Acción conjunta contra migrantes irregulares

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó que durante un periodo de quince días se ejecutaron deportaciones masivas de ciudadanos mexicanos que mantenían registros criminales. El grupo afectado ascendió a 142 individuos vinculados con ilícitos graves, incluyendo narcotráfico, tráfico de personas, delitos sexuales infantiles y violencia doméstica.

Según reportes oficiales, estas personas habían cruzado ilegalmente la frontera en 480 ocasiones acumuladas y poseían sentencias por 473 delitos confirmados. La operación fue coordinada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas con base en Houston, Texas.

Casos emblemáticos de deportados

Entre los casos más notorios figura Inocencio Juan Bustamante Rodríguez, de 35 años, deportado el 28 de mayo, quien acumulaba 16 intentos de ingreso ilegal y condenas múltiples por esta infracción. Luis Ángel García Contreras, de 40 años, integrante de la pandilla Sureños 13 con 21 cruces fronterizos ilegales, fue expulsado el 29 de mayo.

El 28 de mayo también se realizó la deportación de Elias Magaña Aguilar, de 48 años, con seis ingresos irregulares documentados. Marco Antonio Salazar Rojas, de 25 años, condenado por tráfico humano y posesión de estupefacientes, fue deportado el 29 de mayo tras 12 intentos de cruce ilegal.

Delincuentes violentos y predadores sexuales

José Antonio Mauricio Rodríguez, de 32 años, miembro de la banda Paisas, condenado por asaltos armados y violencia doméstica, fue repatriado el 27 de mayo después de ingresar ilegalmente en doce oportunidades. Benito Charqueno Zavala, de 60 años, sentenciado por abuso sexual infantil continuado, fue deportado el 21 de mayo.

El 20 de mayo fue el turno de Johnny Urbina Carrillo, de 37 años, condenado por explotación sexual de menores y posesión de cocaína. Dos días antes, el 19 de mayo, se registraron las expulsiones de Jorge Arturo Silva Solano, de 35 años, con antecedentes por robo armado y conducción ebria, y de Alejandro Aguilar Vázquez, de 45 años, con tres condenas por maltrato infantil y manejo bajo influencia alcohólica.

Políticas de seguridad fronteriza

Las autoridades estadounidenses indicaron que estas acciones forman parte de estrategias para eliminar del territorio nacional a individuos con historial criminal, particularmente aquellos que representan amenaza para la seguridad colectiva. “Este tipo de deportaciones se enmarca en nuestros esfuerzos por retirar del país a personas con historial delictivo, especialmente aquellos considerados un riesgo para la seguridad pública”, declararon.

Procedimientos legales posteriores

Actualmente no hay información sobre posibles acciones judiciales en México contra estos individuos tras su retorno forzado. Tampoco se ha emitido comunicación oficial por parte del Instituto Nacional de Migración o la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a este grupo específico de deportados.

Decisión judicial sobre detenciones en El Salvador

Un juez federal radicado en la capital estadounidense ha dictado una orden que obliga al Ejecutivo de Donald Trump a permitir que individuos trasladados a un penal de alta seguridad en El Salvador durante los días 15 y 16 de marzo puedan presentar recursos legales para impugnar su situación.

Detalles del fallo judicial

La sentencia del magistrado James Boasberg establece que las autoridades estadounidenses deben garantizar a estos individuos la posibilidad de acudir ante tribunales para cuestionar las razones de su detención. “El Gobierno debe facilitar a la clase la posibilidad de solicitar el amparo para impugnar su expulsión en virtud de la ley”, señaló en su resolución.

Ámbito de aplicación del fallo

La medida se aplica específicamente a “personas no ciudadanas […] que fueron retiradas de la custodia de Estados Unidos y trasladadas al Centro de Confinamiento por Terrorismo (CECOT) en El Salvador los días 15 y 16 de marzo de 2025, en virtud únicamente de la proclamación presidencial titulada Invocation of the Alien Enemies Act Regarding the Invasion of The United States by Tren De Aragua”.

Contexto de la decisión judicial

Esta determinación se produce después de que la Corte Suprema revocara anteriormente una orden del mismo juez que había suspendido la expulsión de presuntos miembros de una organización venezolana. “Independientemente de si los detenidos solicitan formalmente la liberación del confinamiento, dado que sus solicitudes de amparo implican necesariamente la invalidez de su confinamiento y expulsión bajo la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA, en inglés), sus solicitudes se enmarcan en el núcleo del recurso de habeas corpus y, por lo tanto, deben interponerse mediante habeas corpus”, destacaron los jueces.

Derechos procesales para detenidos

El fallo también establece que las personas arrestadas bajo esta normativa deben recibir garantías procesales relacionadas con los plazos legales. “La notificación debe ser proporcionada dentro de un plazo razonable y de tal manera que les permita solicitar el amparo de habeas corpus en la jurisdicción correspondiente antes de que dicha expulsión ocurra”, indicaron los magistrados.

Antecedentes del caso

Esta sentencia revierte órdenes previas del juez Boasberg que habían frenado la medida el 15 de marzo durante el proceso judicial. La acción legal original fue presentada por cinco ciudadanos venezolanos, y el magistrado la extendió provisionalmente a todos los venezolanos bajo custodia estadounidense que no poseen nacionalidad estadounidense.

Polémica clasificación gubernamental

La administración Trump comunicó en febrero su decisión de catalogar al grupo como organización terrorista, argumentando que sus miembros habían ingresado ilegalmente a Estados Unidos. El Ejecutivo sostiene que esta banda opera como una extensión del gobierno venezolano liderado por Nicolás Maduro, una afirmación que ha generado controversia.

Uso de la Ley de Enemigos Extranjeros

El presidente Donald Trump aplicó la Ley de Enemigos Extranjeros, normativa que solo puede ser utilizada ante “invasiones con incursiones depredadoras”. Con esta base, el gobierno estableció que los presuntos miembros de esta organización podían ser aprehendidos y expulsados inmediatamente sin que los tribunales pudieran evaluar si procedía la aplicación de dicha ley o si los individuos eran realmente parte del grupo. Los abogados de los afectados han señalado que el sistema de puntos utilizado para identificar a los miembros contiene graves defectos, incluyendo la consideración de tatuajes como criterio de selección, lo que ha llevado a errores en la identificación.

Operativo federal revela intento de introducir organismo potencialmente devastador

El Buró Federal de Investigaciones confirmó la detención de Yunqing Jian, científica china de 33 años, acusada de transportar de manera ilegal una cepa del patógeno Fusarium graminearum en su equipaje personal al momento de ingresar a territorio estadounidense. La investigada intentó cruzar la frontera sin declarar el material biológico con capacidad de afectar gravemente los cultivos agrícolas.

Zunyong Liu, compañero de investigación de 34 años, fue rechazado previamente en un aeropuerto de Michigan por inexactitudes en su declaración sobre materiales orgánicos que pretendía ingresar al país. Ambos sujetos enfrentan cargos por conspiración, contrabando y fraude en el proceso de obtención de visados académicos.

Características letales del patógeno prohibido

El organismo Fusarium graminearum es conocido por su capacidad de infectar granos básicos como trigo, cebada, maíz y arroz, generando enormes pérdidas económicas evaluadas en miles de millones de dólares por temporada de cultivo. “Su amenaza radica en que es capaz de atacar a cultivos esenciales”, afirman expertos en patología vegetal.

Además de su impacto en la producción alimentaria, el hongo produce micotoxinas que generan severos trastornos gastrointestinales, daños hepáticos y alteraciones en la reproducción humana. La clasificación internacional lo considera como un posible instrumento de agroterrorismo debido a su potencial para desestabilizar cadenas alimentarias nacionales.

Contexto de tensiones entre superpotencias

Las autoridades federales enfatizaron que este caso se desarrolla en un ambiente de creciente desconfianza entre Washington y Pekín, marcado por disputas comerciales y acusaciones mutuas de espionaje tecnológico. El fiscal Jérôme Gorgon Jr. declaró: “Debemos proteger nuestras instituciones de posibles infiltraciones”, mientras que el secretario de Estado Marco Rubio anunció revisiones rigurosas en el otorgamiento de visas educativas a ciudadanos con posibles vínculos con el Partido Comunista Chino.

Este episodio ha reactivado el debate sobre la seguridad nacional en instituciones académicas y científicas estadounidenses, provocando la implementación de controles más estrictos en la admisión de investigadores provenientes de China. Las autoridades alertan sobre la necesidad de salvaguardar la producción agrícola nacional frente a amenazas biológicas con potencial de colapso alimentario.