Legislador ligado a empresas con contratos públicos durante sexenio de López Obrador

Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, Arturo Ávila Anaya, vocero del grupo parlamentario de Morena, mantuvo vinculación con empresas que obtuvieron contratos gubernamentales, según reveló una investigación periodística.

La investigación indica que IBN, empresa del político, recibió un contrato en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para servicios de seguridad y vigilancia, contrato que se mantuvo hasta agosto de 2022. Los acuerdos fueron firmados directamente por Ávila Anaya en su calidad de administrador único de la empresa.

Contratos con Pemex y Segalmex en el centro de las acusaciones

Otra dependencia señalada es Petróleos Mexicanos (Pemex), que otorgó dos contratos a empresas vinculadas al legislador. El primero, en marzo de 2021, consistió en el arrendamiento de camionetas blindadas, contrato que fue suscrito por la hermana de Ávila como representante legal de IBN. El segundo contrato, adjudicado por la inexistencia de alternativas en el mercado, tuvo una vigencia durante 2021 y 2022 por un monto de 13,780,000 pesos.

La polémica se intensifica con la participación de tres empresas relacionadas con el legislador y su familia en un proceso de contratación de Liconsa, entidad perteneciente a Segalmex. Las empresas IBN Industrias Militares, Share y Asociados, y Blindajes Urbanos presentaron propuestas para obtener un contrato de mantenimiento integral de energía y ventilación, pese a que su área de especialización es la seguridad, lo que ha sido calificado como una “simulación de competencia” por la organización investigadora.

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Acusaciones de irregularidades y sanciones por incumplimientos contractuales

IBN ha enfrentado múltiples acusaciones de irregularidades e incumplimientos contractuales. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías en contratos con Pemex. Además, la Secretaría de la Función Pública emitió una circular en marzo de 2021 donde se informaba que IBN Industrias Militares había sido inhabilitada por dos años para contratar con dependencias gubernamentales.

La investigación también señala que Blindajes Urbanos, empresa fundada por el padre de Ávila, celebró aproximadamente 13 contratos con gobiernos estatales y municipales entre 2020 y 2024 por un total de 72.7 millones de pesos. Destacan los contratos con Zacatecas y Michoacán, entidades gobernadas por representantes del partido Morena.

Respuesta del legislador a las acusaciones

Ante las revelaciones, Ávila Anaya manifestó que “un diputado que no conozco” lo acusó de comercializar sistemas de espionaje, asegurando que nunca ha vendido tales equipos y que su familia se dedica únicamente a la seguridad.

“Lo único que vendí fueron sistemas de protección para soldados y para ejércitos, nada más”

, afirmó el legislador sin proporcionar detalles adicionales sobre sus actividades empresariales.

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Jueves 26 de Junio de 2025, 13:20 horas. Raquel Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, dio inicio formal a un nuevo proceso legal contra el ex titular del ejecutivo de Tamaulipas, Tomás Yarrington. La acción judicial se fundamenta en acusaciones de colaboración con organizaciones criminales y manejo de activos obtenidos mediante actividades ilegales.

Presunto uso de testaferro para adquirir bienes

Según la Fiscalía General de la República (FGR), el investigado habría utilizado a Antonio Peláez Pier como intermediario para la adquisición de diversos bienes. Entre los activos señalados figuran: una embarcación marítima, tres propiedades rurales, terrenos y la mencionada Isla Frontón ubicada en Veracruz, así como 3,500 piezas de equipamiento para los inmuebles.

El acusado fue capturado en Italia en 2017 y extraditado a Estados Unidos en 2019, donde cumplió con una condena de nueve años por delitos financieros. Fue deportado el 9 de abril de 2025 y actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario del Altiplano.

Antecedentes de procesos judiciales

Este es el tercer juicio que enfrenta desde su retorno al país, siendo el primero relacionado con delitos contra la salud pública, donde se le vincula con el Cártel del Golfo y Los Zetas mediante testimonios de colaboradores protegidos. El segundo caso se centra en la supuesta adquisición de propiedades en Texas y Tamaulipas por un valor equivalente a 450,000 dólares estadounidenses y 12.7 millones de pesos mexicanos.

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“El pasado 9 de abril el ex Mandatario fue deportado por las autoridades estadounidenses y desde entonces está preso en el Penal del Altiplano.”

Medida cautelar adoptada por la CNBV

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) asumió temporalmente el control de la gestión operativa de CIBanco e Intercam Banco, instituciones financieras nacionales, después de recibir advertencias del Departamento del Tesoro estadounidense sobre actividades sospechosas vinculadas al lavado de recursos ilícitos y comercio de sustancias opiáceas.

Según el comunicado oficial divulgado por la autoridad financiera mexicana, la intervención se fundamenta en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito. La principal intención es proteger los derechos de los ahorradores y acreedores, reemplazando a los responsables actuales de ambas entidades.

Contexto de las acusaciones internacionales

El órgano estadounidense había formulado estas denuncias un día antes, específicamente el 25 de junio, implicando además a Vector Casa de Bolsa, firma que administra activos por aproximadamente 11,000 millones de dólares. Las tres entidades serían utilizadas para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico, particularmente para facilitar la compra de componentes químicos empleados en la fabricación de fentanilo.

Scott Bessent, titular del Tesoro estadounidense, manifestó que estas instituciones funcionan como “engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”, permitiendo el envenenamiento de numerosos ciudadanos de su país. Las sanciones buscan impedir que organizaciones criminales accedan al sistema financiero estadounidense, coordinándose con disposiciones que identifican a algunos grupos mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

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Detalles sobre las instituciones señaladas

De acuerdo con la investigación estadounidense, CIBanco habría mantenido operaciones recurrentes que facilitan actividades ilegales de organizaciones delictivas como los Beltrán Leyva, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Golfo, además de colaborar en la adquisición de insumos químicos provenientes de China.

Intercam Banco, por su parte, estaría involucrado desde hace tiempo en transacciones financieras asociadas al tráfico ilícito de opioides, específicamente al procesamiento de transferencias en dólares destinadas a la compra de componentes para la producción de fentanilo por parte del CJNG.

Respuesta gubernamental y negaciones

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México solicitó evidencia comprobatoria al Departamento del Tesoro sobre las acusaciones. En un comunicado oficial, la dependencia informó que recibió notificación sobre presuntas irregularidades a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pero que carecía de datos concretos que pudieran verificarse.

Vector Casa de Bolsa negó rotundamente las acusaciones, asegurando que durante sus más de cinco décadas de operación ha cumplido con todas las normativas y auditorías dispuestas por las autoridades financieras nacionales.

CIBanco también emitió un comunicado oficial en el que afirma no tener relación con actividades ilegales, operando bajo estrictos lineamientos regulatorios supervisados por la SHCP, Banco de México, CNBV e IPAB. La institución destacó que no se han presentado pruebas que respalden las acusaciones en su contra.

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