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El juicio a Pedro Castillo colapsa bajo acusaciones de irregularidades y parcialidad

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Proceso judicial cuestionado desde su inicio

Desde el comienzo del proceso contra el exmandatario peruano en marzo, se evidenciaron señales de un procedimiento irregular. “Se trataba de una parodia de juicio” según analistas, al considerar que existía un acuerdo previo entre sectores de poder para obtener una condena, mientras se negaba su inocencia respecto a los cargos presentados por la fiscalía.

Giro en la opinión pública

Inicialmente, encuestas mostraban que el 57% de los ciudadanos aceptaba la narrativa oficial sobre el derrocamiento del exgobernante. Sin embargo, una encuesta reciente revela que el 59% ahora cree que fue víctima de un golpe de Estado, mientras que solo el 33% mantiene la posición original.

Desmontaje de acusaciones

Durante las audiencias se desvirtuaron varias acusaciones. “Fue Martha Moyano -vicepresidente del Congreso y fujimorista reconocida- la que ordenó el cierre del Legislativo. Ella misma lo admitió”, revelando contradicciones en las imputaciones contra el exjefe de Estado. Además, no se presentó evidencia sobre la supuesta orden de detener parlamentarios ni sobre cualquier comunicación a fuerzas armadas.

Violaciones a la inmunidad presidencial

El proceso judicial dejó en evidencia graves violaciones a los derechos del acusado. “En tal condición, se la abrió paso oficial, se le brindó custodia y se le acompañó como era el protocolo formal”, según testimonios, cuando salió de Palacio de Gobierno. No obstante, veinte minutos después fue rodeado por fuerzas militares y policiales que lo obligaron a descender de su vehículo, violando su inmunidad constitucional sin que existiera orden legal alguna.

Procedimientos ilegales en la destitución

El exmandatario fue llevado a la prefectura de Lima donde permaneció recluido, visitado por la entonces fiscal Patricia Benavides. “El Legislativo obró ilegalmente violando todos los procedimientos, y sin reunir siquiera los requisitos elementales” para su destitución, según expertos legales. El Congreso no contó con los votos necesarios según la normativa vigente.

Jueces y procedimientos cuestionados

Los magistrados encargados del caso enfrentan serias dudas sobre su imparcialidad. Una integrante del tribunal fue recusada tras adelantar opinión en contra del acusado en 13 ocasiones, aunque sus colegas la mantuvieron en el proceso. “Se ha tratado de un proceso incoado a un reo virtualmente secuestrado, y privado de los más elementales derechos”, según críticos del procedimiento.

Consecuencias internacionales previstas

Con la imposibilidad de probar los cargos, los jueces enfrentan dos opciones: declarar nulo el proceso y absolver al acusado, o mantener una sentencia preestablecida a pesar de las irregularidades. Expertos legales como Elio Riera, César Nakasaki y Benjj Espinoza han reconocido la inviabilidad del juicio.

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Judicial

Giovanni Figueroa, con trayectoria en el PRI y vínculos con Morena, asume como ministro de la SCJN

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Elección del nuevo ministro de la SCJN

El domingo pasado, Giovanni Azael Figueroa Mejía, experto en derecho constitucional y exservidor del Poder Judicial, fue elegido como nuevo integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resultado de la reforma judicial impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Resultados electorales y proceso de selección

Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional Electoral (INE), Figueroa Mejía logró 3 millones 655 mil 744 votos, lo que equivale al 3.13% de los sufragios correspondientes a candidatos masculinos. Su candidatura fue presentada por el Ejecutivo mediante un sorteo, mecanismo que ha sido señalado por su falta de transparencia y por favorecer a perfiles alineados con el gobierno.

Experiencia y propuestas

Durante su campaña, el nuevo ministro destacó su trayectoria en instituciones como el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal, asegurando que le permitió identificar los puntos débiles del sistema judicial. Prometió contribuir a “romper la burbuja del Poder Judicial”, al que acusó de alejado de la sociedad y de brindar justicia solo a quienes poseen recursos o influencia.

Controversias por vínculos políticos

Su elección ha generado discusión debido a sus conexiones ideológicas con Morena y el movimiento conocido como Cuarta Transformación. En 2018, Figueroa difundió en redes sociales mensajes a favor de López Obrador, aunque posteriormente borró dichas publicaciones. Además, mantiene colaboraciones académicas con Loretta Ortiz, magistrada de la Corte designada por el exgobernante y una de las figuras fundadoras del partido.

Antecedentes en el PRI y sanción electoral

Sin embargo, su trayectoria política no se limita al actual gobierno. En 1999, fue candidato a regidor por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tuxpan, información registrada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit y confirmada por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN). Asimismo, en 2016 fue amonestado públicamente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por entregar fuera de plazo su declaración patrimonial al concluir su función como asesor de alto rango en la Presidencia de la Sala Superior.

Formación académica y reconocimiento profesional

En el ámbito académico, Figueroa ha dedicado más de 20 años al análisis del derecho constitucional y al funcionamiento de los tribunales. Cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit (1996-2001), maestría y doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid (2003-2009). Ha desempeñado roles como director de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal (2013) y actualmente coordina el Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos (2023-2025).

Impacto en la SCJN y críticas al proceso

Su trabajo ha sido referido en fallos importantes del Poder Judicial federal y local, así como en decisiones de cortes extranjeras. Además, es el único candidato mencionado específicamente en la propuesta de reforma constitucional al Poder Judicial. Críticos del proceso han señalado que las metodologías de selección podrían afectar la autonomía del Poder Judicial al privilegiar a perfiles cercanos al gobierno, poniendo en peligro la imparcialidad de la máxima instancia judicial del país. Con su incorporación, Figueroa Mejía se une a los once magistrados de la SCJN en un contexto de cambios institucionales y predominio del partido en el poder.

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Internacional

EE.UU. impone sanciones a organización dedicada al narcotráfico en Guyana vinculada con cárteles colombianos y mexicanos

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Acciones de Estados Unidos contra el narcotráfico internacional

El Tesoro de los Estados Unidos ha aplicado medidas restrictivas a un grupo de seis individuos señalados de conformar una red especializada en el tráfico de sustancias estupefacientes. La operación involucra tácticas como el uso de embarcaciones sumergibles, rutas aéreas ilegales y la complicidad de agentes públicos sobornados para transportar cocaína hacia destinos en Norteamérica, Europa y el Caribe.

La entidad OFAC, encargada del control de activos extranjeros, reveló que entre los individuos sancionados se encuentran cuatro ciudadanos de Guyana y dos de nacionalidad colombiana. Se les acusa de manejar una estructura criminal altamente organizada que conecta Sudamérica con mercados internacionales.

Detalles sobre los métodos de transporte y corrupción

Según el informe oficial, los implicados empleaban medios sofisticados como submarinos de carga, embarcaciones marítimas y aeropistas ocultas para trasladar las drogas. Un elemento clave en su operación era la participación de un oficial corrupto de las fuerzas de seguridad guyanesas.

Las figuras principales identificadas son Paul Daby Jr. y Randolph Duncan, reconocidos como las cabezas más importantes en el narcotráfico local. También se encuentran señalados Mark Cromwell, exmiembro de la policía, y Himnauth Sawh, actual agente que fue separado de su cargo tras un descubrimiento de drogas en zonas fronterizas con Venezuela.

Actuación de autoridades estadounidenses y colaboración internacional

Las medidas punitivas se establecieron mediante la Orden Ejecutiva 14059, diseñada específicamente para combatir la expansión global de drogas ilegales. La implementación contó con el apoyo de diversas agencias federales como la HSI, la DEA, la CBP y el DSS.

“El Tesoro seguirá exponiendo las redes criminales que permiten el tráfico de drogas a Estados Unidos y trabajará junto a Guyana para desmantelar a los cárteles en cualquier lugar donde operen”, afirmó Michael Faulkender, subsecretario del Tesoro.

Descubrimientos recientes y alcance del problema

Entre los casos más notorios asociados a esta organización se encuentran la incautación de 2,370 kilogramos de cocaína en una embarcación subterránea a 150 millas de la costa guyanesa en marzo de 2024, y el hallazgo de 4.4 toneladas de droga ocultas en estructuras subterráneas de una pista ilegal en la región de Barima-Waini en agosto del mismo año.

Los colombianos Yeison Sánchez Vallejo y Manuel Salazar Gutiérrez están acusados de supervisar las rutas aéreas clandestinas utilizadas para transportar cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Guyana. Esta nación caribeña ha servido históricamente como punto intermedio para el tráfico de drogas procedentes de Colombia y Venezuela, facilitado por la geografía del lugar y la presunta corrupción en puntos estratégicos de control.

Impacto de las sanciones y perspectivas futuras

Se han inmovilizado todos los activos propiedad de los individuos sancionados dentro del territorio estadounidense. Cualquier organización donde tengan participación mayoritaria también está sujeta a bloqueo, prohibiéndose transacciones con ciudadanos o empresas estadounidenses bajo riesgo de consecuencias legales.

La OFAC enfatizó que el objetivo principal de estas acciones es provocar una transformación en el comportamiento de los responsables y sus asociados, más que simplemente castigarlos. También se proporcionó información sobre los procesos para solicitar la remoción de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).

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Humberto Ambriz denuncia que elección de jueces representa muerte de división de poderes y democracia en México

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El diputado federal Humberto Ambriz Delgadillo manifestó que la elección celebrada el domingo para seleccionar jueces y magistrados ha debilitado una de las instituciones fundamentales del Estado mexicano, trayendo consigo la desaparición de la democracia en el país. El representante del PRI consideró que el proceso electoral fue excesivamente costoso y motivado por intereses particulares, señalando que se emplearon recursos públicos que podrían haber sido destinados al fortalecimiento de sectores críticos como la salud, la seguridad y la infraestructura judicial.

Denuncia desvío de recursos y simulación electoral

“Ese dinero pudo haberse utilizado para atender el desabasto de medicamentos y fortalecer las campañas de vacunación, pero nada de esto importa”, enfatizó el político. Ambriz Delgadillo destacó que esta elección marca el inicio de un sistema judicial manipulable y carente de legitimidad, donde el 87% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral se abstuvieron de participar.

Triunfo del abstencionismo y votos nulos

El legislador refirió que de los 12 millones 841 mil 252 sufragios contabilizados, 9 millones 111 mil resultaron nulos o vacíos, equivalente al 70% del total de votos registrados. “El triunfo de esta farsa fue el del abstencionismo y de los votos nulos”, sostuvo el diputado, quien consideró que estos datos corroboran las advertencias previas realizadas por su partido.

Crisis institucional y llamado a refundar la justicia

El congresista de Aguascalientes calificó el proceso como una simulación destinada a consolidar un control autoritario por parte de Morena y sus aliados. Criticó que los diputados de ese partido “deberían sentir vergüenza, pues no pueden justificar la legitimidad del proceso cuando se aplicó una estrategia política para favorecer a sus cercanos”. Finalmente, Ambriz exhortó a construir un gobierno comprometido con los derechos humanos y el cumplimiento de la ley, señalando que “México sigue teniendo sed de justicia, México quiere seguridad, estabilidad y bienestar”.

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