Reforma aprobada por mayoría
La Cámara de Diputados dio luz verde a modificaciones legislativas que establecen el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. La votación final registró 368 votos a favor, 102 en contra y ninguna abstención. El proyecto fue remitido posteriormente al Senado.
Durante la sesión se exhibieron pancartas con leyendas como “Ley Espía” y una corona funeraria que sostenía “Falleció la democracia”. Las fracciones parlamentarias opositoras calificaron la aprobación como “madruguete legislativo” y “refuerzo de un sistema de espionaje”.
Acceso a información sensible
La nueva normativa autoriza a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Guardia Nacional a obtener acceso a diversas bases de datos gubernamentales y privadas. Entre los registros disponibles figuran información vehicular, biométrica, telefónica, financiera y registral.
“Y todos aquellos de los que puedan extraer indicios, datos e información para la generación de productos de inteligencia en los términos previstos en la presente Ley”, según el texto aprobado. El acceso a estos datos requiere supervisión judicial previa.
Estructura institucional ampliada
La reforma crea la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Plataforma Central de Inteligencia. Este último sistema tecnológico deberá comenzar operaciones dentro de los 180 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la ley.
El CNI podrá interactuar con la Plataforma Única de Identidad que será desarrollada por la Secretaría de Gobernación. Esta plataforma integrará información de múltiples fuentes para apoyar labores investigativas.
Controversias y críticas
La legislación elimina el polémico Registro Nacional de Usuarios de Telefonía móvil, aunque mantiene la posibilidad de acceder a telecomunicaciones para fines de inteligencia. Las voces críticas denuncian que “se eliminó el registro, pero se mantiene la concentración de información y también la posibilidad de acceso irrestricto, sin orden judicial, a bases de datos públicas y privadas”.
“La pretensión de concentrar poder, información y control desde el centro implica sacrificar la diversidad de nuestro país”, manifestó la diputada Claudia Ruiz Massieu.
Responsabilidades estatales y municipales
La reforma establece obligaciones para entidades federativas y municipios, incluyendo la organización de “mesas de paz”, la rendición periódica de cuentas a la población sobre políticas de seguridad y la implementación de programas preventivos del delito.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública adquiere nuevas atribuciones, entre ellas la posibilidad de suspender recursos federales a gobiernos locales que incumplan sus decisiones. También se crea la obligación de instalar equipos bloqueadores de señales telefónicas en centros penitenciarios.