Llamado urgente por desaparición en Veracruz

Las autoridades veracruzanas han lanzado un llamado a la población para obtener información sobre el paradero de Leoncio Aldair Vera Villalobos, un hombre joven de 26 años cuya última ubicación conocida fue el puerto de Veracruz. El joven fue visto por última vez el 10 de junio de 2025.

Características físicas y señas particulares

De acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades, el desaparecido tiene tez morena clara, mide 1.68 metros de estatura, cabello negro lacio y corto, además de ojos color café oscuro. Entre sus características distintivas destacan: una cicatriz en la frente, un lunar en el lado derecho de la barbilla y perforaciones en ambas orejas.

Protocolo para reportar desapariciones

“La Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz ha indicado, la importancia de notificar a la Comisión Estatal de Búsqueda” cuando ocurren casos de personas desaparecidas. Este organismo se encarga de implementar los protocolos necesarios para la búsqueda inmediata de los desaparecidos.

Las ventajas de reportar estas situaciones incluyen el acceso a personal especializado que brinda asesoría permanente a los familiares, mantiene comunicación constante y ofrece acompañamiento psicológico durante el proceso. Además, se garantiza la protección de los datos proporcionados por los denunciantes mediante medidas de confidencialidad rigurosas.

Mecanismos de denuncia y búsqueda

La Comisión encargada del caso genera documentación oficial de búsqueda siguiendo criterios estandarizados que no ponen en riesgo la privacidad de los involucrados ni exponen información sensible. Para cualquier información sobre el caso específico de Leoncio Aldair, se han establecido dos vías de comunicación: el número de emergencias 911 y el teléfono directo 228 319 3187, donde se asegura la confidencialidad absoluta.

Confesión judicial en caso de intento de homicidio

En una audiencia celebrada el jueves 12 de junio de 2025, Vernon Green de 53 años reconoció su participación en el plan para atacar a Tatiana Pino, exesposa del fallecido empresario Sergio Pino. El acusado aceptó cargos por conspiración para cometer asesinato a sueldo, acoso criminal y portación de arma durante acto violento.

“Green apuntó con un arma a la cara de la hija de Tatiana a centímetros de distancia”, según documentos oficiales. El incidente tuvo lugar en Pinecrest cuando la víctima intentaba escapar de la escena. El acusado, con antecedentes penales, enfrenta penas que van desde siete años hasta cadena perpetua cuando sea sentenciado en septiembre.

Red de conspiradores y acuerdos judiciales

Este caso involucra a nueve personas acusadas de formar parte del complot organizado por Sergio Pino, quien falleció por disparo autoinfligido en julio de 2024 durante un operativo del FBI en su residencia de Coral Gables. Hasta ahora, cinco de los acusados han aceptado culpabilidad, incluyendo Clementa Johnson de 49 años que lo hará a finales de mes.

Michael José Dulfo y Avery Bivins también admitieron su participación. Dulfo enfrenta mínimamente una década de prisión por intentos de atropellar a Tatiana e incendiar vehículos familiares. Bivins, quien podría recibir entre siete años y prisión perpetua, proporcionó información crucial a las autoridades.

Contexto familiar y financiero

El conflicto tiene sus raíces en un litigio de divorcio iniciado en 2022 donde Tatiana Pino demandó a su exesposo por decenas de millones en activos compartidos. Tras el fallecimiento de Sergio, ella asumió la presidencia de Century Homebuilders Group, empresa valorada en más de $100 millones, mientras su hija Alessandra obtuvo el cargo de directora administrativa.

Según investigaciones federales, Pino ofreció pagos de $300,000 por el asesinato de su exesposa, con $75,000 entregados previamente. El plan incluía el uso de sustancias letales como fentanilo para simular una sobredosis, con la intención de evitar que Tatiana continuara con el proceso de divorcio.

Operativo federal y pruebas recolectadas

El 23 de junio de 2024, Tatiana fue seguida desde una iglesia en Kendall por uno de los conspiradores. Al regresar a su residencia en Pinecrest, Green intentó interceptarla con una pistola mientras su hija salía corriendo de la casa. La víctima logró escapar acelerando hacia su patio trasero.

El FBI recolectó evidencia de cámaras de seguridad el mismo día del incidente y allanó las propiedades de Pino al día siguiente. Las investigaciones revelaron que el fallecido empresario había contratado equipos para dañar vehículos familiares y realizar ataques intimidatorios desde 2023.

“Pino estaba dispuesto a pagar $150,000 por el cumplimiento del contrato de asesinato, y habría otros $150,000 si el contrato se ejecutaba sin ser detectado”, según documentos del FBI.

Antecedentes de envenenamiento y otros cargos

Las autoridades indican que los intentos contra la vida de Tatiana comenzaron en 2019, incluyendo un supuesto envenenamiento con fentanilo mediante medicamentos recetados en febrero de 2022. Los cargos federales cubren actividades entre junio de 2022 y julio de 2024, involucrando sustancias como cianuro, arsénico y fentanilo.

La investigación avanzó significativamente cuando Bivins proporcionó información sobre conversaciones con Fausto Villar, quien reclutó a otros involucrados. Villar indicó que Pino no aceptó una oferta de $20 millones durante el divorcio, lo que motivó el plan criminal.

Dos individuos conocidos como Cándido R.C. y Julio R.C. recibieron condenas de 90 años de cárcel por su responsabilidad en el asesinato de tres personas ocurrido en Juxtlahuaca. El crimen se registró en abril de 2019 en la colonia centro de Santiago Juxtlahuaca, estado de Oaxaca.

Detalles del ataque mortal

Según el reporte oficial, el 5 de abril de 2019, las víctimas J.L.L.R, M.A.P.P. y M.G.A.H. sufrieron un ataque con disparos de arma de fuego, los cuales resultaron en fallecimiento inmediato. El modus operandi del crimen fue calificado como homicidio calificado con ventaja por las autoridades.

Proceso judicial y sentencia

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) emprendió investigaciones que condujeron a la captura de los responsables y a la obtención de órdenes de aprehensión. El Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia con base en las pruebas presentadas, imponiendo 90 años de prisión a cada uno, lo que acumula 180 años en total.

Reparación del daño

Además de la condena carcelaria, se ordenó a los condenados el abono de más de un millón de pesos como reparación del daño causado a las familias de las víctimas. Este monto fue determinado por el tribunal como parte de las consecuencias legales del triple homicidio.