Robo en tienda de autoservicio

En un establecimiento ubicado en el cruce del Arco Vial con avenida Rancho Viejo en Cancún, Quintana Roo, se registró un incidente de hurto donde una pareja resultó detenida en circunstancias inusuales. La mujer fue arrestada mientras que su acompañante masculino logró escapar tras sustraer un aparato electrónico de gran tamaño.

“Al percatarse de su ingreso, el personal de seguridad comenzó a seguirlos a través de las cámaras de videovigilancia”, revelaron fuentes del caso. Testigos afirmaron que ambos sujetos mostraban evidentes signos de estar bajo influencia de sustancias alcohólicas durante el momento de los hechos.

Huida y detención

El robo se concretó cuando ambos individuos se separaron en la zona de electrónica. Mientras los vigilantes enfocaban su atención en la mujer, el hombre aprovechó para tomar una pantalla de 60 pulgadas y salir apresurado por la salida principal. “Al intentar detenerlo, amenazó con un cuchillo a los empleados y consiguió huir del lugar”, según reporte de las autoridades.

En medio del disturbio generado, los guardias interceptaron a la fémina cuando pretendía abandonar el lugar. Aunque negó haber participado en el robo, “reaccionó de manera agresiva, insultando al personal de seguridad y a otros trabajadores”, según declaraciones de testigos presenciales.

Intervención policial y consecuencias

Tras el reporte al número de emergencia 911, agentes de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito llegaron al sitio. Aunque se comprobó que la mujer no portaba mercancía robada, fue detenida por alteraciones al orden público y llevada al Centro de Retención Municipal conocido como “El Torito”. Hasta el momento, las autoridades continúan la búsqueda del hombre que se encuentra prófugo.

Violación de privacidad en entorno laboral

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso una penalización económica de 70.000 euros contra una organización empresarial que utilizó el número telefónico personal de una empleada para integrarla a un grupo de comunicación laboral en WhatsApp sin contar con su autorización previa. La decisión judicial destaca que no existió fundamento legal válido para este manejo de información privada, infringiendo el artículo 6.1 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Antecedentes del caso

El proceso disciplinario se inició tras presentar una ex colaboradora una denuncia formal, en la cual detallaba haber sido compelida a emplear su equipo celular personal para funciones profesionales, cuando la empresa se había comprometido a proporcionarle un aparato corporativo. La ex empleada relató que, incluso durante su periodo vacacional, fue reincorporada a un grupo de comunicación empresarial sin haber sido notificada previamente.

La denunciante aportó evidencia gráfica y un mensaje escrito fechado en mayo de 2023 donde expresaba su negativa a continuar utilizando su dispositivo privado para asuntos profesionales, salvo para trámites específicos con clientes establecidos. No obstante, la organización no atendió esta solicitud.

Argumentos de la empresa

La empresa sancionada justificó su procedimiento asegurando haber mantenido una política de protección de la privacidad de la empleada. Según su versión, la trabajadora no solicitó explícitamente la eliminación permanente de su número de contacto de los grupos de comunicación, limitándose a indicar su intención de abandonarlos temporalmente durante su ausencia laboral.

Aunque la organización implementó nuevos protocolos desde septiembre de 2023, incluyendo una directriz interna que prohíbe la participación en grupos empresariales de WhatsApp sin utilizar dispositivos oficiales, la AEPD determinó que estos ajustes no justificaban el manejo de información privada sin consentimiento explícito.

Consecuencias y acciones correctivas

Tras analizar la documentación y escuchar los argumentos de ambas partes, la AEPD concluyó que la empresa no cumplió con los requisitos legales establecidos en el RGPD. Como resultado, se impuso una multa administrativa de 70.000 euros, la cual fue reducida a 42.000 euros por el pago anticipado y el reconocimiento de responsabilidad.

La AEPD también exigió que se adoptaran medidas correctivas para garantizar el cumplimiento normativo, incluyendo la obligación de demostrar que se están implementando acciones preventivas para evitar repetición de situaciones similares en el futuro.

Implicaciones del caso

Este caso resalta la importancia del manejo adecuado de datos personales en entornos profesionales, especialmente en aspectos relacionados con la autorización de empleados para el uso de sus dispositivos privados en actividades laborales. Las organizaciones deben asegurar el cumplimiento de los principios del RGPD, como la legalidad, transparencia y responsabilidad en el manejo de información sensible, para prevenir sanciones y proteger los derechos de sus colaboradores.

Juicio y sentencia histórica

El pasado 4 de junio tres delincuentes conocidos como ‘Los Pikachu’ recibieron una condena de 40 años de prisión por sus acciones criminales en el norte de Bogotá. Los sentenciados son Jefferson Eduardo López Rodríguez, Wilmer Alexander Castiblanco Torres y Jhon Jaime Vásquez Vásquez, quienes además deberán abonar una multa equivalente a más de 20.000 millones de pesos.

Los acusados fueron encontrados responsables de múltiples delitos incluyendo secuestro extorsivo, hurto, acceso carnal violento, secuestro exprés y concierto para delinquir. Los hechos investigados ocurrieron entre 2019 y principios de 2020, durante los cuales sometieron a diversas víctimas bajo amenaza de armas.

Modus operandi y abusos

Según reveló la Fiscalía General de la Nación, la banda utilizaba taxis como medio para capturar a sus víctimas, principalmente mujeres. Durante los secuestros exprés no solo despojaban a sus presas de sus pertenencias, sino que también “abusaban sexualmente de sus víctimas mujeres durante el cautiverio”, según declaraciones oficiales. Esta violencia de género fue considerada agravante en la sentencia.

Una de las primeras víctimas fue una contadora pública que denunció haber sido secuestrada en diciembre de 2019 al utilizar un taxi que posteriormente se reveló formaba parte del plan criminal. Permaneció tres horas en manos de los delincuentes, quienes le sustrajeron 61 millones de pesos de sus cuentas bancarias antes de abandonarla en un lugar aislado.

Operativo y captura

La banda fue desarticulada en diciembre de 2020 mediante un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional. “Los delitos que afectan la seguridad ciudadana son una prioridad”, declaró José Manuel Martínez, director de la seccional de la Fiscalía en Bogotá en aquel momento. El operativo permitió detener a los tres implicados, quienes desde entonces permanecen privados de su libertad.

Durante la investigación se logró comprobar que la banda realizó 22 secuestros exprés entre 2019 y 2020, obteniendo un botín total de 245 millones de pesos. A pesar de la evidencia presentada, los condenados negaron su culpabilidad y no aceptaron los cargos en su contra.

Impacto en la seguridad

El entonces secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, calificó la captura como “uno de los golpes más significativos contra la delincuencia en la capital”. Destacó la labor conjunta entre instituciones que permitió desmantelar esta peligrosa banda dedicada a los secuestros exprés en tres localidades de la ciudad.