que buscan a sus hijos e hijas desaparecidos. La falta de acción estatal frente a esta problemática ha impulsado la creación de redes organizadas que trabajan por el derecho a la verdad y justicia.
Estas mujeres han desarrollado habilidades para navegar por los procesos de búsqueda, desde la presentación de denuncias hasta la exploración de zonas de riesgo. A través de reuniones y talleres, han construido un conocimiento colectivo que les permite enfrentar esta tarea sin contar con herramientas oficiales.
Impacto en legislación y contexto actual
La persistencia de estos grupos ha tenido un impacto directo en la creación de leyes específicas, como la tipificación de desaparición forzada en el Código Penal Federal y la Ley General en Materia de Desaparición. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica.
Según registros oficiales actualizados a mediados de 2025, la cifra de personas desaparecidas en el país supera los 140,000 casos. El problema afecta a casi tres cuartas partes de los municipios del país, concentrándose en diez ciudades que acumulan más de 21,500 casos no resueltos.
Riesgos y desafíos de la búsqueda
Entre las víctimas, destacan los jóvenes de entre 20 y 34 años, aunque el fenómeno está afectando cada vez más a adolescentes. Las autoridades identifican a dos principales responsables: por un lado, agentes del Estado a través de desapariciones forzadas, y por otro, organizaciones criminales.
Las familias que toman la iniciativa en la búsqueda enfrentan múltiples obstáculos, incluyendo amenazas y actos de violencia por su activismo. Aunque han logrado localizar a más de 2,500 personas desde 2019, consideran insuficiente la colaboración del Estado en este proceso.
Demanda de políticas públicas
Entre las principales demandas de estos colectivos se encuentran la creación de bases de datos nacionales, mejor coordinación entre autoridades estatales, fortalecimiento de comisiones especializadas y acceso a información forense. Algunos estados como Guanajuato ya han implementado mecanismos de colaboración entre instituciones.
“Ellas han acumulado reuniones colectivas, talleres de autoaprendizaje para compartir experiencias. Ellas han logrado que la violencia hecha desaparición, fuera tipificada hoy en el Código Penal Federal, y se creara la Ley General en Materia de Desaparición y el Sistema Nacional de Búsqueda.”
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