Legislador ligado a empresas con contratos públicos durante sexenio de López Obrador

Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, Arturo Ávila Anaya, vocero del grupo parlamentario de Morena, mantuvo vinculación con empresas que obtuvieron contratos gubernamentales, según reveló una investigación periodística.

La investigación indica que IBN, empresa del político, recibió un contrato en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para servicios de seguridad y vigilancia, contrato que se mantuvo hasta agosto de 2022. Los acuerdos fueron firmados directamente por Ávila Anaya en su calidad de administrador único de la empresa.

Contratos con Pemex y Segalmex en el centro de las acusaciones

Otra dependencia señalada es Petróleos Mexicanos (Pemex), que otorgó dos contratos a empresas vinculadas al legislador. El primero, en marzo de 2021, consistió en el arrendamiento de camionetas blindadas, contrato que fue suscrito por la hermana de Ávila como representante legal de IBN. El segundo contrato, adjudicado por la inexistencia de alternativas en el mercado, tuvo una vigencia durante 2021 y 2022 por un monto de 13,780,000 pesos.

La polémica se intensifica con la participación de tres empresas relacionadas con el legislador y su familia en un proceso de contratación de Liconsa, entidad perteneciente a Segalmex. Las empresas IBN Industrias Militares, Share y Asociados, y Blindajes Urbanos presentaron propuestas para obtener un contrato de mantenimiento integral de energía y ventilación, pese a que su área de especialización es la seguridad, lo que ha sido calificado como una “simulación de competencia” por la organización investigadora.

Anuncio

Acusaciones de irregularidades y sanciones por incumplimientos contractuales

IBN ha enfrentado múltiples acusaciones de irregularidades e incumplimientos contractuales. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías en contratos con Pemex. Además, la Secretaría de la Función Pública emitió una circular en marzo de 2021 donde se informaba que IBN Industrias Militares había sido inhabilitada por dos años para contratar con dependencias gubernamentales.

La investigación también señala que Blindajes Urbanos, empresa fundada por el padre de Ávila, celebró aproximadamente 13 contratos con gobiernos estatales y municipales entre 2020 y 2024 por un total de 72.7 millones de pesos. Destacan los contratos con Zacatecas y Michoacán, entidades gobernadas por representantes del partido Morena.

Respuesta del legislador a las acusaciones

Ante las revelaciones, Ávila Anaya manifestó que “un diputado que no conozco” lo acusó de comercializar sistemas de espionaje, asegurando que nunca ha vendido tales equipos y que su familia se dedica únicamente a la seguridad.

“Lo único que vendí fueron sistemas de protección para soldados y para ejércitos, nada más”

, afirmó el legislador sin proporcionar detalles adicionales sobre sus actividades empresariales.

Anuncio

Rechazo a declaraciones de funcionaria estadounidense

La titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, manifestó su desacuerdo con las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien incluyó a México en una lista de adversarios extranjeros.

“No, no tiene sustento lo que dijo la secretaria del Departamento de Justicia (Bondi)”, afirmó la mandataria durante su habitual comparecencia matutina.

Contexto de las declaraciones estadounidenses

Bondi, durante una sesión del Comité de Apropiaciones del Senado estadounidense relacionada con el presupuesto federal para 2026, mencionó a México junto con Irán, Rusia y China como países considerados adversarios por su Gobierno. “No nos dejaremos intimidar y mantendremos a Estados Unidos seguro. No sólo de Irán, sino de Rusia, China y México. De cualquier adversario extranjero que esté tratando de matarnos físicamente, o por sobredosis a nuestros hijos, con drogas”, expresó.

Además, la fiscal estadounidense señaló que México estaría bajo control de organizaciones narcotraficantes, específicamente mencionando al Cartel de Sinaloa y al de Jalisco Nueva Generación como responsables del tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

Anuncio

Respuesta del Gobierno mexicano

La presidenta mexicana indicó que tales manifestaciones se deben a que “no está muy informada” la funcionaria estadounidense.

Sheinbaum destacó que actualmente se encuentra en proceso de firma un convenio bilateral con Estados Unidos relacionado con seguridad y mencionó que en los últimos meses se ha registrado una reducción en el flujo de fentanilo hacia ese país, así como una disminución en los índices de homicidios en México, situación que ha sido reconocida por la agencia de aduanas y control migratorio de Estados Unidos.

“La realidad es que hay cooperación, coordinación sin subordinación y vamos avanzando. Y la estrategia de seguridad en México está funcionando, con sus problemas cotidianos, pero está funcionando”, sostuvo.

Operativo fronterizo conjunto

El Gobierno de México informó recientemente que, desde febrero de este año y gracias a la denominada ‘Operación Frontera Norte’ acordada con el presidente estadounidense Donald Trump para evitar aranceles del 25% a productos mexicanos, se han logrado detener a 4,619 personas y decomisar más de 40 toneladas de sustancias ilícitas, incluyendo 1.14 millones de pastillas de fentanilo.

Según datos proporcionados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el fentanilo ha provocado más de 48,000 muertes por sobredosis en ese país durante 2024.

Anuncio

Reforma aprobada por mayoría

La Cámara de Diputados dio luz verde a modificaciones legislativas que establecen el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. La votación final registró 368 votos a favor, 102 en contra y ninguna abstención. El proyecto fue remitido posteriormente al Senado.

Durante la sesión se exhibieron pancartas con leyendas como “Ley Espía” y una corona funeraria que sostenía “Falleció la democracia”. Las fracciones parlamentarias opositoras calificaron la aprobación como “madruguete legislativo” y “refuerzo de un sistema de espionaje”.

Acceso a información sensible

La nueva normativa autoriza a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Guardia Nacional a obtener acceso a diversas bases de datos gubernamentales y privadas. Entre los registros disponibles figuran información vehicular, biométrica, telefónica, financiera y registral.

“Y todos aquellos de los que puedan extraer indicios, datos e información para la generación de productos de inteligencia en los términos previstos en la presente Ley”, según el texto aprobado. El acceso a estos datos requiere supervisión judicial previa.

Anuncio

Estructura institucional ampliada

La reforma crea la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Plataforma Central de Inteligencia. Este último sistema tecnológico deberá comenzar operaciones dentro de los 180 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la ley.

El CNI podrá interactuar con la Plataforma Única de Identidad que será desarrollada por la Secretaría de Gobernación. Esta plataforma integrará información de múltiples fuentes para apoyar labores investigativas.

Controversias y críticas

La legislación elimina el polémico Registro Nacional de Usuarios de Telefonía móvil, aunque mantiene la posibilidad de acceder a telecomunicaciones para fines de inteligencia. Las voces críticas denuncian que “se eliminó el registro, pero se mantiene la concentración de información y también la posibilidad de acceso irrestricto, sin orden judicial, a bases de datos públicas y privadas”.

“La pretensión de concentrar poder, información y control desde el centro implica sacrificar la diversidad de nuestro país”, manifestó la diputada Claudia Ruiz Massieu.

Responsabilidades estatales y municipales

La reforma establece obligaciones para entidades federativas y municipios, incluyendo la organización de “mesas de paz”, la rendición periódica de cuentas a la población sobre políticas de seguridad y la implementación de programas preventivos del delito.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública adquiere nuevas atribuciones, entre ellas la posibilidad de suspender recursos federales a gobiernos locales que incumplan sus decisiones. También se crea la obligación de instalar equipos bloqueadores de señales telefónicas en centros penitenciarios.

Anuncio